Transición Española

La Transición Española es el periodo histórico durante el cual se lleva a cabo el proceso por el que España deja atrás el régimen dictatorial del general Francisco Franco, pasando a regirse por una constitución que consagraba un Estado social y democrático de Derecho.

Respecto a la duración exacta de la transición, algunos la enmarcan dentro del periodo comprendido entre la proclamación de Juan Carlos I como rey de España el 22 de noviembre de 1975 y la entrada en vigor de la Constitución, el 29 de diciembre de 1978. Otros muchos la sitúan entre dos fechas clave: el 20 de noviembre de 1975, cuando fallece el dictador Francisco Franco; y el 28 de octubre de 1982, fecha en que deja de gobernar la Unión de Centro Democrático (UCD), partido que promovió el cambio de régimen político y la aprobación de la Constitución del 78, en cuya elaboración participó con tres de los siete ponentes que se encargaron de la redacción del texto.

También es común establecer el fin de este periodo en 1985 ó 1986, con la entrada del país en la Comunidad Económica Europea (futura Unión Europea) o la aprobación del referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN.

No obstante, también es posible encontrar autores que sitúan el inicio de la transición el 20 de diciembre de 1973, fecha del asesinato de Carrero Blanco, o incluso en la aprobación de la Ley Orgánica del Estado en 1966, o que prolongan su duración hasta las elecciones del año 1996 en las que ganó el Partido Popular.

Centrándonos en el periodo que suele considerarse por los historiadores como el más preciso, se iniciaría con la muerte del general Franco, el 20 de noviembre de 1975. El denominado Consejo de Regencia asumió, de forma transitoria, las funciones de la Jefatura del Estado hasta el 22 de noviembre, fecha en la que es proclamado rey ante las Cortes y el Consejo del Reino Juan Carlos I de Borbón.

El Rey confirmó en su puesto al Presidente del Gobierno del régimen franquista, Carlos Arias Navarro. No obstante, pronto se manifestaría la dificultad de llevar a cabo reformas políticas bajo su Gobierno, lo que produciría un distanciamiento cada vez mayor entre Arias Navarro y Juan Carlos I. Finalmente el Presidente del Gobierno presentó su dimisión al rey el día 1 de julio de 1976. Arias Navarro sería relevado en su cargo por Adolfo Suárez, quien se encargaría de entablar las conversaciones con los principales líderes de los diferentes partidos políticos y fuerzas sociales, más o menos legales o toleradas, de cara a instaurar un régimen democrático en España.

El camino utilizado fue la elaboración de una nueva Ley Fundamental, la octava, la Ley para la Reforma Política que, no sin tensiones, fue finalmente aprobada por las Cortes y sometida a referéndum el día 15 de diciembre de 1976. Como consecuencia de su aprobación por el pueblo español, esta ley se promulgó el 4 de enero de 1977. Esta norma contenía la derogación tácita del sistema político franquista en sólo cinco artículos y una convocatoria de elecciones democráticas.

Estas elecciones se celebraron finalmente el día 15 de junio de 1977. Eran las primeras elecciones democráticas desde la Guerra Civil. Unión de Centro Democrático resultó el partido más votado aunque no alcanzó la mayoría absoluta y fue el partido encargado de formar gobierno. A partir de ese momento comenzó el proceso de construcción de la Democracia en España y de la redacción de una nueva constitución.

El 6 de diciembre de 1978 se aprobó en referéndum la Constitución Española, entrando en vigor el 29 de diciembre.

A principios de 1981 dimitió Adolfo Suárez debido al distanciamiento con el Rey y a las presiones internas de su partido. Durante la celebración de la votación en el Congreso de los Diputados para elegir como sucesor a Leopoldo Calvo-Sotelo se produjo el golpe de Estado dirigido por Antonio Tejero, Alfonso Armada y Jaime Milans del Bosch, entre otros. El golpe, conocido como 23-F, fracasó.

Las tensiones internas de la UCD provocarían su desintegración a lo largo de 1981 y 1982. El segmento democristiano terminaría integrándose con Alianza Popular, pasando así a ocupar la franja de centro-derecha. Por otro lado, los miembros más cercanos a la socialdemocracia se unirían a las filas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

El PSOE sucedió a la UCD tras obtener mayoría absoluta en las elecciones generales del 82, ocupando 202 de los 350 escaños, y comenzando así la II Legislatura de España. Por primera vez desde las elecciones generales de 1936, un partido considerado de izquierdas o progresista iba a formar gobierno.

Contenido 1 Contexto 1.1 La Revolución de los Claveles 1.2 Otros acontecimientos 1.3 El papel político del Rey Juan Carlos I 2 Gobierno de Arias Navarro 2.1 Sucesos de Vitoria 2.2 Sucesos de Montejurra 2.3 La escalada del terrorismo: ETA, GRAPO y la ultraderecha. 3 Gobierno de Adolfo Suárez 4 Programa político de Suárez 4.1 La Ley para la Reforma Política 4.2 El Gobierno y la oposición 4.3 El Gobierno y el ejército 4.4 El incremento del terrorismo 5 Las elecciones 6 Los gobiernos de UCD 6.1 Los regímenes preautonómicos: Cataluña, País Vasco y Galicia. 6.2 Cortes constituyentes: la constitución de 1978 7 Gobierno del PSOE 7.1 Comunidad Económica Europea 7.2 OTAN 7.3 Educación 7.4 Economía 7.5 Infraestructuras 8 Véase también 9 Referencias 10 Bibliografía 11 Enlaces externos

Contexto

La Revolución de los Claveles

El 25 de abril de 1974 en Portugal se produjo con éxito un levantamiento militar para provocar la caída de la dictadura del Estado Novo surgida en 1933, para dar origen a una república presidencialista democrática. La situación de Portugal y la vecina España tenían muchas diferencias, pero también similitudes en el momento de iniciarse la transición democrática:

• Las dictaduras de Portugal y España eran las más longevas de Europa; la portuguesa surgida en 1933 y la española con el golpe de estado de 1936 y la posterior Guerra Civil Española, contando desde el primer día con el apoyo de la dictadura portuguesa.
• Las fuerzas democráticas de derecha o conservadores eran prácticamente inexistentes en la víspera de los cambios sociales y políticos que se avecinaban, a pesar de ser casi inexistentes, consiguieron un 42,9% de los votos en las primeras elecciones democráticas. En ambos casos el ejército era mayoritariamente conservador.
• La izquierda con mejor organización y aparentemente con más apoyo en ambos países eran los comunistas, el portugués PCP y el español PCE, tanto en política como en los sindicatos, mientras que los socialistas comienzan a reorganizarse durante los años 70, aunque su actividad en el exilio y en el interior no había desaparecido totalmente desde los años cuarenta.
• Importante presencia de nuevas clases medias que pedían un cambio pacífico, entre otras cosas por la experiencia de la Guerra Civil en España o la Guerra Colonial de Portugal.
• El fracaso de la participación social de ambos sistemas de partido único.
• La posición reformista, para intentar continuar con el régimen de partido único pero asumiendo una serie de cambios, adoptada por los gobiernos de Arias Navarro (1974-1976) y Marcelo Caetano (1968-1974), habían fracasado.
• Tanto el PSOE y su sindicato UGT como el PCE y CCOO, consideraron en un primer momento como acertados el modelo rupturista del pasado y la formación de un gobierno provisional.
• En las fuerzas armadas surgen organizaciones nuevas que apoyan los cambios, en Portugal el Movimiento de las Fuerzas Armadas portugués, y en España la Unión Militar Democrática o la Unión Democrática de Soldados.
• Muchos medios de comunicación de ambos países fueron censurados por su defensa de los nuevos cambios sociales y políticos.

• La acelerada descolonización del Sáhara Occidental estuvo influida por la rápida descolonización portuguesa, que sin embargo había sufrido mucho más las consecuencias de una larga guerra colonial en África con cientos de miles de desertores y con la guerra prácticamente perdida frente a las guerrillas.

La caída del régimen portugués provocó una tremenda inquietud en las fuerzas que apoyaban el régimen franquista, ya que se produjeron manifestaciones multitudinarias a favor de la revolución, la persecución por parte de la policía política o el entusiasmo por los militares rebeldes, que eran situaciones que provocaban fuertes reacciones represivas. El Primero de Mayo de 1974, más de un millón de personas marchó por las calles de Lisboa. Dos días después, Franco y el príncipe Juan Carlos vieron las imágenes de estos hechos, manifestando bastante inquietud ante un un país que derivaba hacia la izquierda con una aparente gran presencia de los comunistas.

Sin embargo, la deriva casi revolucionaria de Portugal y la crítica situación española causaron mucha preocupación en Europa, por cuanto bajo la presión de la Guerra Fría dirigentes de muchos países pensaban que podían desestabilizar el equilibrio de poderes regional. Willy Brandt manifestó que cuanto más a la izquierda se situara Portugal, más a la derecha se posicionaría España. Henry Kissinger se expresó en el mismo sentido y se mostró de acuerdo en que no debería repetirse dicha situación en el país vecino, no debiéndose permitir que antes de la muerte de Franco no hubiera ya una oposición moderada. Durante estos años cuando la Plataforma Democrática liderada por el PSOE en España empezó a ganar protagonismo junto con otras organizaciones opositoras lideradas por el PCE que conformaron(la Junta Democrática) . Finalmente ambas organizaciones se fusionaron en marzo de 1976 creando Coordinación Democrática más conocida como la Platajunta.

Otros acontecimientos

Dentro del periodo anterior a la transición democrática también son destacables otros hechos como :

• El asesinato por parte de ETA de Carrero Blanco en 1973, potencial sucesor de Franco.
• La firme apuesta por la democracia y la "ruptura democrática" de nuevos dirigentes socialistas del interior, cuyas tesis renovadoras se impusieron a las del exilio en el Congreso de la UGT de 1971 y en el del PSOE de 1972. Así, Nicolás Redondo, Pablo Castellano, Felipe González (elegido primer secretario del PSOE en el Congreso de Suresnes de 1974), Alfonso Guerra, Luis Gómez Llorente, Francisco Bustelo o Enrique Múgica tendrán un papel fundamental posteriormente.^[1]
• Los fusilamientos en 1975 de dos miembros de ETA y de tres del FRAP.

El papel político del Rey Juan Carlos I

La muerte de Franco convirtió dos días después, el 22 de noviembre de 1975, a Juan Carlos de Borbón en rey, proclamado como tal en virtud de la Ley de la Sucesión en la Jefatura del Estado. Hasta entonces, el príncipe se había mantenido en un discreto segundo plano siguiendo las pautas marcadas por Franco. Pero la desaparición del general iba a permitir a Juan Carlos facilitar, como rey de España, la implantación de un sistema político democrático en el país. Este proyecto contaba con amplios apoyos dentro y fuera de España: los países occidentales, un sector importante del capitalismo español e internacional, la gran mayoría de la oposición al franquismo y una parte creciente del propio régimen franquista.

No obstante, la transición tuvo que superar las resistencias generadas por el propio régimen, en un marco de tensiones causadas por grupos radicales de extrema izquierda y grupos franquistas de extrema derecha. Estos últimos, además, contaban con un apoyo considerable dentro del ejército. Tales grupos amenazaban con deteriorar la situación política en exceso, iniciando un proceso de involución.

La realización de dicho proyecto exigía que la oposición controlara a sus partidarios para evitar cualquier provocación y que el ejército no cayera en la tentación de intervenir en el proceso político e intentara salvar las estructuras franquistas. En esta doble dirección se movió la actuación política de Don Juan Carlos y sus colaboradores.

Ante la nueva etapa histórica que se abría, había tres posturas claramente diferenciadas:

• Los partidarios del régimen franquista (conocidos como ultras o el búnker), defensores del mantenimiento de la legalidad franquista, o como mucho, de su actualización. A pesar de su escaso apoyo social, dominaban el ejército y un órgano fundamental dentro de la organización del Estado, el Consejo del Reino.
• La oposición democrática, organizada primero en dos asociaciones de partidos políticos, la Junta Democrática de España y la Plataforma de Convergencia Democrática, que acabaron fusionándose en la asociación Coordinación Democrática, conocida como Platajunta. Ésta defendía la ruptura legal con el régimen franquista para pasar directamente a un Estado democrático.
• Torcuato Fernández Miranda,ex presidente interino del gobierno en 1973, profesor de Derecho Político de Juan Carlos I, partidario de reformar las Leyes Fundamentales del Movimiento mediante sus propias disposiciones para llegar así a la democracia evitando vacíos legales. En palabras del propio Fernández Miranda, se trataba de ir "de la ley a la ley a través de la ley".

Juan Carlos inició su reinado sin salirse de los cauces de la legalidad franquista. Así, juró fidelidad a los Principios del Movimiento, tomó posesión de la corona ante las Cortes franquistas y respetó la Ley Orgánica del Estado de 1966 para el nombramiento de su primer Jefe de Gobierno. Sin embargo, ya en su discurso ante las Cortes se mostró abierto a una transformación del sistema político español.

Gobierno de Arias Navarro

A mediados de noviembre con Franco hospitalizado, Carlos Arias Navarro presentó su dimisión al entonces príncipe, lo que le situó en una posición difícil. A principios de diciembre Juan Carlos confirmó a Arias Navarro para presidir su primer gobierno, algo que este ninguneó, rechazo reflejado en la sorpresa del rey al ver que el día 6 de diciembre no sale en la prensa esta ratificación. Sin embargo, el rey le pidió ayuda, a la que accedió, para conseguir el nombramiento de Torcuato Fernández Miranda al frente de la presidencia del Consejo del Reino y de las Cortes. Para ello se ajustó a las pautas marcadas por la Ley Orgánica del Estado , bajo las cuales el Consejo del Reino propuso una terna de candidatos afines al franquismo: además de Torcuato Fernández-Miranda, estaban Licinio de la Fuente y Emilio Lamo de Espinosa y Enríquez de Navarra. De este modo, el rey logró situar a este fiel colaborador suyo al frente de la presidencia del Consejo del Reino y de las Cortes. Fernández Miranda era un viejo franquista que, sin embargo, compartía con el monarca la necesidad de que España evolucionase a un sistema democrático, y, para ello, aportará sus sólidos conocimientos jurídicos a este proyecto.^[2]

El nombramiento de Arias Navarro ofrecía un panorama claramente continuista y no auguraba grandes transformaciones políticas. Sin embargo, por iniciativa real y del presidente del Consejo del Reino, entraron a formar parte del nuevo gobierno ministros claramente reformistas como Manuel Fraga Iribarne (Gobernación), José María de Areilza (Asuntos Exteriores) y Antonio Garrigues (Justicia). Todos ellos habían rechazado en su momento el Estatuto de Asociaciones del Movimiento. También contó con la presencia del democristiano Alfonso Osorio en el Presidencia y de dos expertos en el aparato del movimiento: Rodolfo Martín Villa (Sindicatos) y Adolfo Suárez (Movimiento). Para mantener el equilibrio, se nombró vicepresidente para asuntos de Defensa a un militar incondicionalmente franquista: el general Fernando de Santiago.

La tímida reforma política promovida por este gabinete se limitó a las leyes "de Reunión y Manifestación" y "de Asociaciones Políticas". La Ley de Reunión y Manifestación ampliaba la libertad para reunirse sin que fuese necesaria una autorización. La Ley de Asociaciones Políticas permitía la creación de grupos políticos, aunque sin el carácter legal de partidos políticos; además debían aceptar los principios del Movimiento y las Leyes Fundamentales. Sólo se inscribieron siete asociaciones.

La situación que tenía que afrontar el nuevo gobierno era harto difícil. La agitación de la oposición iba en aumento, las manifestaciones en petición de una amnistía eran frecuentes y en el País Vasco la tensión crecía sin cesar. ETA especialmente y, en menor medida, otros grupos armados prosiguieron con sus atentados y el apoyo popular con que podían contar se manifestaba en múltiples actos de protesta.

Sucesos de Vitoria

Durante el mes de enero, unos seis mil trabajadores iniciaban una huelga en Vitoria en contra del decreto de topes salariales y en defensa de mejores condiciones de trabajo. Dos meses después convocaban por tercera vez una huelga general que fue masivamente seguida el día 3 de marzo. Ese mismo día la Policía Armada entró en la Iglesia San Francisco de Vitoria, en la que estaba previsto realizar una asamblea de trabajadores y, haciendo caso omiso de la decisión del párroco y del contenido del Concordato, conminó al desalojo. Apenas unos segundos después disparaban gases lacrimógenos en un recinto cerrado y abarrotado de gente creando indignación y sobre todo pánico. Los que salieron por delante medio asfixiados y con pañuelos en la boca fueron apaleados brutalmente por los flancos y a los del frente les dispararon con metralletas y pistolas. La policía resolvió a tiro limpio la situación que ella misma había creado, asesinando a Pedro María Martínez Ocio, trabajador de Forjas Alavesas, de 27 años, Francisco Aznar Clemente, operario de panaderías y estudiante, de 17 años, Romualdo Barroso Chaparro, de Agrator, de 19 años, José Castillo, de Basa (Grupo Arregui), de 32 años. Dos meses después moriría Bienvenido Pereda, trabajador de Grupos Diferenciales, con 30 años. Dos obreros asesinados directamente en el lugar de los hechos, cuatro heridos muy graves de los cuales tres morirían, más de sesenta heridos graves, la mitad con heridas de bala, y cientos de heridos leves.

El sábado, Manuel Fraga, entonces Ministro de la Gobernación, junto con Rodolfo Martín Villa, Ministro de Relaciones Sindicales y el General Campano, director de la Guardia Civil, intentaban, visitando a los heridos, reducir el impacto de una decisión que proyectaba ante el mundo el rostro más cruel y bárbaro de la dictadura que representaban. Aquel jueves el Secretario General del SPD de Alemania cancelaba la entrevista con Fraga, quien participaba en una campaña diplomática para vender internacionalmente una reforma avalada por la monarquía que había quedado automáticamente desenmascarada.

Todavía prohibidos los derechos de reunión, manifestación y de huelga, los sindicatos, ilegales también, en enero convocan huelgas en toda España. Tuvieron especial importancia en el cinturón industrial madrileño y en Vitoria. La respuesta del gobierno fue la habitual represión policial, que en Vitoria produjo cuatro manifestantes muertos y varios centenares de heridos el 9 de marzo durante una carga antidisturbios. En vez de solucionar el conflicto, los altercados se multiplicaron y las huelgas generales de protesta se sucedieron durante varios meses.

Estos incidentes aceleran la acción de la oposición democrática y su unidad de acción. La Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia se fusionan en la Coordinación Democrática o Platajunta el 26 de marzo. Esta nueva junta ejerce mayor presión política sobre el gobierno, exigiendo amnistía, libertad sindical, democracia y rechazando las leyes reformistas.

Sucesos de Montejurra

Este ataque armado,^{[3] [4]} ocurrido en Montejurra el 9 de mayo de 1976, fue organizado desde el SECED (Servicio Central de Documentación) con el visto bueno gubernamental, utilizando una de las dos corrientes políticas carlistas con la llamada "Operación Reconquista" que se saldó con dos muertos ante la pasividad y colaboración de la Guardia Civil. En Montejurra, monte sagrado del carlismo, se celebra anualmente un Vía crucis desde los años cuarenta. Cuando iba a empezar la procesión desde el monasterio de Irache, un grupo de seguidores de Sixto de Borbón atacaron a pedradas y golpes de porra a los reunidos allí, partidarios de Carlos Hugo ante la impasibilidad de la Guardia Civil y la Policía Armada. Uno de los agresores esgrimió una pistola y disparó, hiriendo de muerte a un carlista.

Poco después, ya iniciada la ascensión al monte, al llegar al acceso a la cumbre, los carlistas se toparon con otro grupo armado que, después de discutir vehementemente, lanzó una serie de disparos y ráfagas contra los peregrinos. El resultado, un muerto por una bala en el corazón y varios heridos por disparos.

La oposición democrática acusó al Gobierno de connivencia con los agresores basándose en la incapacidad para mantener el orden público a pesar de la amplia presencia policial, la facilidad con la que escaparon los asesinos y el hecho de que no llegaron a ser sometidos a juicio, pues se beneficiaron de la amnistía política de 1977.

La escalada del terrorismo: ETA, GRAPO y la ultraderecha.

Los tres principales grupos de terrorismo en este momento eran:

• El grupo maoísta del GRAPO: atentaban contra las fuerzas armadas y de seguridad porque, según sus propias palabras, estas fuerzas representan los instrumentos represivos de un estado capitalista y opresor que engaña al pueblo trabajador, bien con la dictadura de Franco o con la falsa democracia occidental, liberal y burguesa.

• La banda ETA era una mezcla política de nacionalismo vasco y marxismo leninismo revolucionario. Su objetivo es atentar contra intereses y personas del Estado, con el objetivo final de conseguir la independencia.

• Los grupos de terrorismo tardofranquista que adoptaban distintos nombres, aunque compartían un mismo discurso y fin; atacaban en especial a los comunistas, tanto a organizaciones como cualquier persona a la que relacionasen con ellos.

Por otra parte, los grupos de la oposición se mostraban cada vez más impacientes exigiendo el desmantelamiento del régimen franquista en la mayor brevedad posible. La reunión de las fuerzas políticas de la oposición en marzo de 1976 da origen a la creación de "Coordinación Democrática". Con ello, la oposición boicoteaba los intentos del gobierno de dividir a la oposición, atrayéndose a sus sectores más moderados y dejando en la ilegalidad al PCE, a otros grupos de la izquierda y los nacionalistas catalanes y vascos. Asimismo, la oposición moderó su discurso, exigiendo una ruptura o reforma pactada que la acercaba de hecho a los planteamientos reformistas del gobierno.

En cambio, las limitaciones de este gobierno para liderar el cambio político se hicieron cada vez más evidentes. Arias Navarro, muy sensible a las presiones del búnker, se encontraba con poco margen de maniobra ante los elementos reformistas de su gabinete, mientras que éstos topaban con las cortes franquistas en sus primeras tentativas reformistas: en junio de 1976, tras publicarse la "Ley de derecho de asociación de partidos políticos" -de la cual quedaban excluidos los partidos comunistas-, se frustró el intento de Fraga y Areilza de modificar el Código Penal, que consideraba delictiva la afiliación a cualquier partido político. Aunque las presiones de Fernández Miranda permitieron su aprobación el día 30, el proceso hacia un cambio de gobierno se volvió ya inevitable, y el mismo Rey, tras declararse durante un viaje a Estados Unidos plenamente favorable a la implantación de un sistema democrático en España, decidió exigir la dimisión a Carlos Arias el 5 de julio.

El rey forzó la dimisión de Arias Navarro el 1 de julio por su incapacidad para enfrentarse a los graves problemas de orden público (terrorismo, huelga masiva de Vitoria, sucesos de Montejurra), así como por su negativa a desmontar el régimen franquista.

Gobierno de Adolfo Suárez

Fue Torcuato Fernández Miranda, como presidente del Consejo del Reino, quien logró que en la nueva terna de candidatos a la presidencia del gobierno entrara Adolfo Suárez González y a él le correspondería realizar una operación política de evidente dificultad: convencer a los políticos del sistema franquista instalados en las Cortes para que desmantelaran dicho sistema. De esta manera se respetaba formalmente la legalidad franquista y se orillaba, en lo posible, el peligro de una intervención del ejército en el proceso de transición.

Del nuevo gobierno se autoexcluyeron Fraga y Areilza, mientras que la representación militar permaneció invariable. Varios de los nuevos ministros pertenecían ya a asociaciones políticas amparadas por la nueva ley. Adolfo Suárez presentó el 6 de julio por televisión un programa político muy claro basado en dos puntos:

• Elaboración de una Ley para la Reforma Política que, una vez aprobada por las Cortes y por los españoles en referéndum, permitiría abrir un proceso constituyente para implantar en España un sistema de democracia liberal.

• Convocatoria de elecciones democráticas antes del 30 de junio de 1977.

Para lograrlo, Suárez debía convencer a la oposición para que entrara en su juego y al ejército para que no interrumpiera el proceso; además, tenía que controlar la situación en el País Vasco que se estaba haciendo insostenible por días. Pero, a pesar de todo, el proyecto de Suárez se fue aplicando sin dilaciones entre julio de 1976 y junio del siguiente año.

Programa político de Suárez

En este breve período Suárez actuó en varios frentes para realizar su proyecto reformista:

La Ley para la Reforma Política

El proyecto que se elaboró por el gobierno en septiembre tenía que abrir la puerta un sistema de democracia parlamentaria. No concretaba cómo iba a ser el nuevo sistema político, simplemente eliminaba los obstáculos que ofrecía el régimen franquista a la implantación de un sistema democrático. Venía a ser, en realidad, el acta de liquidación del franquismo aprobada por las propias Cortes franquistas. A lo largo del mes de noviembre la ley fue debatida por las Cortes que, bajo la presidencia de Fernández Miranda, la aprobaron por 425 votos a favor con 59 votos en contra y 13 abstenciones.

El gobierno quiso legitimar esta operación sometiendo la nueva ley a un referéndum. Participó el 77,72% del censo electoral, y el 94,17% de los participantes dieron su aprobación.

A partir de este momento se podía abrir ya el proceso electoral, segundo punto del programa de Suárez, para elegir a los diputados de las Cortes Constituyentes encargadas de elaborar una nueva Constitución.

Tenía un problema importante, que era garantizar la participación de la oposición clandestina en el proceso que ya estaba en marcha por el propio régimen. Para ello se enfrentó a uno de los temas más delicados, la legalización de la oposición.

El 8 de febrero se aprueba un decreto ley para la Reforma Política y posteriormente, en marzo, se legalizan gran parte de los partidos políticos con otro decreto ley donde se establecen los requisitos para su legalización. En caso de dudas, el Ministerio de Interior remitiría la documentación al Tribunal Supremo para que dictaminase.

También hubo que reformar el Código Penal, que consideraba sancionables cuestiones básicas como la pertenencia a partidos políticos y prohibía asociarse a aquellos que pretendieran:

• La subversión del orden público o el ataque a la unidad de la patria. Aquí quedaban incluidas todas las formaciones de carácter nacionalista periférico, no español.
• Estar sometidos a una disciplina internacional, con la intención de implantar un régimen totalitario. Esta prohibición estaba pensada especialmente contra el PCE, dependiente en cierta forma de la Unión Soviética, aunque se encontraba ya en la corriente reformista del eurocomunismo, y que pretendía imponer en España un Estado comunista (una democracia proletaria).

Con estos cambios, se legalizaron los partidos u organizaciones más importantes:

• Considerados de extrema derecha: los partidos fascistas de Falange y Fuerza Nueva o el partido pro-nazi CEDADE.

• Considerados de derecha o conservadores: el principal fue Alianza Popular (AP) de Manuel Fraga, que agrupó a parte de la derecha post-franquista.

• Considerados de centro o reformistas: la UCD, de Adolfo Suárez, aglutinando un heterogéneo conjunto de grupos moderados de derechas e izquierdas de ideología diversa: democristianos, socialdemócratas o liberales), y una parte del propio régimen que apoyaban las nuevas reformas. También se consideran centristas algunos partidos nacionalistas periféricos, como el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Pacte Democràtic per Catalunya (PDC) liderado por la Convergencia Democràtica de Catalunya de Jordi Pujol y Miquel Roca.

• Considerados de izquierda o progresistas, como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en aquel momento de discurso exaltado, pero de estrategia política pragmática.

Para ser legalizado, el PCE recurrió al Tribunal Supremo, que dictaminó que no contravenía la legalidad. Después de que su líder Santiago Carrillo Solares aceptara abandonar la restauración de una República, aceptando la monarquía, el Gobierno aprovechó las vacaciones de Semana Santa, durante las que el Ejército estaba ampliamente desmovilizado, para legalizarlo el 9 de abril. Asimismo, disolvió el partido único de la dictadura, el Movimiento. Aun así, el Ministro de la Marina dimitió inmediatamente y Manuel Fraga manifestó que la decisión del Gobierno era un verdadero golpe de Estado. El 9 de abril se llamó, con cierta ironía, el Sábado Santo Rojo (la festividad es de carácter católico y el comunismo propugna el ateísmo o el agnosticismo). Dos días después se legalizó el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), homólogo catalán del PCE.

Otros partidos relevantes eran Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), de ideología también de corte nacionalista catalán y republicano, que ya había gobernado en la depuesta Generalidad de Cataluña durante la Segunda República; Euskadiko Ezkerra (EE), marxista y nacionalista vasco, del antes grupo terrorista de ETA político-militar, que años después se integraría en el PSOE.

Finalmente, había otros partidos situados a la izquierda del PCE, algunos de los cuales eran escisión de este. Se trataba de partidos de extrema izquierda o revolucionarios. Algunos de ellos se acogieron a la legalización, mientras que otros se abstuvieron de participar en el nuevo régimen. Entre ellos estaban el bloque del Frente Democrático de Izquierdas (FDI) apoyado por el Partido del Trabajo de España (PTE) y organizaciones afines de ideología marxista leninista e influidos por la ideología de Mao Zedong y el bloque Frente por la Unidad de los Trabajadores, que no conseguirían representación parlamentaria.

El Gobierno y la oposición

Para dar credibilidad a su proyecto, adopta una serie de medidas políticas. En julio de 1976 hubo una amnistía política parcial, ampliada en marzo del año siguiente y total en mayo. En diciembre de 1976 se disuelve el TOP. En marzo del año siguiente se legaliza el derecho básico de huelga y en abril se decreta la libertad sindical. También se promulga una Ley Electoral con las condiciones necesarias para homologarse con las de los países con un sistema de democracia liberal y parlamentaria.

Con todas estas medidas, Suárez iba cumpliendo las condiciones que exigían los grupos de la oposición desde 1974. Estas fuerzas se habían reunido en noviembre de 1976 para crear una plataforma de organizaciones democráticas. Suárez había iniciado sus contactos políticos con la oposición entrevistándose con Felipe González, Secretario General del PSOE, en agosto. La actitud posibilista del líder socialista dio alas a Suárez para llevar adelante su proyecto político, pero todo el mundo percibía claramente que el gran problema para la normalización política del país iba a ser la legalización del PCE. Éste constituía, en aquel momento, el grupo político más organizado y con mayor número de militantes de la oposición, pero en una entrevista con los mandos más destacados del ejército en septiembre, ellos le manifestaron claramente su oposición frontal a la legalización del PCE.

El PCE cada vez era más visible para denunciar la Ley para la Reforma Política por antidemocrática y solicitar las elecciones para las Cortes Constituyentes convocadas por un Gobierno provisional compuesto también por los partidos políticos en la oposición. Dado que, además, la oposición no manifestaba ningún entusiasmo por la Ley para la Reforma Política, Suárez se arriesgó aún más para implicar a la mayoría de las fuerzas políticas.

En diciembre, el PSOE celebraba en Madrid su XXVII Congreso y empezaba a desmarcarse de las exigencias del PCE, afirmando que pensaba participar en la próxima convocatoria electoral para las Cortes Constituyentes. Al empezar el siguiente año, el año previsto para convocar elecciones generales, Suárez se decidió a abordar el problema del PCE. En febrero se entrevistó con Santiago Carrillo, Secretario General del PCE, que apoyó sin exigencias previas y dispuesto a ofrecer un pacto social para el periodo posterior a las elecciones.

El 24 de enero de 1977 se produce la Matanza de Atocha, el atentado más significativo de la extrema derecha, que ataca un despacho de Derecho Laboral vinculado al Partido Comunista de España de la madrileña calle de Atocha. Allí asesinan a tiros a cinco abogados e hieren de gravedad a otros cuatro. Este hecho provocó la primera manifestación multitudinaria de la izquierda en el país desde la Segunda República y, después, decenas de actos de carácter pacífico de simpatía y solidaridad con el partido comunista. Esto y la actitud mantenida por Santiago Carrillo, empujaron a Suárez a llevar a cabo la polémica legalización del partido.

El Gobierno y el ejército

Adolfo Suárez conocía bien que el llamado búnker, entre otros formado por José Antonio Girón y Blas Piñar y que contaba como medio afín el periódico El Alcázar. Suárez tenía muy buenos contactos con oficiales del ejército que ejercían una evidente influencia sobre importantes sectores militares. Estas fuerzas podían constituir un obstáculo insalvable e incluso un peligro de golpe de estado para la reinstauración de un régimen de gobierno militar.

Para salvar ésta dificultad, Suárez intentó apoyarse en militares liberales del círculo del general Díez-Alegría, a los que intentó colocar en puestos de responsabilidad, como el general Manuel Gutiérrez Mellado. Pero, en julio de 1976, el vicepresidente para asuntos de defensa era aún el general Fernando de Santiago que pertenecía al núcleo más inmovilista. De Santiago, inquieto por la primera amnistía, se opuso frontalmente en septiembre a la Ley de Libertad Sindical. El 21 de septiembre Suárez destituyó a De Santiago y nombró en su lugar al General Manuel Gutiérrez Mellado, lo que le ocasionó numerosos enemigos y oposición que se agudizaría con la legalización del PCE meses más tarde, con la dimisión inmediata del Ministro de Marina.

Pero entretanto Gutiérrez Mellado actuaba con habilidad para promocionar a los oficiales partidarios de la reforma y para sustituir a los mandos de las fuerzas de seguridad (Policía Armada y Guardia Civil) más partidarios de conservar el régimen.

Suárez quería demostrar al ejército que la normalización política del país no implicaba ni la anarquía ni la revolución. Para lograrlo contaba con la colaboración de Santiago Carrillo, pero se encontraba con violentas respuestas de diferentes grupos terroristas.

El incremento del terrorismo

El País Vasco se mantuvo, a lo largo de todo este periodo, en plena ebullición política. Las reivindicaciones de amnistía política, en especial la semana pro-amnistía del 8 al 15 de mayo en la que murieron siete personas por la represión,^[5] obligaron a Adolfo Suárez a irla concediendo en distintas etapas hasta llegar a la amnistía total de octubre de 1977. Pero los enfrentamientos continuos entre policía y manifestantes no ayudaban precisamente a serenar los ánimos. ETA, después de una cierta tregua en el verano de 1976, reemprendió sus atentados en octubre. Pero fue sobre todo entre diciembre y enero cuando se desencadenó un conjunto de violentas acciones que dejaron la situación social y política en una posición muy inestable.

El GRAPO actúo con varias bombas y el secuestro de dos importantes personalidades del régimen: el Presidente del Consejo de Estado, José María de Oriol, y el General Villaescusa, Presidente del Consejo Superior de Justicia Militar. Mientras duraban estos secuestros, se produce la mencionada Matanza de Atocha, un comando de la ultraderecha mata a cinco abogados del Partido Comunista de España en Madrid. Varios días antes habían muerto a manos de policías antidisturbios dos estudiantes durante distintas manifestaciones.

Pero, por primera vez, buena parte de los líderes de la oposición reunidos con el Presidente del Gobierno publicaron un comunicado de denuncia del terrorismo y de apoyo a la actuación de Suárez. Sin embargo, las fuerzas del búnker se aprovecharon de la inquietud del momento para denunciar que el país se estaba precipitando en el caos.

Las elecciones

Las elecciones generales del 15 de junio de 1977 dieron la representación a cuatro partidos políticos, los tres primeros de ideología reformista o progresista, fundamentalmente: UCD 31,1%, PSOE: 28,6%, PCE: 9,4% y el partido conservador con tan solo AP 8,5%.

Destaca el fuerte apoyo local obtenido por partidos nacionalistas, especialmente en Cataluña con el bloque PDC y País Vasco con el PNV.

Los gobiernos de UCD

El partido ganador, UCD, formó gobierno durante dos legislaturas, en junio de 1977 y marzo de 1979, pero tuvo que contar con el apoyo o el beneplácito de otros partidos al no contar con la mayoría absoluta de escaños en el Parlamento.

Los regímenes preautonómicos: Cataluña, País Vasco y Galicia.

Después de las elecciones, con los resultados en Cataluña y País Vasco, el gobierno permitió la creación de instituciones preautonómicas. Concedió autonomía provisional a las regiones cuyos diputados, constituidos en asambleas parlamentarias, así lo solicitaron. Era el primer eslabón de la estructura territorial que ya estaba pactada en la nueva Constitución.

La primera preautonomía concedida fue la de Cataluña, el 29 de septiembre se restableció la Generalidad de Cataluña y Josep Tarradellas, histórico político nacionalista en el exilio, se convirtió en su nuevo Presidente el 23 de octubre.

En el País Vasco, la situación política era dominada por el PNV, que reclamaba incorporar a Navarra a la autonomía formada por Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, con la distorsión de ETA. La asamblea de parlamentarios vascos, en la que se negaron a participar los navarros, negoció con el Gobierno la creación de un Consejo General Vasco, aprobado el 6 de enero de 1978.

En Galicia, con mayoría de la UCD, se sumaron a la preautonomía con la creación de la Junta de Galicia, en marzo de 1978.

Cortes constituyentes: la constitución de 1978

El nuevo Parlamento formó una ponencia que empezó a trabajar en la redacción de una nueva Constitución en el verano, con el consenso de las principales fuerzas políticas en temas tales como el papel del ejército, los derechos históricos, la situación de Navarra. En julio de 1978, el Congreso de los Diputados aprobaba el texto constitucional por una amplia mayoría que incluía a los conservadores de Alianza Popular y al PCE. Algunos partidos de extremos votaron en contra y otros como el PNV, que había sido excluido de la ponencia constitucional pese a ser mayoritario en el País Vasco, pidieron la abstención.

La Constitución fue aprobada en sesión conjunta por el Parlamento y el Senado en el mes de octubre. El 6 de diciembre se sometió la Carta Magna a referéndum con una aprobación mayoritaria, excepto en algunas provincias y en el País Vasco donde se obtuvo una importante abstención.

La tarea ordinaria de gobierno que tuvo que realizar el partido desde 1979 puso de manifiesto la existencia de tendencias o corrientes políticas muy diversas dentro de la coalición de partidos de UCD. Esto fue provocando enfrentamientos que desgastaron la autoridad de Adolfo Suárez y pusieron en duda su liderazgo. La tensión estalló a partir de 1981 con la dimisión de Suárez como Presidente del Gobierno y su sustitución por Leopoldo Calvo-Sotelo al frente de una reforma del gobierno. Suárez abandona el partido por parte de los socialdemócratas de Fernández Ordóñez y por el nombramiento de Calvo-Sotelo como nuevo presidente del partido. Esto acentuó aún más las tensiones internas y empujó a Calvo-Sotelo a disolver el Parlamento y convocar elecciones en octubre de 1982.

Con las históricas elecciones generales de 1982, UCD no solamente pierde la mayoría simple, sino también sufre un espectacular derrumbe en número de votos, cambiando todo el equilibrio político anterior.

La normalización democrática no evitó las continuas acciones violentas de ETA y, en menor escala, del GRAPO. Paralelamente se detectaba una situación de desasosiego o intranquilidad en una parte de las Fuerzas Armadas que podía desembocar en un golpe militar. El golpe de estado de 1981, la tarde del 23 de febrero por un grupo de guardias civiles dirigidos por el teniente coronel Antonio Tejero, no consiguió provocar un Gobierno militar, pero mostró el peligro real de un sector del ejército.

Gobierno del PSOE

Las elecciones de octubre de 1982 dieron la mayoría absoluta por primera vez al PSOE, que había sido durante dos legislaturas el principal partido de la oposición en los gobiernos de la UCD.

En el XXVIII Congreso del PSOE (mayo de 1979) su Secretario General, Felipe González, no quiso asumir las tendencias revolucionarias que parecían dominantes en el partido, por lo que presentó la dimisión. Pero la convocatoria de un congreso extraordinario meses después le permitió reconducir el partido hacia una línea más moderada y asumir de nuevo el cargo.

A lo largo de 1982 el PSOE confirmó su línea moderada con el acercamiento al grupo socialdemócrata de Fernández Ordoñez, recién escindido de la UCD.

La obtención de la mayoría absoluta en tres procesos electorales consecutivos (1982, 1986 y 1989) permitió al PSOE legislar y gobernar sin establecer pactos con otras fuerzas políticas. De esta forma, pudo convertir en leyes muchos de los puntos de su programa.

La cómoda mayoría política de la que gozó permitió al país un largo respiro de tranquilidad y estabilidad política, tras los intensos y violentos años de la transición. ^{[cita requerida]}

El triunfo electoral del PSOE en 1982 (con más de 10 millones de votos) inauguró una etapa de gobierno, con cuatro legislaturas totales, que transformó profundamente España. Felipe González, secretario general del PSOE, ocupó la Presidencia del Gobierno, con Alfonso Guerra como durante mucho tiempo Vicepresidente del Gobierno, hasta su dimisión por su implicación en un caso de corrupción política con su hermano como principal acusado.

Durante el gobierno del PSOE se produciría la integración en la Comunidad Económica Europea (CEE), las reformas laborales con nuevos convenios normativos consensuados entre patronal y trabajadores, las inversiones sociales (especialmente en Educación y Sanidad), el desarrollo de la organización territorial autonómica y la modernización de las infraestructuras.

Por otro lado se dio la reconversión industrial, propiciada por muchos factores, entre los que cabe destacar una crisis económica que se fue agudizando durante las últimas legislaturas, un enorme endeudamiento del Estado derivado del gasto público descontrolado o dos huelgas generales de los dos principales sindicatos la Unión General de los Trabajadores y Comisiones Obreras. También aparecerían los autodenominados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), organizaciones ilegales dedicadas a la lucha contra el terrorismo y herederas del terrorismo de Estado tardofranquista. Finalmente salieron a la luz varios casos de corrupción de cargos públicos adscritos al PSOE, que contribuyeron a acentuar el desgaste de la imagen pública del partido. De entre todos ellos, cabe destacar los llamados Caso Filesa y Caso Roldán.

Tras unos últimos años de continuo desgaste social y político, en las elecciones generales de 1996 el principal partido de la oposición, el Partido Popular liderado por José María Aznar, consigue la mayoría simple.

Comunidad Económica Europea

Una vez asegurada la democracia, los principales países europeos aceptaron su integración en la CEE, después de veinte años de la primera petición. Las negociaciones fueron rápidas y consiguieron que España fuera miembro de pleno derecho en la CEE, actualmente denominada Unión Europea, desde el 1 de enero de 1986.

Desde entonces, este espacio económico común permite el libre tránsito de personas, mercancías, capitales y servicios entre los países miembros. La estructura política, con parlamento, Comisión y Tribunal Europeo persigue a largo plazo construir una unión política, al estilo de los Estados Unidos de Norteamérica.

En 1992, la CEE firmó el Tratado de Maastricht que transformaba la Comunidad en Unión Europea y establecía una futura moneda única, el euro.

OTAN

En los últimos momentos del gobierno UCD, Calvo-Sotelo consiguió que el Parlamento autorizase el ingreso de España en la Organización del Tratado Atlántico del Norte (OTAN). El 10 de diciembre de 1981 se firmaba en Bruselas el protocolo de adhesión, con un 43% de españoles en contra según algunas encuentas de opinión.

El PSOE, cuando gana las elecciones, paraliza el ingreso y promete un referéndum para sacar a España de la alianza militar. Sin embargo, conforme pasan los años, cambia su posición al darse cuenta que se exige como requisito para una plena incorporación de España al bloque occidental y europeo. En marzo de 1986, celebra el referéndum con un resultado favorable a la adhesión.

Educación

La aplicación del derecho constitucional a la educación guio la labor del gobierno. En la enseñanza universitaria, la Ley de Reforma Universitaria de 1983 concedió autonomía de gestión a las universidades, facilitó la creación de universidades privadas y amplió el número de matriculados gracias a la cuasi gratuidad de matrículas y a una amplia política de becas.

En la enseñanza secundaria y primaria, se garantizó la escolarización obligatoria para toda la población menor de 14 años desde 1985 y de 16 años desde la entrada en vigor de la LOGSE en 1990. El gobierno crea un sistema educativo de tres vías: educación pública, educación privada, y colegios concertados cuya gestión recae en una empresa u organización privada pero el gasto de los alumnos lo paga el Estado, para así intentar ofrecer la mayor tasa de escolaridad posible.

Economía

La crisis económica, iniciada en parte por factores internos y externos como la crisis del petróleo de 1973, reactivada en 1979, había creado una situación de recesión industrial, con fábricas o maquinaria obsoletas y sectores industriales deficitarios. Para el trabajador suponía el paro (hasta el 20% en 1985), la subida continua de los precios (hasta el 25% anual de inflación).

La reconversión industrial se aplicó a la industria naval, la siderurgia y la industria textil, sectores desfasados en tecnología, mal ubicados geográficamente y escasos de competitividad frente a los productos europeos y asiáticos. En los primeros momentos, el ajuste incrementó el cierre de fábricas y el despido de trabajadores, creciendo el descontento social contra un gobierno socialista que actuaba, en principio, contra los intereses de la clase obrera.

La reforma fiscal persiguió la economía sumergida o el dinero negro, y se creó el Impuesto de Valor Añadido (IVA) común en el resto de países europeos, aumentó la presión fiscal sobre las rentas del trabajo y del capital con el fin de conseguir más recursos y sanear el Estado.

Para controlar la inflación, el gobierno restringió la circulación de capital, con altos tipos de interés bancario, y moderó el crecimiento salarial.

Esto finalmente desembocó en una exitosa huelga general contra el gobierno del PSOE el 14 de diciembre de 1988 con los dos principales sindicatos en la cabeza, UGT y CCOO.

Infraestructuras

La necesidad de modernizar las obsoletas infraestructuras lanzó al gobierno a un gasto público desaforado. Desde 1985, la red de carreteras mejoró al duplicarse la longitud de carreteras (más de 7000 Km), el ferrocarril evolucionó hacia servicios más modernos y con mayor rentabilidad y con la apuesta de la Alta Velocidad Española (AVE) entre Sevilla y Madrid, con proyectos para en un futuro extenderlo a Barcelona, Valencia, Alicante o Murcia.

Véase también

• Portal:Energía. Contenido relacionado con Energía.

Referencias

Bibliografía

• Carr, R.: España de la Restauración a la democracia. (1875 - 1980). Ed. Ariel. Barcelona, 1983.
• Carr y Fusi, J.P.: España de la dictadura a la democracia. Barcelona, 1979.
• Castellano, P.: Por Dios, por la Patria y el Rey: una visión crítica de la transición española. Madrid, 2001.
• Cebrián, J.L.: La España que bosteza. Apuntes para una historia crítica de la transición. Ed. Taurus. Madrid, 1980.
• Martínez Cuadrado, M.: "El escenario político español en la perspectiva 1975". En Anuario Económico y social de España. 1975. Ed. Planeta. Barcelona, 1976.
• Preston, P.: El triunfo de la democracia en España: 1969-1982. Plaza y Janés. Ed. Barcelona, 1986.
• Zambrana, J.: La alternativa libertaria (Catalunya 1976 - 1979). Ed. Fet a mà-CEDALL. Badalona, 2000.

Enlaces externos

• Museo Adolfo Suárez
• La Transición Española de Paul Preston, monografía especial de 16 capítulos del volumen 13 de la colección Historia de España de Historia 16.
• España, la transición del franquismo a la democracia en el siglo XX por Carlo Andreoli
• Denuncias de un republicano por Pablo Castellano
• La dimensión exterior de la transición española de Charles T. Powell, Research Fellow, St. Anthony's College, Oxford.
• Algunos datos previos y consequencias sobre la transición española de Eduardo Díaz, Centro Estudios Alhamar, Granada (1998)
• Completo manual esquemático sobre la Transición y el sistema político español resultante. Realizado por varios profesores de la UCM-Facultad de CCPP y Sociología
• La Revolución de los Claveles y su influencia en España de Josep Sánchez Cervelló, Revista Clio número 31, página 20 (mayo 2004)

Predecesor: Dictadura de Francisco Franco

Periodos de la Historia de España Transición Española

Sucesor: Época actual