Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner en su discurso de fin de año.

Ciencia y tecnología

Cristina Fernández luego de producirse el traspaso del mando presidencial, el 10 de diciembre de 2007. Detrás su esposo y predecesor, Néstor Kirchner.

Una de las primeras medidas adoptadas por la presidenta Fernández fue la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, designando a su cargo a Lino Barañao, un reconocido biólogo molecular. La medida se complementó con el anuncio de creación de un polo científico-tecnológico en Buenos Aires, integrado por tres institutos: Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias Biomédicas y Biotecnológicas y Ciencias Exactas y Tecnológicas.^[1]

En esta área también sobresale la creación, a mediados del 2011, de Tecnópolis, una megamuestra ubicada en Villa Martelli.

Compra de material rodante ferroviario

Durante el gobierno de Cristina Kirchner se compraron 40 locomotoras, 25 coches eléctricos y 20 trenes diésel, en 2008, y 50 coches eléctricos, 20 trenes diésel y 10 locomotoras en 2009, material rodante proveniente de España y Portugal. Según el diario Clarín, casi el 70% de estos trenes no funcionarían, y se encontrarían en estado de abandono.^[2]

Programa Conectar igualdad

Desde 2010 la Ansés (Administración Nacional de Seguridad Social) ha iniciado un plan de entrega y puesta en funcionamiento de dos millones de netbooks con acceso a Internet a todas las escuelas públicas primarias y secundarias del país. A febrero de 2011 se ha cumplido la mayor parte.

Rescate de Aerolíneas Argentinas

El 24 de julio de 2008 la presidenta Fernández presentó un proyecto de ley de rescate de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, por el que se aprueba el acuerdo entre el Estado Nacional y el grupo Interinvest del 17 de julio de 2008, mediante el cual el Estado argentino adquirió las acciones de esas y otras empresas relacionadas.

Aerolíneas Argentinas es la «línea de bandera» de Argentina y había sido privatizada en 1991 durante el gobierno de Carlos Menem. La empresa fue adquirida primero por Iberia y luego por Marsans, incurriendo en serias irregularidades.^[3] El proyecto presidencial fue aprobado por el Congreso Nacional el 3 de septiembre de 2008 como Ley 26.412.^[4]

Reestatización de la fábrica de aviones de Córdoba

El 17 de marzo de 2009 el Poder Ejecutivo Nacional presentó un proyecto de reestatización de la antigua Fábrica Militar de Aviones (FMA), empresa pionera en América Latina, creada en 1927 durante el gobierno radical de Marcelo T. de Alvear y privatizada en 1995 durante el mandato del presidente Carlos Menem y entregada bajo concesión a la empresa estadounidense Lockheed Martin.^[5] Luego de su privatización la empresa fue conocida como Área Material Córdoba. La nacionalización se realizó en el ámbito del Ministerio de Defensa, a cargo de la ministra Nilda Garré.

El 21 de mayo de 2009 la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la ley aprobando la nacionalización, por 152 votos a favor, uno en contra y 21 abstenciones.^[6]

Política económica

La política económica que sigue el gobierno de Cristina tiene dos puntos principales: el primero es un aumento sostenido en el gasto público con fines redistributivos. El segundo es una política fiscal y cambiaria favorables a la inversión privada.

Inflación

Cristina Fernández de Kirchner asumió su gobierno con problemas de inflación y una crisis institucional en el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos), cuestionado por la verosimilitud de sus índices de costo de vida desde la intervención del organismo llevada a cabo por el Secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno a partir de enero de 2007,^{[7] [8]} que algunos estudios privados han ubicado en más del doble de la inflación oficial.^{[9] [10]} El índice sirve para determinar el monto que el gobierno ha decidido pagar en concepto de intereses de la denominada deuda externa, en función del CER (coeficiente de estabilización de referencia). Algunos observadores y dirigentes políticos han sostenido que tanto el gobierno argentino, como grupos económicos privados acreedores de títulos de la deuda externa, pujan por influir en la forma en que se calculan los índices en el Indec, con el fin de reducir la deuda externa en el caso del gobierno, y de aumentarla en el caso de los acreedores. Por otro lado, existen investigaciones y fallos judiciales que determinaron el carácter ilegítimo y fraudulento de una gran parte de la llamada «deuda externa».^{[11] [12] [13]}

El ministro de Economía Martín Lousteau presentó un plan para combatir la creciente inflación, reduciendo el crecimiento económico («enfriando» la economía), recurso que fue expresamente rechazado por el expresidente Kirchner. El gobierno sostiene que la inflación no está causada por el alto nivel de crecimiento económico, y que un enfriamento de la economía, con las altas tasas de endeudamiento y pobreza que aún registra el país, tendrían un costo social mayor que el mismo descenso de la inflación.^[14]

En la segunda mitad del 2008, la tasa de inflación real bajó, ubicándose en el 0,4% mensual (según el Indec estatal) y alrededor del 0,7% (según diversos estudios privados).^[15]

Sin embargo, en el transcurso del primer semestre de 2009, los datos oficiales se han despegado de las mediciones privadas, llegando estas últimas a estimar la tasa interanual en un triple de las difundidas por el Indec, mismas que la sitúan en un 5,7% contra más de un 15% para la virtual totalidad de las consultoras privadas.^[16]

La crisis económica mundial de 2008-2009

La crisis económica de 2008-2009, iniciada en los Estados Unidos, tuvo su primer efecto en la Argentina con el aumento exponencial del precio internacional de los granos que llevó al llamado «conflicto del campo», durante el cual las organizaciones de productores agropecuarios se opusieron a un alza de las retenciones a las exportaciones, consiguiendo finalmente que el Congreso anulara las medidas adoptadas por el gobierno en la Resolución 125 / 2008.

El 23 de septiembre, en su discurso en la 63.ª Asamblea General de la ONU, la presidenta Fernández denominó a la crisis como el Efecto Jazz, aludiendo a su origen en Estados Unidos, en clara contraposición a las denominaciones que los centros económicos utilizaron para denominar a las crisis anteriores que se originaban en países emergentes, como fueron el Efecto Tequila, Efecto Caipirinha, el Efecto Arroz y el propio Efecto Tango, como se conoció la crisis argentina de 1998-2002. La presidenta cuestionó también a los «gurúes económicos» que defendían el modelo económico estadounidense y criticaban las medidas anticrisis tomadas por los presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, para ratificar su adhesión de fondo al enfoque neodesarrollista de las mismas.^[17] Estas declaraciones fueron muy criticadas por la prensa conservadora y algunos sectores de la oposición, que las calificaron como un acto de arrogancia.^[17]

En octubre la presidenta puso en marcha un Comité de Crisis de alto nivel, para realizar un monitoreo permanente de la emergencia y recomendar medidas, integrado por el Jefe de Gabinete, el ministro de Economía, los presidentes del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores, y el titular de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos).^[18]

A partir del 26 de noviembre, la presidenta Fernández anunció en diversas etapas un plan anticrisis compuesto por las siguientes acciones:^{[19] [20] [20]}

• Creación de un Ministerio de Producción.
• Paquete anticrisis integrado por tres herramientas:
  • moratoria tributaria y reducción de retenciones para el agro;
  • blanqueo, promoción y sostenimiento del trabajo registrado para las pymes;
  • blanqueo y repatriación de capitales.
• Créditos públicos de fomento a la producción y al consumo, con una asignación de 13.200 millones de pesos (4.400 millones de dólares), asignados a través de la banca privada, a bajo interés. Los fondos se asignaron con el siguiente detalle: heladeras y otros bienes del hogar (3500 millones de pesos), automóviles (3000 millones de pesos), pequeñas y medianas empresas (3000 millones de pesos), campo (1700 millones de pesos), industria (1250 millones de pesos), camiones (650 millones de pesos). En un segundo anuncio se asignaron créditos al turismo sin interés (330 millones de pesos) y de bienes de consumo (200 millones de pesos).^[21]
• Plan de obra pública, por 21.000 millones de dólares, con el fin de impulsar el resto de la economía y duplicar los puestos de trabajo en el sector, creando unos 360.000 empleos.

El plan fue apoyado por las dos centrales sindicales (CGT^[22] y CTA), la Unión Industrial Argentina que agrupa a los empresarios industriales, y CONINAGRO, que agrupa a las cooperativas rurales. Fue criticada por la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Federación Agraria Argentina (FAA), ambas asociaciones que agrupan a los propietarios y productores rurales.^[23]

Por su parte, en octubre de 2008, el Fondo Monetario Internacional anunció que decidió no incluir a la Argentina en el Plan Anticrisis del organismo, «por sus antecedentes negativos», haciendo referencia a la catástrofe económico-social padecida durante la crisis de 1998-2002, cuando la economía del país era dirigida de acuerdo a las pautas del Fondo.^[24]

Barak Obama y Cristina Fernández en la reunión del G20 en 2009.

Debido a que la Argentina integra el G20, Cristina representó al país en las cumbres de esa instancia mundial durante la crisis económica de 2008-2009. Entre las medidas propuestas por Cristina se destacó la de incorporar al G20 a la Organización Internacional del Trabajo (OIT),^[25] propuesta que se concretó en la tercera cumbre realizada en Pittsburg en septiembre de 2009.^[26] La presión de Cristina y Lula en la segunda cumbre realizada en Londres en abril de 2009, permitió también que se quitara de la declaración final la mención elogiosa de la flexibilidad laboral que se hacía en el borrador del documento.^[27]

Generalización de la asignación familiar por hijo

El 29 de octubre de 2009 Cristina Kirchner sancionó el Decreto 1602/09 estableciendo la generalización de la asignación familiar por hijo para todos los niños menores de 18 años cuyos padres se encuentren desocupados o trabajen en la economía informal por una remuneración que no sea superior al salario mínimo, vital y móvil, incluyendo los monotributistas sociales.^[28]

Para percibir el beneficio, los padres deberán acreditar haber cumplido el plan de vacunación obligatorio hasta los 4 años de edad y el cumplimiento de la educación obligatoria desde los 5 años de edad y hasta los 18 años.

La medida fue decidida con el fin de cubrir las necesidades mínimas de todos los niños del país que se encuentren bajo la línea de pobreza. El ministro de Trabajo Carlos Tomada consideró que se trata de una extensión del sistema de seguridad social que en una primera etapa el plan estaría en condiciones de eliminar la pobreza extrema (indigencia) y reducir considerablemente la pobreza (canasta mínima vital).^[29]

A partir de mayo de 2011 se extenderá a las personas por nacer con 12 semanas de gestación.

Reducción de la pobreza

Según el un informe de 2010 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la pobreza se ubicaba en 11,3%, lo que significa una reducción de 34,1 puntos porcentuales, ubicándose como la segunda más baja en América latina, detrás de Uruguay (10,7%). La indigencia disminuyó del 7,2% al 3,8%.^[30]

Entre el 2006 y 2009 la pobreza en Argentina disminuyó de 21% a 11,3%.^[31] Según el área geográfica, el porcentaje de personas pobres en el área urbana es del 11,4%, en el área metropolitana 9,6% y en el resto área urbana del 13,3%.^[32]

Política energética

Ahorro de energía

Los problemas de abastecimiento de energía en las postrimerías del año 2007 llevó a cabo un plan de ahorro de energía. El plan se propuso reemplazar las lámpara incandescente por las de bajo consumo, y ―por sanción del Congreso― se dispuso el atraso de 60 minutos de la hora oficial a partir del 30 de diciembre de ese mismo año, cambio que perduró hasta el día 16 de marzo de 2008. Como consecuencia se vieron descendidos los consumos de energía eléctrica, principalmente en las horas pico. Desde 2009 todos los edificios públicos deben obligatoriamente utilizar lámparas bajo consumo.

Durante 2008 y 2009 se implementó el etiquetado energético de refrigeradores, congeladores, motores eléctricos y equipos de aire acondicionado. En diciembre de 2009 se aprobó la norma IRAM 11900 que tenderá al etiquetado energético de todo edificio que solicite el servicio de gas natural por red.

Se concretaron dos centrales térmicas de ciclo combinado en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, se cocluyó la construcción de la Represa de Yacyretá) al subir la cota a 83 msnm que implica un 50% más de generación hidráulica y se encuentra en fase de terminación la tercera central nuclear de Atucha 2.

Junto a esto se hallan en obra varias centrales térmicas de ciclo combinado en varias capitales provinciales de 300 MW cada una para reforzar el Sistema Interconectado Nacional.

Se llamó a licitación internacional para la construcción de centrales de hasta 30 MW cada una mediante energías renovables (solar térmica, eólica, minihidráulica, otras) por un total de 1500 MW de potencia instalada.

Mayoritariamente todo esto se realiza con fondos propios del tesoro nacional al no contar el país con créditos externos generados por el default de la crisis del 2001.

Gasoducto del Noreste

En febrero de 2011 se abrió la licitación para la construcción del Gasoducto del Noreste que llevará gas natural a las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, norte de Salta y norte de Santa Fe únicas zonas del país que todavía no cuentan con este servicio.

Política de educación

La política educativa del gobierno de Cristina Fernández es una continuación de la de la gestión de Néstor Kirchner.

Aumento de los recursos

El porcentaje del PBI destinado a educación creció desde el 3,64% en 2003 a 6,02% en 2010. En términos absolutos, pasó de 14.501 millones de pesos en 2003 a 89.924 millones de pesos en 2010, un 520% más.^[33]

Construcción de escuelas

Después del plan quinquenal del gobierno de Perón entre 1947 y 1951, el período 2003-2010 es el de mayor construcción de escuelas de la historia argentina. Entre 1969 y 2003 los diferentes gobiernos nacionales financiaron la construcción de un total de 427 escuelas, mientras que entre 2003 y 2010 se construyeron más de mil escuelas que beneficiaron a medio millón de alumnos.^[33]

Política laboral

Inauguración de la XVI Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) de la OEA, celebrada en Buenos Aires en 2009. De izquierda a derecha.: Jorge Taiana (ministro de Relaciones Exteriores de Argentina), Cristina Fernández de Kirchner (presidenta de Argentina), Carlos Tomada (ministro de Relaciones de Trabajo de Argentina) y Juan Somavía (director general de la OIT).

Evolución del mercado de trabajo

En 2008, la desocupación se mantuvo en niveles similares a los que se encontraba el año anterior, pasando del 8,4% en el primer trimestre al 7,3% en el cuarto trimestre del año, la tasa más baja desde octubre de 1992, según datos del Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos).^[34]

En el mismo período el trabajo informal (no registrado), se redujo a un 37,3%, luego de que llegara al 49,50% en el primer semestre del 2003.^[35]

Reestatización de las jubilaciones y pensiones

El 21 de octubre de 2008 la presidenta Cristina Fernández anunció que elevaba un proyecto al Congreso Nacional para poner fin al sistema de AFJP, un régimen privado de pensiones y jubilaciones que había constituido una de las principales medidas de la política generalizada de privatizaciones llevada adelante por el presidente Menem.^[36] El proyecto fue aprobado por el Parlamento el 20 de noviembre con apoyo de algunas fuerzas de oposición como los Partido Socialista y el ARI, votando en contra del mismo el PRO, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical. La ley dio origen a un nuevo Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).^[37]

Negociación colectiva

El gobierno de Cristina Fernández profundizó la política de generalización de la negociación colectiva para regular las relaciones laborales que había iniciado el presidente Néstor Kirchner.

Finalizado el tercer trimestre de 2008, el Ministerio de Trabajo había homologado 890 convenios colectivos y acuerdos, una cifra que significó un aumento del 24%, comparado con el mismo período de 2007,^[38] y del 324% comparado con 2004.^[39] Más del 90% de los convenios se realizaron por rama de actividad económica (y subrama) y los restantes por empresa. Las cláusulas más habituales fueron las salariales, pero también se registró un aumento de la cantidad de cláusulas sobre «regulación de las relaciones laborales» en la empresa y «condiciones de trabajo», que en el III trimestre representaron el 20% y el 17% de las cláusulas totales, incluyéndose entre ellas la creación de «comités de higiene y seguridad» y cláusulas especiales de no discriminación.^[38]

El crecimiento de la presencia sindical en el sistema de relaciones laborales, ha impulsado modificaciones en los planes de estudios de algunas universidades, con el fin de incluir mayor información y análisis sobre los sistemas, reglas y técnicas de diálogo social en la gestión de los recursos humanos de las empresas.^[40]

Migraciones laborales

El gobierno de Cristina Fernández continuó con el Plan Patria Grande iniciado en el gobierno anterior, con el fin de otorgar documentos a los inmigrantes en situación irregular. En 2008 se entregaron documentos argentinos a 144.549 personas, sumando de ese modo la cantidad de 714.907 inmigrantes regularizados, desde que se puso en marcha el plan en 2006.^[41] La cifra representa casi la mitad de los extranjeros registrados en el censo de 2001 (1.531.940). La regularización masiva de inmigrantes y la consecuente posibilidad de que puedan hacer valer sus derechos (sindicalización, asociación, demandas laborales, etc.) tiene un fuerte impacto en el mercado de trabajo, ya que los extranjeros suelen ocupar los empleos que se encuentran en los escalones salariales más bajos e informales, por lo que una mejora en los mismos, impacta directamente en toda la escala salarial.^[42]

Aumento de las indemnizaciones por accidentes de trabajo

El 5 de noviembre de 2009 la presidenta Fernández dictó el Decreto 1694/2009 aumentando las indemnizaciones por riesgos del trabajo y modificando el régimen legal (Ley 24.557) con el fin de corregir las fallas del sistema ―establecido durante el gobierno del presidente Carlos Menem― y la gran cantidad de fallos judiciales declarando inconstitucionales sus normas (casos Castillo, Milone y Aquino, entre otros).^[43]

El decreto elimina el tope máximo que había impuesto la legislación anterior para la renta periódica, fijado en 180.000 pesos (aproximadamente 50.000 dólares estadounidenses) y establece por el contrario que la misma suma será considerada como piso mínimo, para el valor de la vida humana o la incapacidad total. También se aumentaron algo más de un 100% los montos que la ley preveía como suma fija, en casos de incapacidades superiores al 50% y muerte.^[43]

La norma también implementa un sistema de supervisión de los servicios médicos prestados por las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART), ante la gran cantidad de quejas sobre las mismas, y habilita la creación de ARTs, sin beneficio de lucro.^[43]

En el sector de los trabajadores, el Decreto 1694/09 contó con el apoyo por las dos centrales sindicales (CGT y CTA).^[44] En el sector de los empleadores, la respuesta fue variada: mientras que la UIA, la Sociedad Rural y la Cámara de Comercio cuestionaron la norma,^[44] la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), apoyó el decreto.^[45]

Política internacional

El embajador ante el Vaticano

En enero de 2008 se conoció extraoficialmente que el Vaticano no otorgaría el placet al embajador designado ante la Santa Sede, Alberto Iribarne. Entre las razones mencionadas se señalaron desde el descontento de la Iglesia católica ante la condición de divorciado de Iribarne, hasta conflictos más profundos como la del vicariato castrense vacante desde el retiro del cuestionado obispo Antonio Baseotto y la cuestión del aborto.^[46] Luego de varios meses sin embajador, el 22 de octubre de 2008, la presidenta ―con acuerdo del Senado― designó en el cargo a Juan Pablo Cafiero, cuyo placet fue inmediatamente aprobado por el Vaticano.^[47]

Gestiones humanitarias por los rehenes de las FARC

La cantante Madonna, Íngrid Betancourt y Cristina en la Casa Rosada.

La primera mandataria ha intervenido en las gestiones relativas al canje humanitario de los rehenes de las FARC en la República de Colombia, problema sobre el que había venido trabajando desde un tiempo antes de asumir, cuando invitó al país a la madre de Íngrid Betancourt, en mayo de 2007.^[48] Ya asumido el poder como presidenta, dispuso que su esposo, el expresidente Néstor Kirchner, integrara la misión humanitaria que viajó a un municipio colombiano para instrumentar el canje, aunque finalmente el mismo no pudo realizarse en esa ocasión. En abril de 2008 viajó a París para participar en la Marcha Blanca por la libertad de Betancourt.^[49]

El gobierno francés agradeció el compromiso argentino.^[50] Una vez liberadas, las rehenes Clara Rojas y Consuelo González, viajaron a la Argentina para agradecer a la presidenta las gestiones que contribuyeron a su liberación.^[51] Lo mismo hizo Ingrid Betancourt en diciembre de 2008,^[52] luego de ser liberada en julio de ese año, oportunidad en la que le manifestó a la presidenta Fernández:

Disculpas de la CIA por un anuncio sobre inestabilidad en Argentina

El 25 de febrero de 2009, en la primera conferencia de prensa que realizó el nuevo director de la CIA, Leon Panetta, designado por el presidente Barack Obama, el funcionario al responder a una pregunta, se refirió a la Argentina, Ecuador y Venezuela, al citar a un informante no identificado que insistió en señalar que «hay algunos problemas serios a los que tenemos que prestar atención en América Latina que involucran inestabilidad económica».^[53]

La presidenta Cristina Fernández inmediatamente dio órdenes al ministro de Relaciones Exteriores para que repudie las declaraciones del jefe de la CIA y pida explicaciones al gobierno de Estados Unidos. El ministro Jorge Taiana convocó al embajador estadounidense y expresó en declaración de prensa:

El 27 de febrero, Leon Panetta ―director de la CIA―, se comunicó con el embajador argentino en Estados Unidos, Héctor Timerman, para pedir disculpas al gobierno y al pueblo argentino, así como para también confirmar que el dato conflictivo se lo había comentado un «funcionario latinoamericano», cuya identidad no reveló.^[55]

Ese mismo día, el embajador estadounidense en la Argentina, Earl Anthony Wayne, le explicó al ministro Taiana que «los comentarios del director de la CIA no fueron una expresión de la opinión del gobierno de los Estados Unidos sobre la Argentina», confirmando también que los mismos provinieron de un funcionario extranjero que no identificó. En la misma reunión, el embajador Wayne organizó con el ministro Taiana, una agenda de trabajo conjunto de la presidenta Fernández y el presidente Obama en la reunión del Grupo de los 20.^[55]

Gestiones con Cuba para autorizar a Hilda Molina a salir de ese país

Entre las gestiones humanitarias llevadas adelante por la presidenta Fernández se encuentran las que realizara ante el gobierno de Cuba para que éste autorizara a la médica Hilda Molina a salir de ese país, con el fin de visitar a su madre enferma, a su hijo y a sus dos nietos argentinos, residentes en la Argentina. Cristina Fernández había iniciado las gestiones en 2004, hasta que el 12 de junio de 2009 el gobierno cubano emitió la autorización solicitada. El 14 de junio, Hilda Molina llegó a la Argentina, agradeciendo a la presidenta y al pueblo argentino por las gestiones realizadas.^[56]

Propuesta argentina y resolución del Mercosur para flexibilizar la patente de la vacuna contra la gripe A

En la Cumbre del Mercosur realizada el 24 de julio de 2009, la presidenta de Argentina Cristina Fernández reclamó «una suerte de levantamiento o suspensión en materia de derecho de patente» de la vacuna contra la gripe A (H1N1), para poder atender a todas las personas afectadas por la pandemia de gripe A (H1N1) de 2009 a precios socialmente razonables, debido a que el laboratorio que tiene el monopolio de la patente no tiene la capacidad para producir de inmediato todas las vacunas que se necesitan. Fernández informó también que tanto la Argentina como Brasil estaban en condiciones de comenzar sin dilaciones a producir la vacuna contra el virus.^[57]

Ese mismo día los jefes de gobierno del Mercosur ampliado (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Venezuela, Paraguay y Uruguay) aceptaron la propuesta argentina y emitieron una decisión, considerada inédita por la prensa, en la que exigieron la «flexibilización» de las reglas internacionales sobre patentes a fin de permitir la fabricación de la vacuna cuando un país afectado por la pandemia lo necesite.^[58] Textualmente la resolución aprobada por la Cumbre del Mercosur dice:

Posición y acciones ante el golpe de Estado en Honduras

El 28 de junio de 2009, ante el golpe de Estado en Honduras que destituyó al presidente constitucional Manuel Zelaya, la presidenta Fernández adoptó una estricta política de condena, definiendo la acción como un «retorno a la barbarie»^[60] y un «golpe cívico mediático»,^[61] y propuso desconocer tanto a las autoridades golpistas, como al gobierno surgido de las elecciones convocadas por el gobierno golpista, reclamando la restitución del presidente depuesto. La posición argentina fue coordinada con Brasil, y se impuso como posición general en el Mercosur, la Unasur y la OEA.^[62]

Acciones por la soberanía de las islas Malvinas

El 3 de febrero de 2010 la cancillería argentina realizó una protesta formal ante la decisión de Gran Bretaña de instalar una plataforma marítima para explorar yacimientos petrolíferos en el área de las Islas Malvinas. La Argentina reclama la soberanía sobre las islas Malvinas que ejerció hasta 1833, cuando fue ocupada por Estados Unidos y Gran Bretaña sucesivamente. Actualmente, las islas Malvinas se encuentran entre los territorios no autónomos a ser descolonizados bajo supervisión de las Naciones Unidas.^[63]

Ese mismo día altos dirigentes de la oposición se reunieron en Gran Bretaña con el gobierno para consolidar relaciones con ese país, entre ellos los diputados Adrián Pérez, de la Coalición Cívica, y Oscar Aguad, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. Los legisladores argentinos fueron severamente cuestionados por el gobierno de Cristina Fernández, por «prestarse a una operación política» británica, con el fin de apoyar la escalada británica en la disputa por la soberanía de las islas.^[64]

La presidenta Cristina Fernández respondió a la decisión británica con una prohibición de utilizar puertos argentinos para proveer bienes a las islas Malvinas y solicitó el apoyo al reclamo argentino por parte de los demás países latinoamericanos.

Los 32 países latinoamericanos y del Caribe manifestaron por unanimidad su apoyo a los «legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativa a la cuestión de las islas Malvinas», en ocasión de la II Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo, realizada el 23 de febrero, y declararon que la presencia inglesa en esos territorios constituyen una «intrusión».^[65] El gobierno argentino puso de manifiesto que el apoyo a la Argentina incluye a varias naciones que fueron colonias inglesas e integran el Commonwealth británico, como Jamaica, Barbados y Belice. En su discurso ante la cumbre, Cristina Fernández denunció que:

Finalmente, el 1 de marzo de 2010, la secretaria de Estados de los Estados Unidos, Hilary Clinton, realizó una visita a la Argentina donde recibió con agrado el pedido de Cristina Fernández para mediar ante Gran Bretaña. Hillary Clinton dijo que el diferendo por las Malvinas es un «asunto que debe ser resuelto entre el Reino Unido y Argentina» y «si hay alguna manera en que podemos ayudar para facilitar este esfuerzo, estamos listos a hacerlo».^[67]

Tanto la postura Hillary Clinton, como el apoyo unámime de los países latinoamericanos y caribeños, ha sido considerada como un triunfo histórico para la posición argentina y causó «desconcierto y consternación» en Gran Bretaña.^[68]

Visita a la Argentina de Hillary Clinton

El 1 de marzo de 2010, la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hilary Clinton, realizó una visita a la Argentina donde se entrevistó con la presidenta Fernández, para luego dar ambas una conferencia de prensa. Ambos países ajustaron coincidencias orientadas a temas como la ayuda humanitaria ante el terremoto de Haití de 2010, la lucha contra el terrorismo internacional, las políticas de estímulo frente a la crisis económica mundial de 2008-2010 y los programas de seguridad nuclear. Un hecho destacado de la reunión fue el pedido de mediación a Hillary Clinton por parte de Cristina Fernández, y la manifestación de aquella de estar dispuesta a hacer lo que sea necesario para que Argentina y Gran Bretaña se sienten a negociar. En la reunión también se plantearon las diferencias frente a la posición de ambos países ante la situación en Honduras. Finalmente, en la conferencia de prensa, Hillary Clinton felicitó al gobierno argentino por su política de desendeudamiento y el bajo nivel de deuda externa alcanzado.^{[67] [69] [70]}

Desagravio al Paraguay

En 2007, cuando Cristina era primera dama, elogió en un discurso público al presidente paraguayo Francisco Solano López (1826-1870), calificando a la Triple Alianza como una triple traición a los intereses de Latinoamérica frente a los imperialismos. A ello se sumó el 14 de septiembre de 2007 la imposición del nombre «Mariscal Francisco Solano López» al Grupo de Artillería Blindado 2, una unidad militar del Ejército Argentino con asiento en Rosario del Tala (provincia de Entre Ríos).^[71]

Frente a esto, el diario La Nación respondió con una editorial, firmada por su director, tataranieto del general Bartolomé Mitre, fundador del mismo diario, en que comparaba a Solano López con Adolfo Hitler. Este editorial provocó una respuesta enérgica en la intelectualidad paraguaya y también entre intelectuales de izquierda en general.^{[72] [73] [74]}

Al respecto, la presidenta Cristina Fernández expresó:^[75]

El 25 de febrero de 2010, durante la innauguración de la represa de Yacyretá, la presidenta mencionó la devolución por parte de Juan Domingo Perón de los trofeos de la Guerra de la Triple Alianza. También lo contextualizó como una señal de amistad con el Paraguay.

Desagravio al Perú

El 22 de marzo de 2010 la presidenta Fernández viajó al Perú con el objetivo central de desagraviar a ese país y normalizar las relaciones, luego de que el expresidente Carlos Menem y el exministro Domingo Cavallo, realizaran en 1995 una operación de contrabando de armas a Ecuador, realizada de manera ilegal y encubierta cuando esos países mantenían un conflicto limítrofe con episodios de enfrentamiento armado, dañando seriamente las relaciones entre la Argentina y el Perú.^[76]

La Argentina y el Perú han mantenido una continuada política de alianzas desde los tiempos de la independencia, compartiendo incluso al mismo padre de la patria, José de San Martín. El Perú, por su parte, dio una fuerte muestra de su solidaridad con Argentina, cuando durante la Guerra de Las Malvinas (1982), ofreció armamentos y combatientes para enfrentar a Gran Bretaña, acto que la sociedad argentina ha valorado en alto grado. Por estas razones la operación del expresidente Menem había sido vista como una traición histórica de la Argentina contra el Perú.^[76]

En esa oportunidad Cristina Fernández se entrevistó con el presidente del Perú Alan García manifestando:

El presidente Alan García, por su parte, expresó:

La Unasur elige secretario general al expresidente Kirchner

El 3 de mayo de 2010, la política exterior del gobierno argentino logró que el expresidente Néstor Kirchner fuera elegido por unanimidad como primer secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas.^[78]

Discurso ante el 2.º Congreso de la Confederación Sindical Internacional

El 24 de junio de 2010 la presidenta Cristina Fernández fue invitada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) a hablar ante su segundo Congreso, celebrado en Vancouver (Canadá). Su presencia ante la máxima instancia del movimiento obrero mundial, se produjo en momentos que el sindicalismo internacional estaba luchando por incluir una agenda favorable a los trabajadores en el G20, con el fin de dar paso a un nuevo modelo de crecimiento con justicia social, que reemplace al neoliberalismo.

Luego de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hablara ante la Confederación Sindical Internacional (CSI), su nueva presidenta, la australiana Sharan Barrow dijo las siguientes palabras:

Otras áreas

Política ambiental

El 10 de noviembre de 2008, se publicó en el Boletín Oficial el decreto 1837/08, a través del cual la presidenta vetó la ley 26.418, mejor conocida como Ley de los Glaciares, que había sido aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados (136 votos afirmativos, 3 abstenciones y 121 ausencias),^[80] y con tres votos en contra en el Senado.^[81]

Este proyecto de ley, proponía principalmente la regulación de las actividades permitidas en los glaciares y su entorno, prohibiendo absolutamente las actividades industriales y mineras, la construcción de obras de arquitectura e infraestructura (con excepción de las científicas) y la liberación de sustancias contaminantes sin importar el volumen de las mismas.^[82]

El veto fue fundamentado por el Poder Ejecutivo Nacional en el hecho de que la prohibición de actividades que realiza «el Proyecto de Ley sancionado, al disponer sobre recursos provinciales, excede el alcance de las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución Nacional», haciendo referencia al régimen federal que establece la Constitución y la autonomía que la misma garantiza a las provincias. El decreto menciona al respecto la «preocupación» manifestada por algunos «gobernadores de la zona cordillerana» ya que el texto sancionado «repercutiría negativamente en el desarrollo económico y en las inversiones que se llevan a cabo en dichas provincias» e invita a los legisladores y gobernadores a resolver la cuestión mediante la constitución de «un foro interdisciplinario para la discusión de las medidas a adoptar en orden a la protección de los glaciares y del ambiente periglacial».^[83]

En 2010 se votó y sancionó una nueva ley de glaciares que fue promulgada el 28 de octubre. Dicha ley 26.639 establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los glaciares constituyen bienes de carácter público.^[84] El 28 de febrero de 2011 se reglamentó la ley estableciéndose los presupuestos mínimos y la inmediata confección de un inventario de glaciares.

Política de derechos humanos

Inauguración del Jardín de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo en París. En la foto de izquierda a derecha: la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela B. de Carlotto, la presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y el alcalde de París (7 de abril de 2008).

Durante su presidencia, Cristina Fernández continuó con la política de derechos humanos del presidente Néstor Kirchner (2003-2007), que se había caracterizado por promover la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, impulsadas por el presidente Raúl Alfonsín (1983-1989), y los indultos del presidente Carlos Menem (1989-1999) que impidieron juzgar a los autores de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983).

La política de derechos humanos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ha sido uno de los aspectos centrales de sus presidencias. La misma, en general, contó con un abierto apoyo de varias organizaciones de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo, e inversamente ha sido objeto de fuertes críticas por parte de las asociaciones que defienden el accionar de las fuerzas armadas durante la dictadura, así como por los principales partidos de oposición.

El 1 de marzo de 2008, al inaugurar formalmente el período de sesiones del Congreso, Fernández cuestionó la lentitud del avance de los juicios por crímenes de lesa humanidad:

La referencia de la presidenta Fernández a la demora de la Justicia para resolver las causas por delitos contra la humanidad, estaba relacionada con la crítica a la Cámara de Casación Penal realizada por el entonces presidente Kirchner, el 26 de marzo de 2007, por la gran demora en resolver los recursos que presentaban sistemáticamente los represores acusados, causando la parálisis de casi todas las causas.^{[86] [87]} En esa oportunidad Kirchner había sido muy cuestionado por criticar a la Cámara de Casación, por parte de algunos conocidos juristas y políticos opositores.^[86]

El discurso de Cristina Fernández fue cuestionado en ese momento por la jueza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carmen Argibay, atribuyendo las demoras a la falta de recursos:

El 17 y 18 de diciembre de 2008, la Sala II de la Cámara de Casación Penal, integrada por W. Gustavo Mitchell, Guillermo J. Yacobucci y Luis M. García, por dos votos contra uno (Mitchell), ordenó la liberación de 21 represores acusados de delitos de lesa humanidad en la megacausa ESMA, entre ellos Alfredo Astiz, condenado a prisión perpetua en Francia, argumentando que se había excedido el plazo legal máximo de prisión preventiva autorizado por la ley.^{[89] [90]}

La decisión fue severamente cuestionada por Cristina Fernández el mismo día que se dieron a conocer los fallos, en un acto realizado precisamente en la ESMA, transformada en centro para la memoria:

El fallo también fue criticado por dirigentes políticos de diversas tendencias y activistas de derechos humanos. Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, sostuvo que el fallo era «una cachetada, una vergüenza».^[92] Por su parte, la diputada Victoria Donda, nacida y despojada de su identidad en la ESMA, acusó al tribunal: «No me sorprende, porque es precisamente esta Cámara de Casación Penal la que tiene una estrategia de beneficiar a los genocidas».^[92] Ragmar Hagelin, padre de la adolescente Dagmar Hagelin desaparecida en la ESMA, definió el fallo como «un sacrilegio», «una cachetada en cada mejilla del pueblo argentino» y sostuvo que «es una vergüenza nacional que haya jueces que a esta altura de los hechos tomen una decisión semejante».^[93]

Ante el fallo, el Poder Ejecutivo Nacional ordenó presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, suspendiendo así la liberación de los represores y solicitar en el Consejo de la Magistratura el juicio político contra los dos jueces (Yacobucci y García) que votaron a favor en la decisión.^[94]

El 29 de diciembre de 2008 la Corte Suprema tomó medidas para agilizar los juicios de lesa humanidad y simultáneamente culpó al gobierno y al Congreso por las demoras. Mediante una acordada, la Corte reclamó a los juzgados de todo el país la agilización de los juicios por violaciones a los derechos humanos acontecidas durante la última dictadura militar,^[95] mientras que el juez Carlos Fayt, respondió a las críticas contra la Cámara de Casación, atribuyéndole la culpa al Congreso Nacional y al gobierno:

La Corte también creó en esa ocasión una unidad de superintendencia con facultades especiales para monitorear causas pendientes, pedir información a los jueces sobre avances y demoras en los procesos y establecer medidas que eviten demoras.^[97] En la misma ocasión invitó a los demás poderes públicos, el Ejecutivo y el Legislativo, así como al Ministerio Público Fiscal, a que aceleren las causas.^[95]

Al día siguiente, Julio César Strassera, quien fuera fiscal de los Juicios a las Juntas Militares durante el gobierno de Raúl Alfonsín, acusó al gobierno de estar demorando la causas de derechos humanos para utilizarlas como una bandera.^[98]

En 2009, el Poder Judicial anunció el envío a juicio oral de varias causas de crímenes de lesa humanidad. Entre ellas se fijó fecha para el 10 de octubre, en el Tribunal Oral Federal Nº 5, para dos de los diez tramos de la megacausa ESMA, correspondientes a la desaparición de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon y del periodista Rodolfo Walsh, donde serán enjuiciados Astiz, Acosta, Rolón, Pernías, entre otros represores.^[99]

El 24 de marzo de 2010 la presidenta Fernández anunció que apoyaría a las Abuelas de Plaza de Mayo en caso de que estas decidieran denunciar al Poder Judicial argentino ante tribunales internacionales, debido a las maniobras dilatorias e irregulares en la causa contra Ernestina Herrera de Noble, propietaria del multimedio Clarín, por el presunto secuestro y robo de identidad de dos hijos de desaparecidos a los que haría pasar como hijos, una de las causas más demoradas dentro de las investigaciones relacionadas con el tráfico de bebés en el Proceso de Reorganización Nacional.

Televisación del deporte

El 11 de agosto de 2009, luego de que la Asociación del Fútbol Argentino rompiera su contrato de televisación con la empresa TyC Sports, el gobierno nacional le propuso la adquisición de los derechos ofreciendo 600 millones de pesos (el contrato anterior con TyC era de 268 millones de pesos). La principal condición sería la transmisión de todos los partidos en directo.^[100] y que el excedente de ganancia por publicidad y comercialización se destine al deporte amateur.

El 24 de febrero de 2011 la presidenta, a través del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, firmó un convenio por el cual se liberó la transmisión de todos los eventos deportivos de interés masivo. Entre los eventos acordados se destacan la participación argentina en campeonatos mundiales, olímpicos y panamericanos, todas las instancias finales de esos torneos, torneos de fútbol organizados por la Confederación Sudamericana. Encuentros de fútbol Nacional B, Argentino A, Argentino B, Argentino C y torneo del Interior donde el equipo participante tenga relevancia. Turismo Carretera, TC2000 y Top Race. Liga Nacional de Básquet y los torneos locales de Rugby y Voley para la zona donde el equipo tenga relevancia.

La liberación de la transmisión del deporte se justifica en la manifestación cultural que representan y su aporte a la educación y fomento de la vida sana.

Nueva ley de medios audiovisuales

En 2007 Cristina Kirchner prometió en su plataforma electoral presentar un proyecto de ley de radiodifusión que reemplazara la sancionada por la dictadura militar en 1980.^[101] El punto había sido incluido también en la plataforma electoral de Néstor Kirchner, pero finalmente no fue realizado durante su mandato.^[101]

El 18 de marzo de 2009 la presidenta Fernández hizo público su proyecto de Ley de Radiodifusión en el Teatro Argentino de La Plata,^[102] tomando como base los 21 Puntos consensuados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática.^[103] Algunos partidos políticos de oposición solicitaron que el proyecto no fuera presentado al Congreso Nacional antes de las elecciones parlamentarias del 28 de junio.

El 27 de agosto de 2009 el proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados y fue aprobado (media sanción) el 15 de septiembre.^[104] Finalmente el proyecto fue transformado en ley por la Cámara de Senadores en sesión del 9 de octubre, como Ley Nº 26.522.^[105]

El proyecto contó con el apoyo unánime de los diputados del oficialismo (Bloque Frente para la Victoria-Partido Justicialista), y de varios partidos de la oposición, como el Partido Socialista, el Proyecto Sur, Encuentro Popular y Social (sabatellismo), Solidaridad e Igualdad (SI), Partido Nuevo Contra la Corrupción (juecismo), Partido de la Concertación FORJA, entre otros.^[106] El proyecto recibió también el rechazo de varios partidos de la oposición, como la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, Propuesta Republicana (macrismo) y el peronismo disidente (duhaldismo, felipismo, De Narváez, etc), entre otros.^[106]

El proyecto fue apoyado también por las dos centrales sindicales (CGT y CTA),^{[107] [108] [109]} así como por los sindicatos de los trabajadores de los medios de comunicación audiovisuales.^{[110] [111]} El proyecto también contó con el apoyo del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, de organizaciones de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Abuelas de Plaza de Mayo, y de la Federación Universitaria Argentina.^[112]

El proyecto también contó con el apoyo de organizaciones internacionales como la que expresó Frank La Rue, relator de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas,^[113] la FEPALC (Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe)^[114] y la OCLAE (Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes Región Cono Sur),^[112] entre otras.

En sentido contrario el proyecto fue rechazado por las cadenas de medios de comunicación más grandes del país, como el multimedio Clarín y el Grupo Uno. También expresó su rechazo al proyecto la ADEPA (Asociación de Empresas Periodísticas), dirigida por estos grupos.

El proyecto establece que las frecuencias de radio y televisión son un bien público y que deben ser entregadas a quienes pretendan utilizarlas, mediante concurso público por plazos de 10 años, prorrogables por otros 10. Se divide a los emprendimientos de comunicación audiovisual en tres tipos:

• Medios comunitarios (organizaciones sin fines de lucro).
• Empresas privadas con fines de lucro
• Medios públicos (estado nacional, provincias, municipios y universidades públicas).

Se reserva un tercio del espectro para las licencias correspondientes al primer tipo, es decir, los medios operados sin fines de lucro.

La ley establece límites estrictos para impedir la concentración monopólica y oligopólica de medios, poniendo un tope de 10 licencias (anteriormente era de 24) y manteniendo también la prohibición actual a las empresas telefónicas; el levantamiento de esta restricción fue propuesto, pero luego retirado (como concesión hacia partidos de oposición de centroizquierda). Se obliga a los propietarios y directivos de medios a respetar la libertad de expresión y el pluralismo. Se establecen garantías para los usuarios y normas especiales de protección y fomento de medios de comunicación bajo dirección de los pueblos originarios. Regula con detalle la formación de redes de medios y establece límites precisos de producción y contenidos locales y provinciales, para evitar que los medios se conviertan en meras repetidoras de medios ubicados en la Capital Federal u otros países y fortalecer la existencia de medios y profesionales locales. Dispone una difusión mínima de un 70% de producción nacional, 30% de música nacional y un 50% de música grabada por productoras independientes, así como regulaciones para la extensión y forma en que debe difundirse la propaganda comercial (límites de tiempo y obligación de tanda). Cada canal de televisión deberá estrenar un mínimo de 6 películas nacionales por año. Una radio temática (por ejemplo de música clásica, o de jazz) igualmente puede solicitar permiso para emitir una proporción mayor de producción extranjera.

Se creó la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), que reemplazó al COMFER y que se organizó como organismo autárquico dentro del ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. En el proyecto original la AFSCA era dirigida por un directorio de cinco funcionarios: tres por el Poder Ejecutivo Nacional y dos por la segunda y tercera minorías parlamentarias. La composición de la AFSCA se modificó en el debate parlamentario, quedando integrado por siete miembros: dos por el Poder Ejecutivo, tres por el Congreso (uno para cada una de las tres primeras minorías) y dos elegidos por el Consejo Federal (uno de los cuales debe ser representar a una universidad nacional). La AFSCA tiene también un Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, de carácter consultivo, integrado por las provincias, universidades y organizaciones sociales. La AFSCA será controlada por una Comisión Parlamentaria Bicameral. Se crea también al Defensor del Público y varios registros públicos con el fin de trasparentar la información (Accionistas, Licencias y autorizaciones, Señales y productoras, Agencias de publicidad y productoras publicitarias).

A marzo de 2011 se encuentra suspendida la aplicación de los artículos que obligan a la desinversión por parte de los multimedios. Hecho impulsado por el Grupo Clarín a través de presentaciones judiciales a las que se le ha dado lugar.

Despenalización de las calumnias e injurias para expresiones de interés público

El 11 de septiembre de 2009 la presidenta Fernández presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley con el fin de despenalizar las calumnias e injurias para expresiones de interés público.^{[115] [116]} El proyecto se relaciona con la libertad de expresión y la libertad de prensa y respondió a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2 de mayo de 2008, en el caso Eduardo Kimel c/ Argentina, al periodista argentino Eduardo Kimel, condenado a un año de prisión, en el año 2000, por sus cuestionamientos a un juez realizadas en una investigación periodística sobre la masacre de los sacerdotes palotinos en la iglesia de San Patricio en 1976, durante la dictadura militar que gobernaba en ese momento, publicada como libro bajo el título de La masacre de San Patricio.^[115]

El proyecto propuso derogar el artículo 112 del Código Penal vigente en ese momento, que establecía el llamado «delito de calumnias o injurias encubiertas»,^[117] y agregar en el texto de los restantes artículos referidos a los delitos de calumnias e injurias, que «en ningún caso configurarán delito las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas».^[115] El proyecto adoptó una posición radical en la materia, despenalizando absolutamente todo tipo de expresiones, cuando estén referidas a asuntos de interés público o no sean asertivas. De ese modo el proyecto fue más allá de la doctrina de la real malicia, que había establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Fallo Morales Solá,^[118] y que sostiene que en el caso de los periodistas, había que probar que sabían que la noticia era falsa, o al menos, que tuvieron una notoria imprudencia el momento de verificar su veracidad como no haber 'chequeado' las fuentes.^[119]

El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 28 de octubre de 2009,^{[120] [121]} con 154 votos a favor, 12 en contra (de ellos 4 de Propuesta Republicana-PRO), 2 abstenciones, y la ausencia de 91 diputados.^{[122] [123]} En el Senado el proyecto fue votado el 18 de noviembre de 2009, siendo aprobado por unanimidad de los 51 senadores presentes, aunque estuvieron ausentes 21 senadores.^[124]

El Comité para la Protección de los Periodistas, entidad internacional con sede en Nueva York, felicitó a las autoridades argentinas por la sanción de la ley, señalando que «es un paso importante hacia el avance de la libertad de expresión en Argentina y marca un hito en la campaña para despenalizar la difamación en América Latina».^[125]

Festejos del Bicentenario

En la ciudad de Buenos Aires, el gobierno nacional organizó el principal evento conmemorativo del aniversario de la Revolución de Mayo, que se desarrolló principalmente en un tramo de la más importante arteria de la ciudad, la Avenida 9 de Julio. El festejo comenzó el día 21 de mayo y finalizó el 25 de mayo, «día del Bicentenario». Si bien la conmemoración se realizó durante todo 2010 en el país, este evento fue el único en el que se encontraron representadas las provincias y países invitados.^[126]

Ministerios

El miércoles 14 de noviembre de 2007, aún en la etapa de transición, se dio a conocer el gabinete de ministros para su gobierno. De los 12 elegidos, 7 ya ocupaban carteras en el gobierno de Néstor Kirchner y 5 asumieron por primera vez un ministerio.

Jefatura de Gabinete y Ministerios del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner
Cartera	Titular	Período
Jefatura de Gabinete de Ministros	Aníbal Fernández Sergio Massa Alberto Fernández	8 de julio de 2009 - en el cargo 23 de julio de 2008 - 7 de julio de 2009 10 de diciembre de 2007 – 23 de julio de 2008
Ministerio del Interior	Florencio Randazzo	10 de diciembre de 2007 – en el cargo
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	Héctor Timerman Jorge Taiana	22 de junio de 2010 – en el cargo 10 de diciembre de 2007 - 19 de junio de 2010
Ministerio de Defensa	Arturo Puricelli Nilda Garré	15 de diciembre de 2010 - en el cargo 10 de diciembre de 2007 – 10 de diciembre de 2010
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	Amado Boudou Carlos Fernández Martín Lousteau	8 de julio de 2009 – en el cargo 25 de abril de 2008 – 7 de julio de 2009 10 de diciembre de 2007 - 25 de abril de 2008
Ministerio de Industria	Débora Giorgi	26 de noviembre de 2008 – en el cargo[127]
Ministerio de Turismo	Enrique Meyer	1 de julio de 2010 – en el cargo
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	Julio de Vido	10 de diciembre de 2007 – en el cargo
Ministerio de Seguridad	Nilda Garré	15 de diciembre de 2010 - en el cargo
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	Julio Alak Aníbal Fernández	8 de julio de 2009 – en el cargo 10 de diciembre de 2007 – 7 de julio de 2009
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	Carlos Tomada	10 de diciembre de 2007 – en el cargo
Ministerio de Salud y Ambiente	Juan Luis Manzur Graciela Ocaña	29 de junio de 2009 - en el cargo 10 de diciembre de 2007 – 29 de junio de 2009³
Ministerio de Desarrollo Social	Alicia Kirchner	10 de diciembre de 2007 – en el cargo
Ministerio de Educación	Alberto Sileoni Juan Carlos Tedesco	20 de julio de 2009 - en el cargo 10 de diciembre de 2007 – 20 de julio de 2009
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	Lino Barañao	10 de diciembre de 2007 – en el cargo
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación	Julián Domínguez	1 de octubre de 2009 – en el cargo

Secretarías de Estado

Secretarías de Estado del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner
Cartera	Titular	Período
Secretaría General	Oscar Parrilli	10 de diciembre de 2007 – en el cargo
Secretaría Legal y Técnica	Carlos Zannini	10 de diciembre de 2007 – en el cargo
Secretaría de Inteligencia del Estado	Héctor Icazuriaga	10 de diciembre de 2007 - en el cargo
Secretaría de Cultura	Jorge Coscia José Nun	8 de julio de 2009 - en el cargo 10 de diciembre de 2007 – 8 de julio de 2009
SEDRONAR	José Ramón Granero	10 de diciembre de 2007 - en el cargo

Crítica

Título universitario

Durante la campaña electoral en la que fue elegida presidenta, el abogado Sergio Bergenfeld (presidente de la ong Defensa Ciudadana) y el periodista Christian Sanz (jefe de redacción del periódico Tribuna) denunciaron ante la justicia penal a Cristina Fernández de Kirchner sosteniendo que el título de abogada emitido por la Universidad Nacional de La Plata se encuentra falsificado.^{[128] [129]}

En dicho proceso, la UNLP (Universidad Nacional de La Plata) remitió la documentación oficial que acreditaba el título de Cristina Kirchner, ratificando que la presidenta se graduó en esa casa de estudios en 1979.^{[130] [131]} Quedó así en evidencia la falsedad de la denuncia.^[132]

Conflicto con Estados Unidos por el escándalo de Antonini Wilson

Tres días después de asumir el mando, un fiscal federal de los Estados Unidos, comprometió a la presidenta Fernández de Kirchner, en un sonado caso de contrabando de dinero, al sostener públicamente que el mismo estaba destinado a su campaña electoral y había sido enviado por el gobierno de Venezuela.^{[133] [134]} El anuncio provocó una dura respuesta de la presidenta que calificó el hecho como una «operación basura» proveniente de los «basurales de la política internacional», impulsado por países que, «más que países amigos, quieren países empleados y subordinados», para ratificar su decisión de profundizar las relaciones de unidad con los demás países de América Latina. La respuesta de la presidenta significó un deterioro en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Argentina, las cuales comenzaron a recomponerse a principios de febrero del 2008 tras una reunión de la presidenta con el embajador Anthony Wayne.^[135]

Cambios en las retenciones a la exportación y el paro agropecuario

El 11 de marzo de 2008, en un contexto de fuerte aumento nacional e internacional del precio de los alimentos, influenciados por los movimientos especulativos en los mercados de commodities de los Estados Unidos en los momentos previos a la declaración abierta de la crisis económica de 2008-2009, el ministro de Economía, Martín Lousteau, anunció un nuevo sistema de retenciones móviles a las exportaciones de cuatro productos y sus derivados: soja, girasol, maíz y trigo.^[136] La medida tenía como objetivo atenuar las oscilaciones bruscas de los precios internacionales, combatir la llamada «sojización» del campo argentino y preservar la «política de dólar alto».^[136] Adicionalmente se anunciaron incentivos para la industria lechera y una mesa de negociación para el sector de la carne bovina.

La medida significó, en lo inmediato, un incrementó de la tasa de retención sobre la soja y el girasol, reduciéndose levemente las correspondientes al maíz y al trigo.^[137] La Resolución 125 fue rechazada de plano por las cuatro organizaciones que reúnen al sector empleador de la producción agro-ganadera en la Argentina, las que, a partir del 13 de marzo, declararon un paro patronal con bloqueos de rutas, que se extendería durante 129 días.^[138] El conflicto se agravó el 25 de marzo, cuando las patronales agroganaderas decidieron que el paro fuera «por tiempo indeterminado», hasta que el gobierno dejara sin efecto el incremento dispuesto, frente a lo cual la presidenta Cristina Fernández declaró que no negociaría hasta que el lock out fuera levantado.^[139] El paro afectó el comercio nacional e internacional, principalmente de alimentos y el abastecimiento de las ciudades.

El agravamiento del conflicto llevó a que miles de manifestantes en todo el país salieran a las calles tanto para oponerse como para apoyar las medidas del gobierno. En el curso de las manifestaciones se produjeron enfrentamientos entre partidarios de ambas posiciones.^[140] Durante el conflicto se produjo la renuncia del ministro de Economía Martín Lousteau, autor de las medidas cuestionadas.^[141]

El 17 de junio la presidenta Fernández envió al Congreso un proyecto de ley sobre las retenciones a las exportaciones de granos y las compensaciones a los pequeños productores, con el fin de que sea el Poder Legislativo el que resuelva en definitiva la situación. En la madrugada del 17 de julio, la Cámara de Senadores, en una votación que debió ser desempatada por el vicepresidente de la Nación, rechazó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que había sido previamente aprobado con modificaciones por la Cámara de Diputados. El 18 de julio la presidenta de la Nación ordenó dejar sin efecto la Resolución 125/08, luego de lo cual uno de los dirigentes ruralistas dio por terminado el conflicto.^{[142] [143]}

Imagen del gobierno y la oposición

El paro de las patronales agropecuarias de 2008 y la derogación del sistema de retenciones móviles por el Congreso, significó una importante caída de la imagen de Cristina Fernández, sobre todo entre los sectores medios y altos. Debido a ello, al finalizar el conflicto, algunos medios de comunicación y políticos opositores sostuvieron que el kirchnerismo era «un cadáver político al que solamente faltaba ponerle fecha de entierro».^[144]

Pasados unos meses y ya iniciada la crisis económica mundial de 2008, también la oposición habría alcanzado altas tasas de imagen negativa, aunque ciertas figuras opositoras como el vicepresidente Julio Cobos superaban largamente en popularidad.^[144]

A pesar de la caída de su imagen positiva, a fines de noviembre de 2008 era la candidata preferida por los argentinos ―según una encuesta realizada por Canal 26 en su página web― en la cual figura con el 32,43% de las preferencias, seguida por Elisa Carrió con 23,67% y Mauricio Macri con el 23,39%.^[145]

Sin embargo, en febrero de 2009, la imagen negativa de la presidenta creció del 39% al 41%, mientras que la imagen positiva se mantuvo sin cambios en un 29%.^[146] La evolución se produjo en el contexto de la fuerte recesión global, lo que acarrea un enfriamiento de la actividad económica; el crecimiento de los reclamos de transparencia en el manejo del Indec; el inicio de la epidemia de dengue; la creciente inseguridad; los cuestionamientos a algunos de los funcionarios más controvertidos del gobierno como el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y el secretario de Comercio Guillermo Moreno; etc. Los sectores donde se registró mayor apoyo a la presidenta fueron los mayores de 30 años y los de menor nivel educativo.^[146] Geográficamente, el sector donde se registra la mayor tasa de imagen positiva es el conurbano bonaerense, donde predomina la actividad industrial, con un 38%, en tanto que la más baja se registró en la región agrícola pampeana, con un 20% de imagen positiva.^[146] La encuesta fue realizada telefónicamente sobre una muestra de 1000 casos, entre el 3 y el 12 de febrero de 2009.^[146]

Un sondeo de la encuestadora CEOP publicado en noviembre de 2009 ubica la imagen positiva de la presidenta entre el 46% y el 52%.^[147]

En enero de 2010 la empresa mexicana Consulta Mitofsky, en su evaluación anual de mandatarios, sin citar fuente de datos ni explicar la metodología empleada, ubicó a la presidenta Fernández en el grupo de mandatarios con evaluación muy baja, con 35%, junto a los presidentes de Canadá (26%), Perú (26%) y Nicaragua (26%).^[148]

En marzo de 2011, una encuesta de Ipsos-Mora y Araujo, publicada en los diarios Perfil de Argentina y El Mundo de España, ubicó un a Fernández con un 64% de imagen positiva.^{[149] [150]}

En 2009, Fernández de Kirchner fue considerada por la revista Forbes como la undécima entre las cien mujeres más poderosas del mundo.^{[151] [152]} Ascendió dos posiciones más con respecto al año anterior, 2008.^[153] Aunque actualmente está ocupando el puesto número 68 en dicho ránking.^[154]

Situación del vicepresidente

Cristina Fernández de Kirchner inaugura las sesiones ordinarias del Parlamento Argentino (1.º de marzo de 2010).

El voto de desempate del vicepresidente Julio Cobos en contra del proyecto de retenciones a las exportaciones agropecuarias de la presidenta, que causó el rechazo del mismo por el Congreso, llevó a una ruptura entre ambos y a un realineamiento político de un sector de los llamados radicales K, liderados por el primero, que se ubicó en la oposición aún sin dejar de ocupar el cargo de vicepresidente.

Pocos días antes, Elisa Carrió ―una de las principales dirigentes de la oposición― había acusado a Cobos de formar parte de una conspiración golpista contra la presidenta Fernández, junto con el expresidente Eduardo Duhalde.^[155] El hecho produjo una situación anómala, porque por un lado Cobos se ubicó como uno de los principales referentes de la oposición al gobierno del Cristina Kirchner, pero por otro lado, en su condición de vicepresidente, debe reemplazar a la presidenta cada vez que ésta se ausenta del país, encontrándose en condiciones de tomar en ese caso medidas contrarias a la línea política marcada por la titular del Poder Ejecutivo.

Esta última situación se produjo el 21 de septiembre de 2008, cuando Julio Cobos, en ejercicio de la presidencia de la Nación a causa del viaje de la presidenta a Nueva York, recibió al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, uno de los principales líderes opositores, y transmitió al jefe de Gabinete un reclamo financiero de Macri, con el que la presidenta discrepaba.^[156]

Otro caso similar se produjo en ocasión de la sanción del proyecto de ley presentado por la presidenta Fernández, reestatizando el sistema de jubilaciones y pensiones que había privatizado el presidente Carlos Menem. El proyecto fue aprobado en ambas cámaras del Congreso y, en noviembre de 2008, al momento de ser promulgado como ley por el Poder Ejecutivo, la presidenta se encontraba realizando una gira por África del Norte, razón por la cual estaba siendo reemplazada por el vicepresidente Cobos. En esa circunstancia, el partido PRO (macrismo) le pidió a Cobos que vetara la ley de la presidenta sancionada por el Congreso.^[157]

Esta situación, que permitiría al vicepresidente dejar sin efecto decisiones tomadas por la presidenta, o tomar decisiones que la presidenta desaprueba, generó un debate entre políticos, periodistas y especialistas. Algunos han sostenido que, por razones morales, el vicepresidente debería renunciar.^[158] Otros han reflexionado que la Constitución Nacional no prohíbe que el vicepresidente realice actos opuestos al presidente, y que por lo tanto está habilitado para hacerlo.^[159]

Conflicto por el Fondo del Bicentenario

El 14 de diciembre de 2009, Cristina Fernández creó el Fondo del Bicentenario, un fondo especial para garantizar el pago de los intereses de la deuda externa, creado mediante decreto de necesidad y urgencia (DNU) 2010/2009.^[160]

La intención de la presidenta Fernández fue recurrir a fondos de baja tasa de interés, con el fin de reducir la carga financiera sobre el tesoro nacional y promover la recuperación económica luego de la Crisis económica global de 2008-2009. Algunos partidos opositores criticaron la decisión, defendiendo la «independencia» o la autonomía del Banco Central,^[161] y actuaron en el Congreso Nacional y el Poder Judicial con el fin de dejar sin efecto la medida, dando lugar a un fuerte enfrentamiento entre los tres poderes del país. Adicionalmente, el presidente del Banco Central, Martín Redrado, decidió por su parte no cumplir con el DNU que creó el fondo, originando una seria confrontación con el Poder Ejecutivo Nacional.^[162]

El 29 de enero de 2010, Redrado presentó su renuncia como presidente del Banco Central de la República Argentina,^{[163] [164]} pero el jefe de gabinete Aníbal Fernández, aseguró que la presidenta no se la aceptaría.^[165]

El 3 de febrero de 2010 la destitución de Redrado fue confirmada por una comisión bicameral del Congreso y asumió en su lugar Mercedes Marcó del Pont.^[166] Finalmente la presidenta derogó el decreto de creación del Fondo del Bicentenario, que fue luego declarado nulo por el Congreso, y mediante otro DNU creó otro fondo similar llamado Fondo del Desendeudamiento.^[167]

Referencias

Bibliografía

• GODIO, Julio, y Alberto José ROBLES: El tiempo de CFK. Entre la movilización y la institucionalidad. Buenos Aires: Corregidor, 2008. ISBN 978-950-05-1767-6.
• Russo, Sandra (2011). Daniel Guebel. ed (en español). La Presidenta: historia de una vida (segunda edición). Buenos Aires: Sudamericana. ISBN 978-950-07-3623-7. 

Enlaces externos

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• CasaRosada.gov.ar (portal de la Presidencia de la Nación Argentina).
• CIDOB.org (biografía en el sitio de la fundación CIDOB).
• Cristina.com.ar (sitio oficial).
• Senado.gov.ar (biografía de Fernández de Kirchner en el sitio del Senado de la Nación Argentina).