Gobierno de Salvador Allende

Salvador Allende Gossens
Presidente de la República de Chile
4 de noviembre de 1970 – 11 de septiembre de 1973(Golpe de Estado)
Predecesor	Eduardo Frei Montalva
Sucesor	Junta Militar de Gobierno
Datos personales
Nacimiento	29 de septiembre de 1951 (60 años) Santiago, Chile
Partido	Socialista
Padres	Laura Gossens Uribe Salvador Allende Castro
Cónyuge	Hortensia Bussi Soto
Hijos	Isabel y Laura
Profesión	Médico
Ocupación	Político
Alma máter	Universidad de Chile
Religión	Agnóstica
Firma

El gobierno del Presidente Salvador Allende se comenzó el 4 de noviembre de 1970, siendo dramáticamente interrumpido por un Golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973. Fue electo presidente de Chile en la cuarta oportunidad que postulaba a la presidencia, al triunfar reñidamente en las elecciones de 1970, alcanzando un 36,6%, contra un 34,9% de su prinipal oponente: Jorge Alessandri Rodríguez

Contenido 1 El primer año 2 Ministros de Estado 3 Polarización de la sociedad chilena 4 Desequilibrios económicos 5 El Paro de Octubre 6 1973 6.1 El fallido plebiscito 6.2 Sucesos anteriores al golpe de Estado 6.3 Preparativos del golpe 7 Véase también 8 Referencias

El primer año

El 4 de noviembre, Allende asumió la presidencia en el Congreso Nacional. Después se dirigió a la catedral para asistir al Te Deum ecuménico celebrado por todas las iglesias de Chile.^[1]

La cabeza económica del gobierno fue Pedro Vuskovic, que llevaría a cabo el plan de transición del capitalismo al socialismo. El plan de la Unidad Popular para llegar al «socialismo a la chilena» consistía en los siguientes puntos:^[2]

• Estatización de las áreas «claves» de la economía.
• Nacionalización de la Gran Minería del Cobre.
• Aceleración de la reforma agraria.
• Congelamiento de los precios de las mercancías.
• Aumento de los salarios de todos los trabajadores, pagándolos con emisión de billetes.
• Modificación (con un clima de euforia económica) de la constitución y creación de una cámara única.

Estas acciones combinaban políticas económicas socialistas (estatizaciones) con otras que se enfocaban a obtener una rápida reactivación económica tras una drástica redistribución de la riqueza.^[3] La estatización de las empresas se llevó a cabo con el uso de ciertos resquicios legales (el Decreto Ley Nº 520, de 1932), que databan de la República Socialista y que cayeron en el olvido, aunque mantenían su valor legal. El proceso consistía en que cuando alguna empresa considerada clave de la economía detenía la producción, el Estado la podía intervenir para que volviera a producir. El sistema fue juzgado ilegal por la oposición, pero fue sancionado como legal por la Contraloría General de la República.^[4]

También se utilizaba el sistema de compras de acciones a través de la CORFO (Corporación de fomento de la producción) cuando la empresa era una sociedad anónima.

La nacionalización de la minería se llevó a cabo en cambio con el apoyo unánime de todos los sectores políticos, siendo aprobada su Ley (N° 17.450 promulgada el 15 de julio) por unanimidad en el Congreso Nacional.^[5] A las empresas mineras se les pagaría una indemnización, pero restándole las «utilidades excesivas» que habrían obtenido durante los últimos años, gracias a los bajos (o nulos) impuestos que pagaban, según de una rentabilidad "razonable" del 10% a partir de 1955. Por este sistema, las empresas Anaconda y Kennecott no recibieron un solo peso, y terminaron debiéndole al estado chileno cifras millonarias.^[6] En un discurso durante su visita a Nueva York en 1972 en el marco de una reunión ante las Naciones Unidas, Allende respaldaba la Nacionalización del Cobre argumentando que las empresas mineras norteamericanas Kennecott y Anaconda habían obtenido ganancias cercanas a los 4 mil millones de dólares en las últimas décadas.

Estas acciones del gobierno de Allende motivarían a Richard Nixon y su secretario de Estado, Henry Kissinger, a promover un boicot contra el gobierno de Allende mediante la negación de créditos externos y la petición de un embargo al cobre chileno.^[7] Dos años después del golpe militar que puso fin al gobierno de Allende, la Junta Militar de Gobierno pagó una indemnización de US$250.000.000 a la empresa Anaconda Copper Mining Company, propiedad de las familias Rockefeller y Rothschild.

Para profundizar la reforma agraria, se siguió utilizando la ley de reforma agraria de Eduardo Frei, que tenía varios vacíos legales que la Unidad Popular aprovechó, propiciando la «toma de tierras» por los campesinos, haciendo que la Corporación de la Reforma Agraria (CORA) expropiara los fondos. A finales del año 1971, se llevó a cabo la expropiación de más de dos millones de hectáreas. Estas tomas empezaron a adquirir ribetes más y más violentos por los enfrentamientos entre terratenientes y campesinos. El primer muerto fue Rolando Matus, pequeño agricultor que murió a balazos cuando defendía una propiedad mínima en el sur de Chile contra quienes intentaban ocuparla por la fuerza. La derecha lo convirtió en un mártir, bautizando con su nombre a una de las brigadas de choque.

La congelación de precios y el aumento de sueldos debieron provocar inflación, pero en Chile un 20% de la capacidad productiva estaba ociosa y, antes de subir los precios, los comerciantes aprovecharon esa capacidad, generando crecimiento económico. Además, en el pensamiento de los economistas de la Unidad Popular, las emisiones de dinero tenían un lapso de tiempo durante el cual no producían inflación, al menos momentáneamente. Y funcionó, al menos el primer año, en que se dobló el dinero, la inflación fue baja y el Producto Interno Bruto creció un 8%.^[8]

También ayudó a la promoción de la UP que el poeta nacional Pablo Neruda, militante comunista, obtuviera el Premio Nobel de Literatura ese mismo año. Con este clima, la Unidad Popular alcanzó un 49,731% de los votos en las elecciones municipales.^[9]

Al finalizar el año 1971, aparecerían los primeros problemas económicos. El déficit presupuestario creció a un ritmo acelerado, del 3,5 % del PGB en 1970 paso a 9,8 en 1971; la política monetaria se descontrola al crecer en un 124% el crédito del sector público; cae el nivel de reservas internacionales de 394 millones de dólares (1970) a 163 (1971), por lo que el gobierno de la Unidad Popular suspende el servicio de la deuda externa; la balanza comercial paso de un superávit de 95 millones al iniciar el gobierno a un déficit de 90 millones, tras la abrupta caída del precio del cobre; a causa del incremento de los salarios reales y los controles de precio, se produjo una contracción de las utilidades corporativas; aparecen las primeras señales de desabastecimiento en el segundo trimestre de 1971, que concluyo con la aparición de un floreciente mercado negro.^[10]

A finales de ese año, Fidel Castro visitó Chile por tres semanas. Recorrió todo el país, lo que molestó a los opositores a la Unidad Popular. Es también en esa fecha que se empiezan a ver los primeros síntomas del desabastecimiento, en especial de azúcar. En privado, el líder revolucionario cubano manifestó su escepticismo ante la vía pacífica de Allende. El 2 de diciembre de 1971, un informe secreto de la CIA despachado a Washington reveló las recomendaciones privadas de Castro a los líderes de la UP. Según el documento, Fidel dijo: "Existen muy pocas posibilidades de construir un Estado marxista en Chile si no se usa la violencia".

Miles de mujeres opositoras salieron a las calles a protestar haciendo sonar cacerolas vacías en reclamo por la falta de alimentos. En dicho momento, Fidel Castro se dio el tiempo para recorrer en auto la zona oriente de Santiago, pues quería ver a las mujeres que protestaban con sus propios ojos. Según un ex funcionario de la Cancillería Chilena, Fidel Castro quedó muy impresionado y en la recepción posterior instó a Allende a reprimir con mano dura la manifestación. El aludido le respondió con sequedad: "Aquí yo soy el Presidente". Pese a ello, Fidel Castro recomendó que las mujeres de la UP salieran a las calles a contrarrestar las manifestaciones y dictaminó que "la UP no debía preocuparse por la posibilidad de muertos y heridos, ya que la confrontación es el verdadero camino hacia la revolución". Éstos serían los primeros «cacerolazos».

En el acto de despedida del Estadio Nacional, el comandante cubano, dijo que él y su comitiva "no veníamos a aprender cosas caducas en la historia... ya aprendimos bastante de las libertades burguesas y capitalistas". Agregó: "No estamos completamente seguros que en este singular proceso el pueblo chileno haya estado aprendiendo más rápidamente que los reaccionarios". Al despedirse, en el Estadio Nacional, dijo: "Regreso a Cuba más revolucionario, radical y extremista de lo que vine".

Ministros de Estado

Ministro	Nombre/Periodo
Ministro del Interior	José Tohá (1970-1972) Alejandro Ríos Valdivia (1972) Hernán del Canto (1972) Jaime Suárez (1972) Carlos Prats (1972-1973) Gerardo Espinoza (1973) Carlos Briones (1973) Orlando Letelier (1973) Carlos Briones (1973)
Ministro de Relaciones Exteriores	Clodomiro Almeyda (1970-1973) Orlando Letelier (1973) Clodomiro Almeyda (1973)
Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción	Pedro Vuskovic (1970-1972) Carlos Matus (1972) Fernando Flores (1972) Orlando Millas (1972-1973) José Cademártori (1973)
Ministro de Hacienda	Américo Zorrillas Rojas (1970-1972) Orlando Millas (1972) Fernando Flores (1972-1973) Raúl Montero (1973) Daniel Arellano (1973)
Ministro de Educación Publica	Mario Astorga (1970-1972) Alejandro Ríos Valdivia (1972) Aníbal Palma (1972) Jorge Tapia (1972-1973) Edgardo Enríquez (1973)
Ministro de Justicia	Lisandro Ponce (1970-1972) Manuel Sanhueza (1972) Jorge Tapia Valdés (1972) Sergio Insunza (1972)
Ministro de Defensa Nacional	Alejandro Ríos (1970-1972) José Tohá (1972-1973) Clodomiro Almeyda (1973) Carlos Prats (1973) Orlando Letelier (1973)
Ministro de Obras Públicas y Transportes	Pascual Barraza (1970-1972) Ismael Huerta (1972-1973) Daniel Arellano (1973) Humberto Martones (1973) César Ruiz Danyau (1973) Humberto Maglochetti (1973)
Ministro de Agricultura	Jacques Chonchol (1970-1972) Rolando Calderón (1972-1973) Pedro Hidalgo (1973) Ernesto Torrealba (1973) Jaime Tohá (1973)
Ministro de Tierras y Colonización	Humberto Martones (1970-1973) Roberto Cuéllar (1973) José María Sepúlveda (1973)
Ministro de Trabajo y Previsión Social	José Oyarce (1970-1972) Mireya Baltra (1972) Luis Figueroa (1972-1973) Jorge Godoy Godoy (1973)
Ministro de Salud Pública	Óscar Jiménez (1970-1971) Juan Carlos Concha Gutiérrez (1971) Arturo Jirón (1972) Mario Lagos (1973)
Ministro de Minería	Orlando Cantuarias (1970-1972) Mauricio Yungk (1972) Pedro Palacios (1972) Alfonso David (1972) Claudio Sepúlveda (1972-1973) Sergio Bitar (1973) Pedro Felipe Ramírez (1973)
Ministro de Vivienda y Urbanismo	Carlos Cortes (1970-1971) Julio Benítez Castillo (1971-1972) Orlando Cantuarias (1972) Luis Matte (1972-1973) Aníbal Palma (1973) Pedro Felipe Ramírez (1973)

Polarización de la sociedad chilena

La Democracia Cristiana, por el programa de Radomiro Tomic, tuvo un acercamiento inicial con la Unidad Popular; pero se alejó a causa del asesinato del ex ministro de Frei, Edmundo Pérez Zujovic, por el grupo VOP (Vanguardia Organizada del Pueblo), de tendencia ultra izquierdista, en junio de 1971.^[11] A esto se sumó su baja en las elecciones, y los ataques en su contra de la prensa oficialista.

La Democracia Cristiana se acercó entonces al Partido Nacional, de derecha, el cual había sido muy crítico del gobierno de Frei Montalva. Su primera acción conjunta se dio en la elección complementaria de un diputado en Valparaíso, en la que el candidato de la DC (Óscar Marín) ganó con el apoyo del PN. No obstante, la alianza no se consolidó de inmediato, puesto que la DC se negó a apoyar la acusación constitucional del PN contra el ministro de Economía, por el traspaso de empresas privadas al estado de manera, que ellos consideraban, ilegal.

Tras tres intentos fallidos de acusaciones, los partidos de oposición se entendieron para realizar una acusación constitucional contra el ministro del Interior, José Tohá, por su responsabilidad en los hechos de violencia. Acusaciones parecidas había planteado el PN contra los ministros, pero la DC se había negado a seguirlos hasta entonces.

Allende removió a Tohá del Ministerio del Interior, pero lo colocó inmediatamente en la cartera de Defensa, en un acto considerado por la oposición como una provocación hacia el Congreso, aunque legalmente inobjetable.^[12] La alianza DC-PN se consolidó con las elecciones complementarias de diputado en Linares y de senador en las Provincias de O’Higgins y Colchagua de enero de 1972. En la primera circunscripción, la DC apoyo al derechista Sergio Díez, mientras que en la senaduría el PN apoyó al democratacristiano Rafael Moreno.

En el aspecto legal, la DC y el PN aprobaron una reforma constitucional (Proyecto Hamilton-Fuentealba) que definió las tres áreas clave de la economía y colocó trabas al plan estatizador de la Unidad Popular, dejando sin efecto las estatizaciones y requisaciones efectuadas con anterioridad al filo de la ley. El presidente vetó el proyecto y la insistencia de la cámara por aprobarlo creó un conflicto político.

En aquel momento se agudiza la violencia política. El MIR intensifica sus acciones, como por ejemplo las tomas de tierras y fábricas, en las cuales el Gobierno se negó a usar la fuerza policial. En la derecha, por su parte, el grupo ultranacionalista Patria y Libertad, intensificó sus acciones terroristas y de sabotaje. Paralelamente, las manifestaciones a favor o en contra del Gobierno continuaban sucediéndose, llegando a producirse graves enfrentamientos callejeros. Las brigadas de la lucha callejera empezaron a implantar un clima de intolerancia en el país.

La oposición se volvió más fuerte con el apoyo de la prensa opositora, parte de la cual era financiada por la CIA. Los diarios El Mercurio, La Segunda, La Tercera de la Hora, Las Últimas Noticias, La Prensa, La Tarde y Tribuna atacaron sin cesar al Gobierno. La prensa oficialista también participó de este ambiente de enfrentamiento y descalificación. Destacan en la lista La Nación, Las Noticias de Última Hora, El Siglo, El Clarín y Puro Chile.^[13]

Los medios opositores y los gremios empresariales levantaron como bandera de su lucha a la Papelera, empresa proveedora y distribuidora de papel. Con su estatización, la oposición temía que el Gobierno podría controlar la prensa opositora y callar sus demandas. Aquí se trataba de un intento de ahogo financiero para estatizarla, pues los trabajadores de la Papelera se negaban a entrar en el área social de la economía como quería el gobierno.

Desequilibrios económicos

La economía había dejado de crecer. El incremento de las remuneraciones del sector público, la expansión de los subsidios a las empresas públicas y el deterioro de la recaudación tributaria, no adaptada a un ambiente inflacionario, generan un creciente déficit público de magnitud impresionante. Todo este gasto se financió mediante emisiones monetarias inorgánicas del Banco Central. El resultado fue un incremento de la cantidad total de dinero circulante del 173% en 1972 al 413% en 1973.^[14] La contracción del país llegó a ser de un -1,21% en 1972 y un -5,57 en 1973,^[15] la inflación llegó en 1972 a un 225% y en 1973 a un 606%,^[16] el más alto en la historia de Chile (ver: estanflación), cayeron los salarios reales un -11,3 en 1972 y un -38,6% en 1973, el déficit llegó al 25% del PGB (Producto General Bruto) y la deuda externa aumentó a 253 millones de dólares.

La fijación oficial de precios trajo consigo la escasez y el «mercado negro», donde se vendían los productos a precios multiplicados. La fijación gubernamental de precios - prohibiendo el sistema de precios libre - y el estancamiento económico causaron la desaparición de productos básicos de consumo en almacenes y supermercados, provocando largas colas de gente para obtener sus mercancías.

Para enfrentar el desabastecimiento, el Gobierno creó las JAP (Juntas de Abastecimiento y Precios),^[17] que serían otro factor de discordia entre «los momios» (descalificativo aplicado a los miembros de la derecha) y «los upelientos» (descalificativos aplicado a los que apoyaban el Gobierno), pues se acusó a las JAP de favorecer a los negocios oficialistas y perjudicar a los independientes u opositores.

El Paro de Octubre

La grave situación económica y el temor de ser estatizados llevaron a la Agrupación de Dueños de Camiones liderados por León Vilarín, con el apoyo de otros gremios, a realizar un paro nacional en octubre, agravándose aún más los problemas de distribución. El paro contó con el apoyo monetario de la CIA, que conspiraba para hacer caer el gobierno de Allende, entregando también recursos a diarios opositores, principalmente a El Mercurio.^[18] La oposición y otros gremios profesionales se plegaron a la movilización, adhiriéndose ingenieros, abogados, odontólogos, médicos, profesores, estudiantes y muchos más, quedando el país virtualmente paralizado.

Los camioneros enviaron sus demandas en lo que se conoció como el «pliego de Chile», donde se exigía el fin de las clausuras radiales, la banca única, el ahogamiento de la Papelera y otras peticiones similares.

El paro solo se detuvo con el ingreso de miembros de las Fuerzas Armadas a los Ministerios: el comandante en jefe del ejército, Carlos Prats, en Interior; el contralmirante Ismael Huerta en Obras Públicas, y el general de Brigada Claudio Sepúlveda en Minería.^[19] Este gabinete duró hasta las elecciones parlamentarias de marzo de 1973.

1973

En marzo de 1973, se produjeron las elecciones parlamentarias. La oposición, agrupada en la CODE (Confederación de la Democracia), deseaba obtener dos tercios del Congreso. Si lo lograba, podría emitir una acusación constitucional contra Allende y destituirlo de la presidencia, pero la UP logró el 43,5% de los votos y la CODE el 54,6%. Los partidos de la Unidad Popular, al presentarse en una lista única, consiguieron aumentar su representación en tres diputados y un senador.^[20]

Allende, buscando una solución a la crisis, intentó un acercamiento con la DC que no fructificó.

El proyecto de reforma constitucional Hamilton-Fuentealba presentado por los parlamentarios de oposición, y que ponía trabas al plan estatizador masivo de la UP, fue aprobado por la cámara de diputados pero que fue vetado inmediatamente por el ejecutivo sin mediar explicaciones.

Acuerdos con la DC no se concretaron debido a la oposición del PS. En cambio su compañero de alianza, el Partido Comunista, trabajó por el entendimiento. El PS, junto a Carlos Altamirano, comenzó a crear graves problemas a Allende con sus acciones transversales y discursos encendidos.

Otro intento de acercamiento fue propuesto por el cardenal Raúl Silva Henríquez, propiciando un diálogo entre Allende y el presidente de la DC, Patricio Aylwin, para buscar un acuerdo que pudiera hacer superar esta situación. Pero el diálogo no prosperó. Según el cardenal, el fracaso en la búsqueda de consenso se debió a la intransigencia de la UP, y a la oposición al diálogo que manifestó Eduardo Frei, y la exigencia de Patricio Aylwin de ministros militares con poderes muy amplios, que dejarían fuera del poder a los partidos de la UP.^[21]

A Allende no le quedan muchas opciones. Consideraba que si el golpe de Estado todavía no se daba, era porque el recuerdo del comandante René Schneider y su doctrina (según la cual las Fuerzas Armadas deben apegarse estrictamente a la Constitución y las leyes) lo detenía. Sectores civiles opositores al gobierno se manifestaron frente a los cuarteles arrojando trigo y maíz e insinuándoles que eran gallinas. Sin embargo, el comandante en jefe era Carlos Prats, quien no se hubiera plegado a un golpe de Estado, por lo que si las otras ramas de las fuerzas armadas lo intentaban, se podrían eventualmente enfrentar al Ejército y devenir en una guerra civil. El Partido Comunista lanzó entonces su campaña «No a la Guerra Civil». Pero en esos mismos instantes críticos, Carlos Altamirano, secretario general del PS, decía: «El golpe no se combate con diálogos, se aplasta con la fuerza del pueblo».^[22]

La violencia callejera se volvió cada vez más intensa, acercándose a la barrera de los 100 muertos por violencia política durante el gobierno de Allende. Un nuevo foco de violencia se creó entre el estudiantado por el proyecto de la Escuela Nacional Unificada (ENU), el que deseaba cambiar la educación en Chile: de una basada en los valores del capitalismo a una con valores del «hombre nuevo» del socialismo. Este plan también integraría una «educación permanente» y, aunque el proyecto se encontraba «en pañales», se produjo una violenta reacción de sectores estudiantiles liderados por fuerzas de derecha. La FEUC (Federación de Estudiantes de la Universidad Católica) llamó a defender la libertad educacional contra el «instrumento de concientización política del marxismo», por lo que se enfrentaron en luchas callejeras con agrupaciones de las Juventudes Socialista y Comunista. La Feses (Federación de Estudiantes Secundarios) se dividió entre los que apoyaban la ENU, entre ellos el dirigente Camilo Escalona, y los que la rechazaban, encabezados por Miguel Salazar. Finalmente, el proyecto fue retardado por petición del cardenal.^[23]

Pero el conflicto educacional no fue el único tema de división: el desabastecimiento, las JAP, la reforma agraria, las «tomas de tierras», los grupos armados, los cordones industriales, etc., son todos motivos de discordia entre los chilenos.

El 11 de junio, el Congreso aprobó la reforma constitucional Hamilton-Fuentealba por 106 votos, la cual volvió inexpropiables los predios inferiores a 40 ha y dio garantías a los comerciantes y transportistas. Allende se negó a promulgar toda la reforma y se limitó a publicar aquélla parte en la que no tienen grandes diferencias la DC con la UP. Se basó en la facultad que tiene el presidente de vetar una ley y ésta debe ser aprobada por 2/3 de los votos para sobrepasar el veto. La oposición consideró este acto inconstitucional y la Contraloría General de la República le dio la razón, generándose un conflicto entre las atribuciones del Ejecutivo, la Contraloría y la poder Legislativo. El Partido Nacional en un comunicado declaraba que el presidente de la república, al no promulgar la reforma constitucional o llamar a un plebiscito para dirimir el conflicto, se había puesto fuera de la constitución, advirtiendo que “El señor Allende ha violado en forma deliberada y sistemática su promesa solemne de respetar y hacer cumplir la Constitución y las Leyes. Fue esa promesa solemne la que le permitió ser elegido Presidente de Chile por la mayoría del Congreso Nacional. A la luz del derecho y la moral, nadie está obligado a respetar ni obedecer a un gobierno que deja de ser legitimo.”^[24]

El 27 de junio, el General Carlos Prats presentó su renuncia ante el presidente, el cual la rechazó. Después de un confuso incidente ocurrido mientras viajaba en su vehículo, en el cual desde otro automóvil comenzaron a insultarlo, y al no lograr evadirlos, recordando lo ocurrido con el general Schneider, terminó con el general disparándole al automóvil.

El 29 de junio, el regimiento blindado N° 2, al mando del coronel Roberto Souper, protagonizó un levantamiento militar contra el Gobierno, usando varios tanques, un porta tanques y dos camiones con 40 hombres cada uno.

Los sublevados intentaron tomar el Palacio de la Moneda, enfrentándose a las Fuerzas de la Guarnición dirigidas por el comandante en jefe Carlos Prats en persona, el cual puso en riesgo su vida para obtener la rendición de los sublevados. Los miembros de Patria y Libertad, que estimularon el golpe, se asilaron en la embajada ecuatoriana. El resultado final de este intento fue conocido como «tanquetazo», que dejó 20 muertos, de los cuales gran parte fueron civiles.^[25]

Alarmado, Allende llamó nuevamente a los uniformados a integrar el gabinete, en esta ocasión con los cuatro miembros máximos de las Fuerzas Armadas, mientras planeó su última arma para salir de la crisis: un plebiscito.

El fallido plebiscito

Allende planeó convocar a un plebiscito acerca de su permanencia en el cargo de Presidente. El plebiscito habría consultado a los chilenos sobre su mandato y el Presidente habría renunciado si el resultado le hubiese sido negativo. Si el resultado del plebiscito hubiese sido a favor de la permanencia de Allende en la Presidencia, presumiblemente habría disminuido la probabilidad de un golpe de Estado. Si el resultado del plebiscito hubiese sido adverso a Allende^[26] , se habría retirado con la cabeza en alto por dejar su mandato por designio de la ciudadanía y no por las presiones opositoras.^[27]

Vial^[28] estima que Allende sí tenía la intención de convocar un plebiscito. Según este autor, el problema del Presidente estaba en los partidos de la Unidad Popular, que no habrían aceptado la idea del plebiscito. El Partido Socialista sostenía que "sería una renuncia a los logros alcanzados". Apoyaban la posición socialista una fracción del MAPU y la Izquierda Cristiana dentro del comité y el MIR se indignó tanto con la idea que sus integrantes dejaron de llamarlo "compañero", refiriéndose a él en adelante como "señor". El único baluarte de Allende era, en esos momentos, el Mapu Obrero y Campesino (sección moderada), el Partido Radical y principalmente el Partido Comunista, que compartía su idea de la "vía pacífica al socialismo". Intentó nuevamente la idea del plebiscito a inicios de septiembre, pero la intransigencia del Partido Socialista se mantuvo. Una gestión de Orlando Letelier (ministro de Defensa) convenció al PS para que retirase su veto. Allende podría finalmente convocar al plebiscito, pero la gestión de Letelier ocurrió en la noche del 10 de septiembre.

Sucesos anteriores al golpe de Estado

El golpe fue planeado por prácticamente toda la plana superior de la Armada, salvo el almirante Montero, pero éste se encontraba aislado y la Armada obedecía al vicealmirante José Toribio Merino. Lo mismo sucedía en la Aviación, excepto por el general César Ruiz, cabeza de la entidad. Pero, al retirarse éste último del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (que había asumido como consecuencia del «tanquezazo»), Allende lo obligó a renunciar a ambos cargos, ministro y comandante, asumiendo en su lugar el cargo militar el general Gustavo Leigh, opositor al gobierno. El Ejército estaba dividido, pero la balanza cada vez se cargaba más hacía la opción del golpe. En Carabineros, no conspiraban más que dos o tres generales de baja antigüedad, entre ellos el general César Mendoza.

Finalmente cayó Prats. El 21 de agosto, una manifestación de esposas de generales se inició frente a su casa, a la que llegaron también varios oficiales de civil a protestar contra él. Fue insultado y apedreado y, al deshacer la manifestación Carabineros, ésta se volvió a organizar.^[29] Llegaron al lugar Augusto Pinochet (considerado el «segundo» de Prats), Allende y sus ministros. Todos fueron abucheados. Deprimido y desilusionado, pidió a los generales que reafirmaran su lealtad hacia él; como sólo unos pocos lo hicieron, resolvió renunciar a la comandancia en jefe. Recomendó a Allende para el cargo a Pinochet, que tenía una larga hoja de vida como soldado profesional y apolítico.

El 22 de agosto la Cámara de Diputados aprueba el Acuerdo sobre el grave quebrantamiento del orden institucional y legal de la República, en que acusaban al Gobierno de haber incurrido en diversas violaciones tales como aplicar medidas de control económico y político para luego instaurar un sistema totalitario, violar garantías constitucionales, dirigir una campaña de difamación contra la Corte Suprema, violar la libertad de expresión, reprimir con violencia a los opositores e intentar infiltrar políticamente a las Fuerzas Armadas.

El 23 de agosto, se reunieron Allende, Prats y Pinochet en el Palacio de la Moneda. Al finalizar la reunión, Pinochet fue nombrado comandante en jefe del Ejército.

Oficiales de la Armada se reunieron con Altamirano para advertirle de los intentos golpistas, siendo procesados por la Armada. Altamirano lanzó un discurso reivindicando su derecho a recibir informes de cualquiera que denuncie conspiraciones: «Si pudiera, hablaría de nuevo con ellos». «Si se intenta un golpe, Chile será un segundo Vietnam heroico».^[30]

Por su parte, la Corte Suprema resolvió responder a la petición de desafuero de Altamirano (pedida por la Armada) el 11 de septiembre.

Preparativos del golpe

El Ejército tenía «planes de contrainsurgencia» para el caso de que una subversión sobrepasase a las Fuerzas de Orden (Carabineros). Este plan consistía en que el país estaba dividido en diferentes secciones y para cada una se establecía un plan de acción contra la posible insurgencia. Este plan sería la base prima para los golpistas, que solo tuvieron que adaptarlo a las nuevas circunstancias.

El problema era el general Prats, que mantenía su lealtad al presidente y tenía a la guarnición de Santiago y al comando de institutos militares en manos de gente cercana (generales Sepúlveda y Pickering).

Se tenía que adelantar el golpe para antes de Fiestas Patrias (18 de septiembre), porque si se retardaba mucho podía ocurrir otro «tanquetazo», que permitiría limpiar de oficiales golpistas la plana del Ejército. Pero cayó Prats y Sepúlveda y Pickering renunciaron en un gesto de solidaridad. El nuevo comandante en jefe era Pinochet, del cual no se sabía si era o no golpista.

El 7 de septiembre, el Almirante Merino envía al Comandante General del Cuerpo de Infantería de Marina, Contralmirante Huidobro, con una carta escrita en un pequeño papel, el cual comprometía a Pinochet y Leigh a poner sus fuerzas para el 11 de septiembre, y la hora 6.30 en Valparaíso: atrás ellos debían firmar el conforme.

En una reunión el día 9, Allende comentó a Pinochet su intención de un plebiscito. Ése mismo día, Pinochet se sumó al golpe.

Véase también

• Presidentes de Chile
• Unidad Popular

Referencias

Predecesor: Eduardo Frei Montalva

Presidente de la República de Chile Desde el 4 de noviembre de 1970

Sucesor: Junta Militar de Gobierno