Miguel Primo de Rivera, a la derecha, junto al rey Alfonso XIII.

La Dictadura de Primo de Rivera fue el régimen político que hubo en España desde el golpe de Estado del capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923, hasta la dimisión de éste el 28 de enero en 1930, y su sustitución por la llamada Dictablanda del general Dámaso Berenguer.

A pesar de sus esfuerzos de regeneración y el inmenso progreso de la economía y las infraestructuras, la Dictadura fue capaz de estabilizar la situación política durante un largo periodo, pero a finales de la Dictadura se produjo una crisis política que desprestigió al rey Alfonso XIII y allanó el camino a la II República.

El establecimiento de la dictadura

Contexto

Con el comienzo del siglo XX el régimen de la restauración se fue debilitando y haciéndose cada vez más inestable. Tras los intentos regeneracionistas fracasados de Silvela, llegó la intentona de hacer una “revolución desde arriba” de Maura, que incluía la creación de autonomías y cayó con la Semana Trágica de 1909. Posteriormente Canalejas intentó un programa reformista de izquierdas, que tampoco logró resolver los problemas estructurales.

En este clima, los partidos tradicionales de la Restauración fueron debilitándose mientras que los partidos republicanos y los movimientos obreros (CNT, PSOE-UGT) fueron calando entre la población y mellando el sistema. La Primera Guerra Mundial trajo un periodo de pujanza económica mediante un auge de exportaciones a los países combatientes, pero supuso también un desabastecimiento interno y un alza de precios amén de no traer la inversiones que eran necesarias, por lo que las condiciones económicas de buena parte de la población no mejoraron. En cambio, la Revolución Rusa sí causó un hondo efecto, convirtiéndose en referente del movimiento obrero revolucionario y alarmando a la burguesía. El final de la guerra acabó con la pujanza económica, y gracias al auge nacionalista en el Tratado de Versalles, motivó a los nacionalismos peninsulares.

La década de 1910-1920 vio cómo la crisis se acentuaba. La Guerra en Marruecos era altamente impopular y carecía de beneficios económicos pero era una cuestión de honor para el ejército. Éste sin embargo se hallaba dividido por el sistema de ascensos entre los africanistas que defendían los méritos de guerra y los que preferían la antigüedad. Ésto desembocó en una crisis interna, en la que se formaron juntas de defensa. Sin embargo, el ejército se mantuvo firme al sistema político, y fue determinante en la disolución de la huelga general de 1917 y la asamblea paralela de parlamentarios catalanes. Con el paso del tiempo, la suspensión de garantías constitucionales y el estado de excepción se fueron haciendo normales como forma de combatir el pistolerismo.

En 1921, Abd-el-Krim derrotó a un ejército español en Annual, en lo que fue un duro revés al dominio español de Marruecos. El llamado desastre motivó una comisión investigadora parlamentaria y la redacción de un informe (Expediente Picasso) sobre la situación del ejército en Marruecos y las responsabilidades de la derrota que se convirtió en una dura crítica al régimen político y llegaban hasta el rey. Antes de permitir su aprobación, sectores del ejército liderados por Miguel Primo de Rivera realizaron un golpe de estado en 1923. Éste contó con escasa oposición pues la inestabilidad política de los últimos años hacía que fuera visto como inevitable e hizo que la burguesía lo acogiera como garante del orden, mientras que las promesas de renovación política del ya desacreditado régimen caciquil fueron bien acogidas.

El Golpe

El 13 de septiembre de 1923 el Capitán General de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, se sublevó contra el Gobierno y dio un golpe de Estado con el apoyo de la mayoría de las unidades militares. La reunión prevista de las Cortes Generales para fechas inmediatamente posteriores con el objetivo de analizar el problema de Marruecos y el papel del ejército en la contienda, fue el detonante último de la sublevación. A esta situación se une una grave crisis del sistema monárquico que no acaba de encajar en un siglo XX marcado por la revolución industrial acelerada, un papel no reconocido a la burguesía, tensiones nacionalistas y unos partidos políticos tradicionales incapaces de afrontar un régimen democrático pleno.

Previamente, Antonio Maura había desaconsejado al rey la posibilidad tanto de un golpe de estado como del establecimiento de cualquier sistema autoritario. El 14 de septiembre el gobierno legítimo había pedido al rey la destitución inmediata de los generales sublevados, concretamente José Sanjurjo y el propio Primo de Rivera, y la convocatoria de las Cortes Generales, pero el monarca dejó pasar las horas hasta que finalmente se mostró abiertamente a favor del golpe.

En el Manifiesto de los sublevados se invocó la salvación de España de "los profesionales de la política". Con el apoyo del ejército, de la burguesía catalana y de los terratenientes andaluces, Alfonso XIII no pone mayores obstáculos a nombrar Presidente del Gobierno a Primo de Rivera en su calidad de dictador militar el 15 de septiembre. La dictadura sólo fue contestada por los sindicatos obreros y los republicanos, cuyas protestas fueron inmediatamente acalladas con la censura y la represión. Se creó un Directorio Militar con nueve generales y un almirante, cuya finalidad en sus propias palabras era "poner España en orden" para devolverla después a manos civiles. Se suspendió la Constitución, se disolvieron los ayuntamientos, se prohibieron los partidos políticos, se crearon los somatén como milicias urbanas y se declaró el estado de guerra.

Primo de Rivera ofrecía una imagen campechana y paternalista, al tiempo que mantenía un discurso antisistema muy al día en la época, tildando de corruptos a los políticos y enviando a la población mensajes sencillos que hacían pensar en una fácil solución de los problemas con recetas puramente domésticas al alcance de todos.

Fases de la dictadura

El directorio militar

Las primeras decisiones del dictador fueron espectaculares y marcaron un rumbo muy claro para toda la clase política, social y económica de España de cómo se iba a gobernar. A la disolución de las Cortes se unió el día 18 de septiembre un decreto que prohibía el uso de otra lengua que no fuera el español, ni de símbolos como banderas vascas o catalanas. La Mancomunidad de Cataluña fue intervenida con el nombramiento del conservador Alfons Sala y se disolvieron las Diputaciones Provinciales.

Hasta 1925 el gobierno estaba formado por un directorio militar al modo y manera conforme Primo de Rivera consideraba debía regirse "con mano de hierro" el país.

El 14 de septiembre de 1923 se declaró el estado de guerra, que duraría hasta el 16 de marzo de 1925. El 15 de septiembre se aprobaba el Real Decreto que establecía un Directorio Militar que asumía todas las funciones del poder ejecutivo. Primo de Rivera se convertía en Jefe de Gobierno y único Ministro. El resto del Directorio estaba compuesto por un general de cada Capitanía General, más el Marqués de Magaz, Antonio Magaz y Pers, (Contralmirante) en representación del conjunto de las Fuerzas Armadas: Adolfo Vallespinosa, Luis Hermosa y Kith, Luis Navarro y Alonso de Celada, Dalmiro Rodríguez y Padre, Antonio Mayandía y Gómez, Francisco Gómez-Jordana y Souza, Francisco Ruiz del Portal y Mario Muslera y Planes.

El directorio civil

El 3 de diciembre de 1925 se restableció el cargo de Presidente del Consejo de Ministros y se estableció lo que se conoce como directorio civil, con hombres que no provenían del antiguo sistema de partidos, entre los que se encontraban José Calvo Sotelo como ministro de Hacienda, Galo Ponte y Escartín como ministro de Gracia y Justicia y Eduardo Callejo de la Cuesta como ministro de Instrucción Pública, entre otros. No obstante, la Constitución permaneció suspendida.

El panorama internacional

Benito Mussolini junto a Adolf Hitler. Mussolini había creado un estado fascista que en su sentido corporativista inspiró modelos de organización a la dictadura de Primo de Rivera

Los sistemas democráticos se tambaleaban también en Europa. El fascismo se implanta en Italia en 1922, se funda en Alemania el Partido nazi, la revolución rusa queda sometida a la dictadura de Stalin y los regímenes totalitarios alcanzan a Portugal y Polonia. Primo de Rivera se reunirá con Benito Mussolini a quien elogiará diciendo que era "el apóstol de la campaña contra la anarquía y la corrupción política", recogiendo con agrado una parte importante del sistema corporativista que se estaba implantado en Italia y que pretendió importar a España. Sin lugar a dudas, la explosión del modelo autoritario, de fuerte sentimiento nacionalista, muy crítico con los sistemas democráticos débiles acomodados, unido a una rápida extensión en toda Europa de las ideas emergentes de los socialistas con amplio apoyo de las masas populares, influyó decisivamente en la reacción habida en España.

La guerra en África y la satisfacción del Ejército

El ejército español mantenía un pesimismo de décadas sobre su propio papel en la historia reciente de España. Por un lado, el sentimiento de frustración por el desastre del 98 permanecía, y por otro, la guerra en Marruecos estaba marcada por el desastre de Annual y la incomprensión de los ciudadanos. Consciente de la importancia de mantener al ejército satisfecho, la campaña militar en Marruecos se inició con la liberación de Cobba Darsa en julio de 1924 y el día 10 del mismo mes, Primo de Rivera se embarcaba en Algeciras para recorrer durante quince días la costa marroquí. No obstante este hecho, la sublevación en la zona del Rif en agosto dio pie a Primo de Rivera para sustituir a algunos generales e iniciar amplias operaciones militares que liberaron Xauen el 29 de septiembre y permitieron evacuar otras zonas a finales de octubre. Más tarde, Abd el-Krim se enfrentó a España y Francia en Yebala, Tazarut y Beni-Terual, lo que obligó a un acuerdo entre ambos países en julio de 1925 y el inicio de operaciones militares el 5 de septiembre, lo que a la larga le dio el triunfo en la Guerra del Rif con el desembarco de Alhucemas y la rendición de Abd el-Krim en 1927.

La economía como motor del progreso

Una coyuntura internacional favorable permitió al inicio a la dictadura fortalecer el crecimiento industrial. Con tesis autárquicas, se pretendía el autoabastecimiento y, por lo tanto, el impulso antes que nada de los instrumentos de desarrollo interno. Para este fin, era necesaria la intervención decidida del Estado en la economía para suplir el atraso de la inversión privada. Su política económica se caracterizó así por un intenso intervencionismo estatal en línea con la corriente que predominaba en Europa entonces. Para garantizar la autarquía o autoabastecimiento se regularon los mercados, precios y producción por medio del Consejo de Economía Nacional. Cobraron una gran importancia las ayudas y subvenciones estatales y los aranceles como medida proteccionista. Todo esto motivó una burocratización de la economía, que dio lugar a episodios de favoritismo como la entrega de monopolios a Juan March (tabaco en Marruecos) o a Urquijo y Ussía.

Se trató de impulsar el tejido industrial, con las ya mentadas medidas proteccionistas (Decreto de Protección de la Industria Nacional) al mismo tiempo que se protegía el sector financiero y bancario, tanto público como privado, lo que permitió más favoritismos. A pesar de todo se contó con la coyuntura favorable de los felices años veinte. La economía, muy protegida por el Estado y con fijación de precios únicos o máximos, vivió momentos de expansión en todos los órdenes, incluidos la industria pesada y la minería. Sobre estas bases, las regiones ya industrializadas como Cataluña o el País Vasco, vieron un incremento notable de la prosperidad económica y un crecimiento de los puestos de trabajo. Por vez primera, se pasó de un 57% de mano de obra dedicada a la agricultura, a un 45%, y el parque automovilístico se duplicó en seis años. Se consolidaba así un modelo que iba a permitir el desarrollo económico de unas zonas y el estancamiento de otras. Además, el incremento demográfico, unido al proceso anterior, provoca las primeras notables migraciones interiores en la península.

Como gran motor económico se usó la construcción de infraestructuras formulado en el Plan Nacional de Infraestructuras, del que era parte clave el Circuito Nacional de Firmes Especiales. Se trató con ello de bajar el precio del transporte ampliando el mercado interno. Además, fueron medidas bastante populares, a pesar del grave endeudamiento que suponía. Se desarrolló también una interesante política hidráulica en la que se pensaron e idearon numerosos embalses para aumentar el regadío, evitar problemas por crecidas y generar electricidad hidroeléctrica. Se crearon las confederaciones hidrográficas para evitar el control de los terratenientes sobre el riego cuyo éxito fue relativo fuera del Ebro.

Para conjugar el grave endeudamiento resultante de la importante inversión en infraestructuras que generaba déficit presupuestario se recurrió a la venta de monopolios (tabaco, telefónica, CAMPSA en petróleo, lotería...). Se echaba en falta una política fiscal avanzada, pues salvo un intento de José Calvo Sotelo de crear un impuesto único y progresivo echado atrás por la burguesía no hubo intentos de mejorar la Hacienda. Se promulgaron eso sí, decretos contra la Ocultación de la Riqueza Territorial, sobre la Contribución Industrial y sobre el Registro de Arrendamiento y Fincas Territoriales para combatir la evasión fiscal.

Todo ello logró aumentar la renta nacional y la producción industrial, pero empeoró drasticamente la situación de la Hacienda Pública, cada vez más endeudada. El endeudamiento se arrastraría más allá de la dictadura, condicionando la política económica de la posterior Segunda República.

Se trató de combatir la conflictividad laboral atrayendo al obrerismo más moderado Para ello se recurrió a medidas populistas y paternalistas, como la vivienda de protección oficial y el retiro obrero, o la protección de familias numerosas y del trabajo de mujeres en temas de maternidad. No se encararon en cambio la reforma agraria o de las estructuras económicas que creaban el grueso de la problemática. Sí se instauraron en cambio comités paritarios para reglamentar salarios y discutir las condiciones laborales en la llamada Organización Corporativa Nacional. En ella fueron acogidos los sindicalistas moderados, preferentemente de la UGT y Sindicatos Libres, mientras se excluían a anarquistas y radicales. Se reprimió el sindicalismo de la CNT y el Partido Comunista de España recién creado y favoreciendo así la dictadura a los más moderados UGT y al PSOE, siempre reticentes, para poder mantener cierto contacto con los dirigentes obreros.

Las reformas administrativas y políticas

En principio se preveía la dictadura como una situación transitoria para permitir una posterior vuelta a la normalidad. Con tal fin se cesaron a las autoridades locales y a los principales cargos de la administración, para ser sustituidos por militares, desde los ayuntamientos y autoridades locales hasta el gobierno central. Se trató de algo en principio popular, ante el gran descontento con el caos del final del sistema precedente. Este directorio militar duró desde 1923 a 1925, cuando Primo de Rivera se vio obligado a aceptar la inclusión de civiles en un intento de formar un gobierno tecnócrata. Se intentó al creación de una nueva política, frente al caduco sistema de la Restauración.

Para la reforma administrativa, Primo de Rivera se apoyó en José Calvo Sotelo que se inspiró en el pensamiento de Antonio Maura. En 1924 la reforma culminó en el Estatuto Municipal aprobado el 8 de marzo y un año más tarde en el Provincial, tratando de ofrecer cierto grado de autonomía local que permitiera el desarrollo de los municipios, si bien mediante un sistema de participación electoral parcialmente corporativo que impedía de nuevo el sufragio universal tal y como era demandado. La reforma, sin embargo, no logró acabar con el caciquismo imperante que a la larga reaparecería.

Estos primeros éxitos le granjearon gran popularidad. Creó la organización Unión Patriótica como aglutinador de todas las aspiraciones políticas, así como la Organización Corporativa Nacional como sindicato vertical al modelo de la Italia fascista, sustituyendo el 3 de diciembre de 1925 el Directorio Militar por uno civil.

En 1927 se crea una Asamblea Nacional Consultiva, a modo de Parlamento pero sin que asuma el poder legislativo, y mediante un sistema de elección nuevamente corporativo en parte, y de otro lado por nombramiento vitalicio, muy similar al que adoptará el franquismo años después. Este proyecto y la fallida Constitución de 1929 serán los últimos intentos de la dictadura por mantenerse.

Para Ricardo de la Cierva este período de tiempo supuso aciertos en la institucionalización económica, fracasando en sus intentos de cerrar sólidas instituciones políticas:

La crisis del sistema

Los logro económicos no paliaron la pérdida de popularidad del régimen. Los partidos republicanos, entre los que destacaba Acción Republicana dirigida por Manuel Azaña y el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux se agruparon en una Alianza Republicana que atrajo a los monárquicos desencantados por el apoyo de la Corona a la dictadura. Entre tanto la CNT recobró sus fuerzas, aunque escindida entre los moderados que dirigía Ángel Pestaña y los más radicales agrupados en la FAI. Las condiciones de trabajo seguían siendo pésimas y la dura represión sobre los obreros fue distanciando a la UGT y el PSOE que, de la mano de Indalecio Prieto, abandonaron el proyecto del dictador.

Por otro lado, los intelectuales que, desde 1898, habían acogido no con malos ojos la posibilidad de un dictador militar, pronto tuvieron que sufrir los efectos del sistema. Ortega y Gasset fundó una Agrupación al Servicio de la República, Miguel de Unamuno se tuvo que exiliar por su oposición al régimen, como Ramón del Valle-Inclán, Vicente Blasco Ibáñez y el blasquismo se oponían desde Valencia así como Ramón Menéndez Pidal desde su cátedra. En las Universidades el régimen era impopular y la imposibilidad de dar títulos oficiales a Universidades de órdenes religiosas extendieron el descontento a sectores de la Iglesia. Varios periódicos fueron cerrados, así como las universidades de Madrid y Barcelona.

La burguesía catalana vio frustrados sus intentos descentralizadores, con una política aún más centralista que antes, en materia económica, llegó a favorecer los oligopolios, muchos de ellos consolidados en manos del Estado o de grupos cerrados de empresarios vinculados a la dictadura. Perdió así el régimen su aceptación inicial entre la alta sociedad catalana. Visto como anticatalanista, cobraron impulso los nacionalismos de izquierdas, opuestos al régimen de Primo de Rivera, como los embriones de Esquerra Republicana de Cataluña. Francesc Macià y su Estat Català trataron de realizar una invasión infructuosa desde Francia.

Este descontento llegó a sectores del ejército, motivándose pronunciamientos republicanos como la sublevación de Jaca o la Sanjuanada de 1926. Entre tanto, diversas fuerzas de izquierdas, que agrupaban a un PSOE que había renegado del régimen, a los republicanos y al catalanismo de izquierdas firmaron en 1930 el Pacto de San Sebastián, por una unión de acción entre las izquierdas para proclamar la República.

La economía, muy afectada desde 1927 por un sistema impositivo absolutamente deficitario, se mostró incapaz de asumir la crisis mundial de 1929 al no ser competitiva, no haber seguido el camino de la expansión real y no ficticia y sufrir una importante fuga de capitales. En enero de 1930, Primo de Rivera es obligado por Alfonso XIII a que dimita, por el temor del rey a que el desprestigio de la dictadura afectara a la monarquía.

Los gobiernos de Dámaso Berenguer, denominado la "dictablanda", y de Juan Bautista Aznar-Cabañas, no harán otra cosa que alargar la decadencia. Tras las elecciones municipales de 1931, donde los partidos republicanos triunfan en las zonas urbanas, el 14 de abril se proclama en Eibar la Segunda República, dando así fin a la restauración borbónica en España.

Responsabilidades

Tras la proclamación de la Segunda República varios altos cargos, algunos en rebeldía, fueron condenados a penas de destierro e inhabilitación en el acto celebrado en el Senado, ante los veintiún diputados de la Comisión de Responsabilidades, constituidos en Tribunal, presidido por el diputado José Franchy y Roca.

Referencias

Bibliografía

• Aguado, Ana. La modernización de España (1917-1939). Edit. SÍNTESIS. Madrid, 2002. ISBN 8497560140
• Casassas Ymbert, Jordi. La dictadura de primo de Rivera : 1923-1930. Textos. Ideas y Textos; no. 2. Barcelona. Anthropos, Editorial del Hombre. 1983. ISBN 84-8588710-7
• González Calleja, Eduardo. la España de Primo de Rivera. La modernización autoritaria 1923-1930. Alianza Editorial. Madrid, 2005. ISBN 8420647241

Enlaces externos

• Dictadura de Primo de Rivera
• La economía durante la dictadura de Primo de Rivera
• La Manifestación del Ruido, texto repartido clandestinamente en oposición al régimen el 1930.