Matanzas de Paracuellos

Vista del cementerio de Paracuellos^[1] cercano al río Jarama, uno de los lugares donde ocurrieron estos episodios de represión de la Guerra Civil Española, erigido en recuerdo y memoria de los asesinados. Al fondo de la imagen, una cruz blanca de grandes dimensiones, en la ladera del "cerro de San Miguel", es visible desde la proximidad del aeropuerto de Madrid-Barajas.

Las llamadas matanzas de Paracuellos fueron una serie de episodios de asesinatos masivos organizados durante la Batalla de Madrid, en el transcurso de la Guerra Civil Española, y que llevaron a la muerte de varios miles de prisioneros considerados opuestos al bando republicano. Los hechos se desarrollaron en los parajes del arroyo de San José, en Paracuellos de Jarama, y en el soto de Aldovea, en el término municipal de Torrejón de Ardoz, ambos lugares cercanos a la ciudad de Madrid.

Las matanzas se realizaron aprovechando los traslados de presos de diversas cárceles madrileñas, conocidos popularmente como sacas, llevados a cabo entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936, mientras se enfrentaban las tropas gubernamentales y franquistas^[2] por el control de la ciudad. Del total de 33 sacas de presos que tuvieron lugar en las fechas citadas, 23 de ellas terminaron en asesinatos: las de los días 7, 8, 9, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de noviembre y las del 1 y el 3 de diciembre. Entre el 10 y el 17 de noviembre no hubo extracción alguna, y desde el 4 de diciembre cesaron.^[3]

Los convoyes mencionados fueron desviados hacia los lugares del arroyo San José, en la vega del río Jarama, y a un caz o canal de irrigación fuera de uso, en la vega del río del Henares donde miles de prisioneros fueron asesinados. Entre ellos se encontraban militares que habían participado en la sublevación o que no se habían incorporado a la defensa de la República,^[4] falangistas, religiosos, militantes de la derecha, burgueses y otras personas que en su inmensa mayoría habían sido detenidas por ser consideradas como partidarias de la sublevación, y custodiadas sin amparo legal ni acusación formal.

Tras ser extraídos de las prisiones con listas elaboradas y notificaciones de traslado o libertad con membrete de la Dirección General de Seguridad y, en ocasiones, firmadas por Segundo Serrano Poncela, el delegado de Orden Público de la Consejería de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid, encabezada por Santiago Carrillo, y posteriormente fusilados de manera sumaria por milicias pertenecientes a las organizaciones obreras. Antes del 7 de noviembre ya habían tenido lugar algunas sacas, especialmente durante el mes de octubre, fruto del cambio de manos del control de las prisiones, que pasó de las de los funcionarios de prisiones a las de las milicias a raíz del asalto a la Cárcel Modelo, que tuvo lugar el 22 de agosto de 1936, si bien el número de asesinados fue mucho menor y carecieron del carácter sistemático y organizado que tuvieron las de noviembre y diciembre.^[5]

Las matanzas de Paracuellos son consideradas las de mayor dimensión que tuvieron lugar en la retaguardia de la zona republicana. El número de asesinados ascendió a varios miles, entre 2.000 y 5.000, si bien la cifra exacta sigue siendo objeto de discrepancia y controversia. También son objeto de enconadas discusiones aspectos como quién dio la orden de ejecutar a los evacuados de las cárceles, por qué unas sacas terminaron en asesinatos masivos en tanto que en otras los prisioneros llegaban sanos y salvos a su destino y, en definitiva, las responsabilidades directas e indirectas de los fusilamientos.

Las fuentes

Las matanzas de Paracuellos siguen siendo objeto de agria polémica, con gran énfasis en la responsabilidad de Santiago Carrillo. El libro de referencia sobre las matanzas de Paracuellos ha sido durante mucho tiempo Paracuellos: cómo fue, del hispanista irlandés Ian Gibson, publicado en 1983 y reimpreso en 2005 sin ninguna modificación, salvo un nuevo prólogo. Su libro fue el primero que abordó de forma sistemática y sin tesis preconcebidas dicho asunto (así, por ejemplo, en 1994, Ricardo de la Cierva calificó el libro de Gibson como «excelente»^[6] y al propio Gibson como un "historiador de izquierdas [Gibson se define como “socialista” en el prólogo de su libro] ganado por la Historia por encima de sus inclinaciones políticas"^[7] ). Ese mismo año, el periodista e historiador gallego Carlos Fernández publicó Paracuellos del Jarama: ¿Carrillo culpable?, con mucha menos repercusión (si bien La Cierva indica que su mérito principal consiste en "el análisis, generalmente acertado, de las fuentes que se refieren a las ejecuciones de noviembre y diciembre en Madrid").^[8]

Ian Gibson firmando en la Feria del Libro de Madrid de 2007. La publicación del libro de Ian Gibson, Paracuellos: cómo fue en 1983 marcó un hito en el estudio de las matanzas.

En 1994, con motivo de la presentación por parte de Santiago Carrillo de sus Memorias (en las que, entre otros, narra su actuación como consejero de Orden Público en la Junta de Defensa de Madrid y su relación con los episodios de Paracuellos), Ricardo de la Cierva publicó Carrillo miente, en el que afirma demostrar que las memorias del político comunista contenían abundantes inexactitudes y falsedades (el subtítulo del libro es 153 documentos contra 106 falsedades). De sus diez capítulos, el cuarto, El responsable de Paracuellos, está dedicado íntegramente a la implicación de Carrillo en las matanzas.

En 1998, Javier Cervera había publicado un análisis de la represión y la resistencia clandestina en Madrid durante la Guerra Civil, Madrid en guerra. La ciudad clandestina, 1936-1939, publicada en 1998, con segunda edición en 2006, sobre una tesis doctoral anterior del autor (Violencia política y acción clandestina: la retaguardia de Madrid en guerra, 1996^[9] ). En este libro, se dedica un capítulo (Las sacas de presos) dentro de la sección Madrid: sublevación derrotada, Estado destruido al análisis de las matanzas de Paracuellos. La reimpresión de 2006 proporciona nuevos datos y hallazgos.

Según el periodista e historiador Jorge Martínez Reverte, los mayores avances en la dilucidación de lo que realmente ocurrió en Paracuellos se deben a Ian Gibson, Javier Cervera y Ángel Viñas. De acuerdo con su opinión, las investigaciones franquistas (recogidas en la célebre Causa General, con confesiones extraídas bajo tortura y con errores de documentación que califica de evidentes), no fueron nada útiles. La primera reconstrucción de los hechos se debería a Paracuellos: cómo fue, de Ian Gibson, publicada en 1983. El primer estudio consistente sobre el número e identidad de las víctimas se debería a Javier Cervera, a finales de los noventa. Ya en los primeros años del siglo XXI, Ángel Viñas habría avanzado mucho en esclarecer los hechos gracias a los archivos soviéticos. Respecto a César Vidal y Pío Moa, califica sus obras de panfletos que "no han hecho más que oscurecer la investigación".^[10] Como ya se ha citado anteriormente, en 1994, La Cierva calificó el libro de Gibson como «excelente». Por su lado, el hispanista estadounidense Stanley G. Payne afirma que el estudio más reciente y mejor sobre las matanzas de Paracuellos es la obra de Vidal Paracuellos-Katyn.^[11]

Ian Gibson

Todas las obras citadas son fuentes secundarias, basadas en el análisis de gran cantidad de fuentes historiográficas. Por lo que respecta a Gibson, afirma haber utilizado, entre otras, las siguientes fuentes:

• Los fondos de la denominada Causa General, transferidos en 1980 al Archivo Histórico Nacional y abiertos a la investigación en 1981; hasta entonces, sólo se habían conocido algunos de los resultados de las investigaciones, publicadas en 1944 como Causa General. La dominación roja en España. Avance de la información instruida por el Ministerio Público^{[12] [13]} (el propio La Cierva escribió que Gibson demostraba un excelente conocimiento de la documentación de la Causa General y la había aprovechado a fondo^[6] ).
• Los teletipos intercambiados entre miembros del Gobierno de la República y de estos con la Junta de Defensa de Madrid durante los días 10 y 11 de noviembre, conservados en el Servicio Histórico Militar y cuya referencia le fue proporcionada por Ramón Salas Larrazábal.^[14]
• El libro de Felix Schlayer, diplomático alemán que desempeñó el puesto de cónsul noruego en Madrid durante los primeros meses de la Guerra, Diplomat im roten Madrid, publicado en alemán en Berlín en 1938 por la editorial nazista F.A. Herbig y prácticamente desconocido hasta que Gibson lo sacó a la luz. El libro narra las impresiones de Schlayer sobre la represión que asoló la retaguardia republicana en Madrid durante su estancia en la capital. El libro de Schlayer, a pesar de las simpatías pronazis^[15] y por el bando franquista del diplomático alemán (Schlayer colaboró con la quinta columna para pasar información a las tropas que asediaban la capital) es casi unánimemente considerado un documento de primordial importancia para conocer muchos de los detalles de las matanzas (Gibson alude al libro diciendo que "reviste una importancia extraordinaria para nosotros";^[16] Ángel Viñas matiza la fiabilidad de las memorias de Schlayer debido a su fecha y lugar de publicación: "Es improbable que no pasaran por la bien engrasada máquina de propaganda goebbelsiana, ya desatada frenéticamente en una cruzada antibolchevique"^[17] ).
• El libro de Mijail Koltsov, periodista agente soviético a las órdenes directas de Stalin, Diario de la guerra española, publicado en Moscú en 1938, en el cual describe, valiéndose de un sosias, Miguel Martínez, sus andanzas durante los primeros meses de la guerra y sus conversaciones con los medios comunistas españoles. Koltsov tuvo, según Gibson, una importancia crucial en el destino de los presos de las cárceles madrileñas.
• Los vascos en el Madrid sitiado, libro del nacionalista vasco Jesús de Galíndez, en el que narra sus experiencias como miembro del Comité-Delegación del Partido Nacionalista Vasco en Madrid entre el inicio de la guerra y su marcha de la ciudad en mayo de 1937 y como responsable de la sección de Presos y Desaparecidos de dicha delegación desde octubre de 1936 hasta su marcha de Madrid. Fue publicado por la editorial Ekin en Buenos Aires en 1945 y reeditado por Txalaparta en 2005.
• Los libros de varios presos en la Cárcel Modelo en noviembre de 1936. Gibson cita dos, dándoles una valoración muy diferente: de Emocionario íntimo de un cautivo. Los cuatro meses de la Modelo (1939), de Antonio Cobaneña, el Duende Azul, Gibson afirma que es "una fuente indispensable"; de Madrid bajo «el Terror», 1936-1937 (1937) y La agonía de Madrid, 1936-1937 (1938), de Adelardo Fernández Arias, el Duende de la Colegiata, un escritor de extrema derecha, dice en cambio que "no es de fiar", fundamentalmente porque estuvo refugiado en la embajada de Argentina durante los hechos y no fue testigo directo de lo sucedido.
• Entrevistas con varias personas involucradas o relacionadas con los hechos, como Santiago Carrillo, cuya entrevista es transcrita en el libro de Gibson, ocupando un capítulo entero; Máximo de Dios, suplente del secretario de la Junta de Defensa de Madrid, socialista; o Ricardo Aresté Yebes, testigo presencial e hijo del alcalde de Paracuellos en la fecha de las matanzas.
• Los boletines oficiales de la Junta de Defensa de Madrid.

Carlos Fernández

El libro de Fernández carece de una sección dedicada al análisis de fuentes. También prescinde de dos de las fuentes más importantes sobre las matanzas de Paracuellos: el libro de Schlayer y los documentos de la Causa General (sólo se utilizó el resumen Causa General. La dominación roja en España.... Aparte del citado resumen de la Causa General, las fuentes más relevantes sobre el asunto manejadas por Fernández son diversos libros con testimonios de contemporáneos de las matanzas (entre los que se encuentran Adelardo Fernández Arias y Mijail Koltsov), testimonios de supervivientes a las sacas y fuentes secundarias como el trabajo de Ramón Salas Larrazábal Carrillo y la represión en el Madrid republicano (revista «Nueva Historia», nº 5, junio de 1977). La versión de Santiago Carrillo es contrastada con el libro de Régis Debray y Max Gallo Demain l'Espagne, publicado en París en 1974 y traducido al español como Mañana España: conversaciones con Santiago Carrillo.

Ricardo de la Cierva

Ricardo de la Cierva no aporta demasiadas novedades historiográficas a su capítulo sobre Paracuellos en Carrillo miente (en el que señala 13 supuestas falsedades sobre las matanzas de Paracuellos —el capítulo contiene algunas más, no relacionadas con estos hechos—, aportando treinta y ocho documentos de muy distinta condición), mezclando fuentes primarias y secundarias. Entre las fuentes primarias, La Cierva menciona fundamentalmente:

• Las actas de las sesiones y los Boletines de la Junta de Defensa de Madrid, recopiladas y analizadas por Julio Aróstegui y Jesús A. Martínez en 1984, en el libro La Junta de Defensa de Madrid.
• Los libros de Felix Schlayer, Jesús de Galíndez y Mijail Koltsov.
• Los libros de Adelardo Fernández Arias, los cuales, a pesar de que Gibson señaló que habían sido escritos de oídas, puesto que el autor no salió de la embajada argentina durante los hechos que narra, es calificado por La Cierva como "de máxima importancia"^[8] (La Cierva indica que estos libros fueron usados también por Carlos Fernández, el cual "los valora mucho, y tiene razón").^[8]
• El libro de Antonio Cobaneña, el Duende Azul, en cuya valoración coincide con Gibson.
• El libro de Enrique Castro Delgado Hombres made in Moscú (1963). Castro Delgado, primer comandante del Quinto Regimiento, había pertenecido a la dirección del PCE y sido partidario de Jesús Hernández. A la caída de este ante Uribe y Pasionaria, Castro Delgado fue expulsado del partido, pudiendo abandonar la Unión Soviética, donde se encontraba. Primero fue a México a Jesús Hernández colaborando en su proyecto comunista disidente, pero luego volvió a España, sin ser encarcelado. Escribió varios libros profundamente anticomunistas, como el citado (el historiador Fernando Hernández Sánchez señala que las obras de Castro, como las de "El Campesino" habían sido sufragadas por el Departamento de Estado estadounidense, en plena Guerra Fría^[18] ).
• El resumen de la Causa General, Causa General. La dominación roja en España. Avance de la información instruida por el Ministerio Público.
• Actas del Pleno Ampliado del PCE en Valencia en 1937.

Entre las secundarias se encuentran:

• El propio libro de Ian Gibson (los documentos de la Causa General son siempre citados a partir de transcripción de Gibson), así como el de Carlos Fernández.
• Pérdidas de la guerra, de Ramón Salas Larrazábal, sobre la estadística de asesinados en las matanzas.
• «Santiago Carrillo y la represión republicana en Madrid, 1936», en el número 5 de la revista Nueva Historia (junio de 1977)

Javier Cervera

Javier Cervera no proporciona tampoco fuentes novedosas. Utiliza profusamente la Causa General, los Boletines y actas de sesiones de la Junta de Defensa de Madrid incluidos en el libro de Aróstegui y Martín, los libros de contemporáneos ya citados y finalmente, entrevistas con Santiago Carrillo (que según Reverte no aportan nada nuevo sobre el contenido de sus Memorias) y Cayetano Luca de Tena, integrante de una de las extracciones de presos que sí llegó sana y salvas a Alcalá de Henares. El único elemento novedoso es el acta de la reunión de Comité Nacional de la CNT que sacó a la luz Jorge M. Reverte, en la que se da cuenta de una reunión efectuada entre representantes de las JSU y de la federación local de la CNT el 7 de noviembre, en la que acordaron dividir a los presos de las cárceles madrileñas en tres grupos. Uno de ellos, el de los presos «fascistas o elementos peligrosos», debía ser objeto de "ejecución inmediata. Cubriendo la responsabilidad".^[10]

La fiabilidad de la Causa General

Detalle de la entrada del edificio principal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el complejo de la calle Serrano (Madrid). Ahí se encuentra el Archivo Histórico Nacional, donde se hallan depositados los fondos que constituyen la Causa General.

La denominada «Causa General» fue un proceso abierto por los vencedores en la Guerra Civil en 1940. En palabras de sus promotores tenía:

Su fiabilidad es muy discutida por los historiadores. Todos reconocen su parcialidad, al contemplar solo los presuntos crímenes cometidos en la llamada zona roja, y consideran fruto de esta parcialidad el que se acuse de rebelión a los que permanecieron fieles a la república. Pero muchos historiadores imparciales la consideran fiable en cuanto a la los horrores que se desencadenaron en la zona republicana,^[19] o a que en ella se describen vívidamente Las circunstancias espantosas en que vivieron muchas personas en la retaguardia^[20] y en cuanto a las relaciones de víctimas del llamado terror rojo.

Su confección, en los años más duros de la posguerra, ha llevado a los historiadores interesados en los episodios represivos en la retaguardia republicana, a tratar esta fuente, fundamental por otra parte, con cierta cautela. Así, Gibson, que señala que la consulta de los documentos de la Causa General es imprescindible para el estudio de las matanzas ocurridas en Madrid durante la Guerra Civil, también indica que su consulta debe hacerse con cuidado, "puesto que constituyen casi siempre una densa mezcla de verdades y mentiras, fuertemente condicionadas por las circunstancias en las cuales se prestaban".^[21] Pero no pone en duda la realidad de los los horrores que se desencadenaron en la zona republicana:

Javier Cervera, que consultó los documentos de la Causa General aún más profusamente que Gibson (dado que su estudio abarcaba el total de la Guerra), indica que a pesar de sus deficiencias, los documentos de la Causa deben ser ineludiblemente consultados. Las deficiencias señaladas por Cervera son su propósito justificativo, el momento en el que se llevó a cabo, inmediatamente después del fin de la Guerra, y las circunstancias en las que las declaraciones se llevaban a cabo ("se trata de una densa mezcla de verdades y mentiras, manifestadas por personas interrogadas, muchas de ellas, bajo la presión de una posible condena, perpetua o capital muchas veces". La metodología utilizada por Cervera a la hora de considerar veraz una declaración fue el siguiente: si los datos de un testigo son corroborados por otros testimonios, incluso a veces supuestas víctimas de sus presuntas acciones; cuando se proporcionan informaciones cuya ocultación o tergiversación no tiene ningún beneficio para el declarante (como por ejemplo, relativas al funcionamiento de instituciones); o cuando las manifestaciones son corroboradas por fuentes bibliográficas o testimonios posteriores.^[22]

Ricardo de la Cierva no hace especial crítica de las fuentes que utiliza. Respecto a la Causa General afirma que se trata de un "formidable archivo" con "exhaustivos fondos".^[6] Sólo al referirse al precedente de la Causa General, el «Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936» afirma que contiene "testimonios importantes y fidedignos sobre la represión en Madrid".^[23] Sin embargo, Gibson indica en la sección dedicada a la Causa General que en otra de sus obras, La historia se confiesa, de 1976 que "La Causa General, ese conjunto deplorable de acusaciones mal comprobadas y peor urdidas, presenta, entre múltiples datos que sí están comprobados y documentados, algunas descripciones horripilantes sobre atrocidades perpetradas en zona republicana".^[24] César Vidal no incluye ninguna sección sobre crítica de fuentes, citando siempre documentos de la Causa General sin ninguna matización.

En 1981, Pedro Laín Entralgo decía en su artículo Sobre la convivencia en España dando por ciertos los crímenes relatados en la ‘’Causa General’’:

Francisco Pérez Álex, coordinador de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Sevilla (AMHYJA) opina que los muertos del bando franquista fueron registrados uno por uno:

Enrique Moradiellos considera que las víctimas de la violencia republicana fueron bien contadas gracias a la eficacia de la causa general:

Los hechos

Entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936 se llevaron a cabo 33 extracciones de presos de cárceles madrileñas. Las extracciones se llevaban a cabo mediante notificaciones con el membrete oficial de la Dirección General de Seguridad y firma de su director y, en ocasiones, firma de Segundo Serrano Poncela, delegado de Orden Público y situado inmediatamente a las órdenes de Santiago Carrillo, consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid, que se había constituido en la madrugada del 7 de noviembre. Las extracciones portaban listas nominativas e incluían como razón de la extracción la puesta en libertad de los listados o su traslado a cárceles alejadas de la línea del frente como las de Alcalá de Henares o Chinchilla. De acuerdo con las conclusiones del historiador Javier Cervera, las sacas que tuvieron como razón el "traslado" de presos llegaron efectivamente a su destino sanas y salvas, siempre a Alcalá de Henares.

Cuartel General del Ejército del Aire, edificado en la posguerra en la manzana donde se levantaba la Cárcel Modelo, de donde partieron las sacas de los días 7, 8 y 9 de noviembre que terminaron en Paracuellos del Jarama, donde sus integrantes fueron asesinados.

Las autoridades de las prisiones procedían a llamar a los presos que aparecían en las listas. Una vez congregados, los presos, en su mayor parte, eran atados por las manos. A continuación se les subía a los vehículos encargados de su traslado. Si la expedición era numerosa, se utilizaban autobuses de dos pisos de color verde del servicio público de transportes de la ciudad. Autobuses de tal tipo fueron usados en las sacas de la Modelo del 7, 8 y 9 de noviembre, así como en la evacuación de la prisión el día 16. Cuando el volumen de sacados era menor, se utilizaban camiones. Las expediciones eran escoltadas por milicianos, pertenecientes en su mayor parte a las Milicias de Vigilancia de la Retaguardia (una fuerza policial creada en septiembre de 1936 para integrar las milicias que ya efectuaban labores policiales de forma autónoma e incontrolada en la Dirección General de Seguridad), a bordo de coches balilla. Estos milicianos integraban los pelotones de fusilamiento.^[28]

La creación de la Junta de Defensa de Madrid

En el consejo de ministros realizado el 6 de noviembre de 1936, y ante el avance de los franquistas,^[2] que se hallaban a las puertas de Madrid, el nuevo Gobierno republicano a cuyo frente se hallaba Largo Caballero decidió abandonar Madrid y trasladarse a Valencia, en la certeza de que la caída de la capital era inminente. Según Gibson, que toma como base la entrevista realizada a Santiago Carrillo en 1982 para la elaboración de su obra sobre Paracuellos, la decisión se tomó a eso de las 18:45 de la tarde.^[41] Sin embargo, según las memorias de Santiago Carrillo, escritas diez años después, en 1993, el consejo de ministros se reunió por la mañana.^[42] En la reunión se tomó la decisión de que el gobierno debía abandonar Madrid esa tarde. De acuerdo con dichas memorias, los ministros comunistas del gobierno (Vicente Uribe y Jesús Hernández) informaron a los dirigentes del partido, así como a los dirigentes de las JSU recién afiliados al PCE, entre ellos a Carrillo, que el gobierno abandonaba la ciudad con la intención de dejar al mando, para encargarse de la defensa de la ciudad, a una Junta de Defensa presidida por el general Miaja y compuesta por representantes de todos los partidos que componían el Frente Popular. A última hora de la tarde, el general Asensio, subsecretario de Guerra (Largo Caballero era el ministro), que partía a Valencia con el gobierno, convocó a los generales Miaja y Pozas en el Ministerio de la Guerra y les entregó sus oficios, en dos sobres cerrados, que no debían abrir hasta el día siguiente a las seis de la mañana. Los generales desobedecieron las órdenes y abrieron los sobres inmediatamente, ganando un tiempo precioso (puesto que los oficios respectivos estaban intercambiados). El oficio del general Miaja le comisionaba para la creación y dirección de la Junta. Esta quedaba facultada para «la coordinación de todos los medios necesarios para la defensa de Madrid, que deberá ser llevada al límite» y se constituía en la máxima autoridad en la capital, con facultades delegadas del Gobierno y absorbiendo también, por tanto, las competencias del Ayuntamiento de Madrid (su alcalde, Pedro Rico, había abandonado también esa tarde Madrid, junto con el Gobierno).

Al mismo tiempo, y de acuerdo con Carrillo, éste y Cazorla (miembro también de la dirección de las JSU y que había ingresado también en el PCE) se dirigieron a ver a Largo Caballero antes de que abandonase la ciudad, mostrándose éste sorprendido de que supiesen que el Gobierno se iba. A la salida de la reunión, Carrillo y Cazorla acudieron a la sede del comité central del PCE. A diferencia del resto de partidos, cuyas direcciones habían abandonado también la ciudad (Prieto abandonó en avión la ciudad; el único dirigente de peso del PSOE que permaneció en la capital fue Julián Zugazagoitia, al frente de El Socialista), el PCE (junto con las JSU, cuya dirección estaba ya controlada por aquel) fue el único partido cuya dirección permaneció mayoritariamente en Madrid. El comité ya había contactado con Miaja y había decidido apoyarle para que la Junta comenzase a funcionar lo antes posible, en vez del día 7 (fecha en la que, formalmente, debía hacerlo, de acuerdo con el oficio recibido por Miaja). Además, el comité decidió también que Antonio Mije e Isidoro Dieguez debían convertirse en consejero y suplente, respectivamente, de Guerra en la Junta de Defensa, en tanto que Carrillo y Cazorla debían hacer lo propio, como representantes de las JSU, en la de Orden Público.^[43]

La situación de aquella noche era desesperada para el general Miaja. Carecía de Estado Mayor, apenas tenía noticias de las fuerzas que defendían Madrid y sólo poco a poco fueron acudiendo al Ministerio de la Guerra algunos militares, como el teniente coronel Rojo, para ponerse a sus órdenes. El Quinto Regimiento se puso inmediatamente a su disposición y mandó un oficial de enlace al Estado Mayor en ciernes de Miaja.^[44] Por su parte, durante la noche del 6 de noviembre fueron acudiendo al Ministerio de la Guerra también representantes y comisiones de los partidos políticos del Frente Popular, que acordaron en una primera reunión, previa a la constitución formal de la Junta, que, aunque la disposición de Largo Caballero aludía a que los diversos partidos debían designar representantes en la misma proporción que la que tenían en el Gobierno, «cada uno de los partidos estuviese representado por un titular y un suplente».^[45] Durante la madrugada del día 7 fueron elegidos los representantes de cada uno de los partidos, sindicatos y organizaciones presentes: el PSOE, el PCE, las Juventudes Socialistas Unificadas, la CNT, la Casa del Pueblo de Madrid (UGT), Izquierda Republicana, Unión Republicana, las Juventudes Libertarias y el Partido Sindicalista, bajo la presidencia del general Miaja. La Junta se constituía oficialmente el día 7 de noviembre a las once de la mañana. El predominio comunista en la Junta era muy grande, tanto por el número de integrantes (aparte de los públicamente comunistas, tanto los representantes de las JSU, recién afiliados, como los de la Casa del Pueblo, representantes de la UGT, lo eran también) como por su perfil: Antonio Mije era miembro de la dirección del PCE, en tanto que Santiago Carrillo era el secretario general de las JSU. Sin embargo, ese dominio no era aún patente, puesto que la afiliación comunista de Carrillo y Cazorla aún no era conocida. No hubo resistencias por parte del resto de partidos a la asunción de las consejerías de Guerra y Orden Público por parte del PCE y las JSU.^[46]

La mayor parte de las sacas se produjeron mientras las tropas franquistas asaltaban la ciudad durante la batalla de Madrid. En la fotografía, búnkeres de ametralladoras en el Parque del Oeste, línea del frente durante la batalla de Madrid.

La madrugada del 6 al 7 de noviembre

Esa misma noche tenían lugar otros acontecimientos relevantes en diversos lugares de Madrid.

El periodista soviético Mijail Koltsov, formalmente corresponsal de Pravda, descrito por Hugh Thomas e Ian Gibson como "el agente personal de Stalin en España" y como una persona que "en ocasiones tenía línea directa con el Kremlin", llegó a España el 8 de agosto de 1936 (antes del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y la Unión Soviética). En poco tiempo había ganado una enorme influencia no sólo ante los cuadros del PCE sino también en el gobierno y el ejército. De hecho, asistía a las sesiones del Comisariado de Guerra, creado a mediados de octubre, presididas por Álvarez del Vayo. Koltsov había estado alertando tanto al Comisariado como al Gobierno de Largo Caballero del peligro que representaban los miles de "fascistas" presos en las cárceles madrileñas. Según afirma Koltsov en su libro Diario de la guerra española, el problema de la evacuación de los presos había sido tratado el 1 de noviembre por el gobierno, siéndole encomendada la misión al ministro de Gobernación Ángel Galarza. Sin embargo, cuando el gobierno huyó de Madrid en la tarde del 6 de noviembre, no se había hecho nada a este respecto. En palabras de Koltsov, De los ocho mil fascistas detenidos no ha sido evacuado uno solo.^[47]

Esa tarde, tras recorrer las dependencias oficiales, encontrándoselas vacías, Koltsov acudió, ya anochecido, a la sede del Comité Central del PCE, donde observa que es el único partido que sigue activo en Madrid, tratando de organizar la defensa de la ciudad ante el inminente asalto. Según cuenta en su diario:

Por una parte se constituía extraoficialmente el denominado Consejo de la Dirección General de Seguridad.

Evacuaciones y primeras sacas

Durante la reunión de constitución de la Junta, en la madrugada del 6 al 7 de noviembre, se decidió evacuar a los presos internados en la Cárcel Modelo, entre los que se encontraban numerosos militares, a prisiones alejadas de Madrid. El motivo era la preocupación por que los presos pudieran aumentar el potencial ofensivo de los sublevados —a la sazón a las puertas de Madrid— ante la eventualidad de la caída de la capital.^[48] En ese momento, los combates se llevaban a cabo en la propia ciudad, habiendo llegado los rebeldes hasta la Ciudad Universitaria, muy cercana a la cárcel Modelo (este episodio bélico se conoce como batalla de Madrid).

Mientras la reunión de constitución de la Junta tiene lugar, se está preparando una saca en la cárcel de Porlier. De madrugada todavía, partió de dicha cárcel un convoy de autobuses de línea regular pertenecientes a la Sociedad Madrileña de Tranvías, con el aparente propósito de trasladar a los presos a Valencia. Sin embargo, una vez llegado a Torrejón de Ardoz (la carretera de Valencia estaba bajo el fuego de los asaltantes), en lugar de seguir hacia Loeches y Camporreal para enlazar con la carretera de Valencia, se desvió hacia la vega del Jarama (en el municipio de Paracuellos de Jarama), y allí los presos fueron fusilados. Los sucesos se repitieron dos días después, esta vez en la vega del Henares (en el municipio de Torrejón de Ardoz). Miembros del cuerpo diplomático, como el cónsul de Noruega, el alemán Felix Schlayer, ya el día 7 por la tarde habían advertido al Consejero de Orden Público, Santiago Carrillo, de los hechos. Carrillo sin embargo, aunque reconoció en sus memorias la conversación con el cónsul noruego (al que confunde con el embajador de Finlandia), ha sostenido en todo momento no estar al corriente de las matanzas.^[49]

Siguientes sacas

A pesar de las declaraciones en contra de las autoridades republicanas, los fusilamientos se reanudaron de nuevo. Ni las protestas del cuerpo diplomático ni el posible deterioro de la imagen internacional del Frente Popular lograron detener los asesinatos.

Primera intervención de Melchor Rodríguez

Finalmente, las matanzas se detuvieron el 10 de noviembre, cuando el anarquista Melchor Rodríguez, llamado "El Ángel Rojo", se puso al frente de la Dirección de Prisiones, el cual, con su enérgica actuación individual logró detener las matanzas masivas de presos. Su asunción del cargo careció de nombramiento oficial hasta el día 14, fecha en que dimitió. Su dimisión permitió la reanudación de las extracciones y asesinatos de presos hasta que su nombramiento definitivo, causado por las presiones del cuerpo diplomático y del presidente del Tribunal Supremo, Mariano Gómez, finalizó definitivamente con las sacas y asesinatos masivos.^[30]

El intento de asesinato del doctor Henny

El 8 de diciembre de 1936 fue derribado sobre Pastrana el avión correo de la embajada francesa que enlazaba Madrid con Tolouse, un Potez 54. En él viajaba el doctor Henny, delegado de la Cruz Roja Internacional, además de dos tripulantes, dos periodistas y dos secretarias. Aunque la pericia del piloto evitó una tragedia mayor, hubo tres heridos: Henny pasó cuatro meses en cama, uno de los periodistas (Louis Delaprée) murió a consecuencia de las heridas y otro sufrió la amputación de una pierna. Aunque el Ministerio de la Guerra proclamó que había sido "criminalmente atacado y derribado por la aviación fascista", el día 21 se descubrió que el avión había sido derribado por dos cazas republicanos Polikarpov I-15, pilotados por soviéticos.^[50]

El doctor era portador de un dossier sobre las matanzas de presos en Madrid y, en especial, de las producidas en Paracuellos de Jarama, que debía presentarse ante la Sociedad de Naciones en Ginebra, donde iba a comparecer el ministro republicano Julio Álvarez del Vayo. Sin embargo, el derribo evitó que esto ocurriera. Félix Schlayer y otros miembros del Cuerpo Diplomático asumieron que había sido derribado deliberadamente en un intento de evitar que las pruebas de las matanzas se hicieran públicas; Delaprée atribuyó el atentado a Alexander Orlov, jefe de la inteligencia soviética en España, responsable entre otros episodios del secuestro y asesinato de Andrés Nin. César Vidal considera acertados ambos testimonios,^[51] pero Gibson señaló que no había hallado informe alguno sobre dichos asuntos en los archivos de la Cruz Roja Internacional.^[39]

Las víctimas

Lápida sepulcral de los "mártires de Almagro" en la iglesia del convento dominico de la Asunción de Calatrava de Almagro (Ciudad Real). Los cuatro dominicos beatificados que aparecen en la lápida (José Delgado Pérez, José Prieto Fuentes, Manuel Santiago Santiago y Francisco Fernández Escosura), fueron asesinados en Paracuellos del Jarama.

Entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre tuvieron lugar, pues, 33 sacas de presos de las prisiones de Madrid. De ellas, 23 concluyeron con el asesinato de sus integrantes. Las expediciones partieron de la Cárcel Modelo (7, 8 y 9 de noviembre; la cárcel fue evacuada el día 16 y los presos que aún quedaban en ella repartidos entre otras cárceles madrileñas), la de Porlier (7, 8, 9, 18, 24, 25 y 26 de noviembre, 1 y 3 de diciembre; de esta prisión, sólo una saca, la del 30 de noviembre, no terminó en tragedia), la de San Antón (7, 22, 28, 29 y 30 de noviembre) y la de Ventas (27, 29 y 30 de noviembre y 1 y 3 de diciembre). No hubo ninguna saca en las cárceles de mujeres, por lo que no existe ninguna presa asesinada en Paracuellos. La mayor parte de las víctimas provinieron de la Cárcel Modelo.^[52]

En cuanto a la tipología de las víctimas, éstas pertenecían en su mayor parte a la clase media conservadora y católica, entre los que se contaban abogados, jueces, periodistas, escritores, catedráticos y médicos. Había también un elevado número de militares, falangistas y religiosos, entre las que hay documentados varios casos de padres e hijos y de hermanos muertos juntos. Entre las víctimas había también menores de 21 años.^[53] La mayoría habían sido detenidos en Madrid (o trasladados a las cárceles madrileñas desde otras localidades) desde el inicio de la guerra. En el caso de los presos civiles, en su inmensa mayoría sin haber participado en la sublevación militar y sin haber recibido acusación concreta ni juicio alguno. Entre las víctimas se encontraban Federico Salmón, ministro de Trabajo por la CEDA en 1935, Jesús Cánovas del Castillo, político agrarista, e incluso un futbolista, Monchín Triana, que había jugado en el Atlético de Madrid y el Real Madrid. En una de las sacas, la del día 27 de noviembre, procedente de la cárcel de San Antón, encontró la muerte el dramaturgo español Pedro Muñoz Seca. Muñoz Seca, que conoció días antes el fin que le esperaba y tuvo tiempo de escribir a su mujer, dejó dicho a otro preso: “Se me acusa de monárquico, por haber llevado a Roma para Don Alfonso XIII el manto de la Virgen del Pilar. Con este manto voy a morir yo también”. También pereció Mateo García de los Reyes, almirante retirado, primer comandante del arma submarina y Ministro de Marina durante la dictadura de Primo de Rivera. Otra víctima relevante fue Ricardo de la Cierva Codorníu, un joven abogado cuya relevancia estriba en que trabajaba para la embajada noruega, al frente de la cual se había colocado Félix Schlayer, que fue quien descubrió las fosas en Paracuellos precisamente siguiendo la pista de su abogado. De la Cierva, muerto el 7 de noviembre en una de las sacas procedentes de la cárcel Modelo, era hijo del político conservador Juan de la Cierva Peñafiel, varias veces ministro de la monarquía, padre del historiador Ricardo de la Cierva, y hermano de Juan de la Cierva, el inventor del autogiro.

Las víctimas fueron depositadas en seis fosas excavadas en Paracuellos entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936, en algunos casos por los propios vecinos del pueblo de Paracuellos, obligados a ello pistola en mano (existen también aquí discrepancias; mientras que Gibson sostiene que las fosas no estaban abiertas cuando llegaron las primeras sacas, basándose en el testimonio de Ricardo Aresté Yebes, testigo presencial, alcalde de Paracuellos en 1983 e hijo del alcalde de la localidad en 1936,^[54] Vidal afirma que estaban ya excavadas puesto que es "la práctica habitual en este tipo de casos", descartando las afirmaciones de Aresté como una mera excusa para asegurar que nadie en Paracuellos, incluido su padre, sabían nada de lo que estaba sucediendo^[55] ). Una última fosa, la número 7, fue excavada en 1940, una vez acabada la guerra, para acoger los cadáveres de los fusilados en Soto de Aldovea (Torrejón de Ardoz) en las mismas fechas, así como las de otros asesinados en fechas diferentes en lugares como Boadilla del Monte. Todos ellos fueron trasladados al cementerio de Paracuellos en féretros individuales y con toda formalidad.

Cifras

El número total de fusilados en los campos de Paracuellos y de Torrejón ha conocido, desde el principio, distintas cuantificaciones. Su cálculo es complejo porque las órdenes para extraer presos de las cárceles madrileñas (que incluían listas nominativas conservadas entre los documentos de la Causa General) no incluían ninguna indicación acerca del destino final de los sacados de las cárceles. Dichas órdenes, como ya se ha indicado, justificaban la extracción de presos bajo la apariencia de traslado a otras cárceles, o incluso de puesta en libertad de los presos. Además, mientras que algunas expediciones eran efectivamente trasladadas y llegaban sanas y salva a su destino (las menos), otras terminaban en las fosas comunes de Paracuellos y Torrejón.

El historiador Ian Gibson ofreció en la década de 1980 la cifra de 2.400 asesinados.^[56] Para ello se basó en el cotejo de las relaciones nominativas registradas en la Causa General (las usadas para extraer los presos de las cárceles) con los listados incluidos en el diario ultraderechista El Alcázar (que el 3 de enero de 1977,^[57] en los meses previos a la legalización del Partido Comunista de España, a la que se oponían frontalmente los herederos de la dictadura, publicó una lista nominativa de 2.500 asesinados,^[58] afirmando que en Paracuellos habían sido asesinadas entre 10.000 y 12.000 personas; el periódico titulaba en portada «Descansen en paz los doce mil mártires vilmente asesinados y enterrados en fosas comunes en Paracuellos del Jarama en noviembre de 1936 por mandato expreso del consejero de Orden Público del Gobierno Rojo, el comunista Santiago Carrillo»), y determinar así cuáles de las sacas terminaron en asesinato. De acuerdo con Gibson, la lista de El Alcázar es una copia literal de la publicada en Comunicación. Órgano oficial de la Delegación Nacional de Ex Cautivos, Madrid, suplemento extraordinario número 5, publicada el 7 de noviembre de 1941, que a su vez se basa en las investigaciones llevadas a cabo, tras la guerra, por la Asociación de Familiares de los Mártires de Paracuellos del Jarama. Gibson también indica que utilizó el libro del padre Vicuña Mártires agustinos de El Escorial, San Lorenzo de El Escorial, 1943 (sobre los monjes agustinos del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, asesinados en Paracuellos; el padre agustino Carlos Vicuña Murguiondo fue el único de los agustinos de El Escorial que no encontró la muerte en el otoño de 1936, siendo liberado gracias a las gestiones del Partido Nacionalista Vasco^[59] ), para realizar este cotejado. En el caso de la Cárcel Modelo, Gibson verifica la cifra de asesinados procedentes de esta prisión también con el libro de Schlayer y con los registros oficiosos de la Cruz Roja Internacional enviados por Georges Henny, delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja en Madrid. De este cotejado, deduce unas cifras aproximadas de 2.000 asesinados. Teniendo en cuenta las afirmaciones de Ricardo de la Cierva que indica que existen 2.750 víctimas identificadas (citado en El cementerio de Paracuellos del Jarama, Madrid, 1972), datos obtenidos de los archivos de la Asociación de Familiares de los Mártires de Paracuellos (citado en La matanza de Paracuellos, incluido en España 1936-1976. La historia se confiesa, Barcelona, 1978), todo ello reiterado en su obra de 1994,^[60] Gibson ofrece una estimación final de los citados 2.400 asesinados (curiosamente, La Cierva afirma que "Gibson se declara de acuerdo con mis datos, confirmados por un estudio analítico de «El Alcázar»".^[60] En su edición de 2005, Gibson mantuvo sus conclusiones.

Por su parte, Vidal hace un repaso de las diversas cifras proporcionadas hasta entonces,^[61] de forma errónea en todos los casos.^[62] Finalmente, Vidal da por bueno un trabajo no publicado ni sometido a revisión historiográfica hasta el momento de José Manuel Ezpeleta, piloto aéreo, nieto de un asesinado en Paracuellos y vocal de la Hermandad de Nuestra Señora de los Mártires de Paracuellos del Jarama^[63] (citado erróneamente por Vidal como J.A. Ezpeleta; la edición de bolsillo del libro de Vidal incluye una errata en este punto, ya que atribuye estos estudios a un tal J.A. Ezquerra), el cual incluye una lista de 4.200 asesinados, según Ezpeleta completamente identificados, sin contar los 414 fusilados en el Soto de Aldovea en Torrejón de Ardoz, procedentes de una saca de la cárcel de San Antón (y de los que, tras su exhumación, sólo se identificó a 96). César Vidal alaba lo que él considera rigor del autor, tomando sus investigaciones como definitivas y redondeando la cifra a unos 5.000^[64] (Vidal incluye en su libro una lista de 4.021 víctimas de las matanzas de Paracuellos,^[65] si bien no especifica si se trata de la lista de Ezpeleta).

Puerta del cementerio de Paracuellos de Jarama erigido en el lugar donde se encontraban las fosas comunes donde fueron enterrados los asesinados en otoño de 1936.

Finalmente, Cervera ofrece la cifra de unos 2.000 asesinados.^[66] Su razonamiento comienza con la relativización de la lista de El Alcázar, utilizada por Gibson en sus estimaciones ("El conocido trabajo de Gibson les otorga una extraordinaria importancia como base sobre la que cuantificar el número de los asesinados, lo cual nos indica que no parece que las examinara con mucho rigor"^[67] ). Así, señala la existencia de víctimas que aparecen listadas dos veces o la inclusión de víctimas asesinadas en sacas ocurridas antes del 7 de noviembre (como Ramiro Ledesma, parte de una saca procedente de la cárcel de Ventas cuyos integrantes fueron asesinados en el cementerio de Aravaca la madrugada del 1 de noviembre, como el propio Gibson detalla en su libro^[68] ). Cervera también descalifica la cifra de 12.000 incluida en el artículo, puesto que, de acuerdo con sus investigaciones, sobrepasaría el total de población reclusa en Madrid en noviembre de 1936.^[69] A continuación, cita el trabajo de Rafael Casas de la Vega, El terror. Madrid 1936, Madrid, 1994, el cual incluye también listados con los asesinados en la provincia de Madrid, incluyendo los de las sacas de noviembre y diciembre. Cervera señala que abundan los nombres repetidos con leves variaciones ortográficas, errores de fecha, lugar y circunstancias de las muertes, así como personas que estaban vivas después de la presunta fecha de su muerte, lo cual le hace poner en duda la fiabilidad de las cifras de Casas de la Vega (que eran 2.410 con seguridad y 526 más necesitadas de comprobación).^[70] Por todo ello, usando los listados disponibles en la Causa General y las listas de El Alcázar y Casas de la Vega, que permitían descartar nombres, se llega a la cifra de algo más de 2.000 personas.

Las responsabilidades

La responsabilidad última de estos crímenes (quién o quienes dieron las órdenes de proceder a las matanzas) es un asunto aún abierto y la tarea de determinarla es cada vez más ardua para los historiadores, a causa de la muerte de muchas personas clave de dichos hechos y de la ausencia de pruebas directas acerca de quién o quienes dieron las órdenes de que algunas de las sacas terminasen en las fosas comunes de Paracuellos o Torrejón. También resulta controvertido dilucidar las complicidades en tales hechos (esto es, qué autoridades, teniendo constancia de las matanzas, no hicieron lo suficiente para impedirlas). Así, Cervera distingue en su análisis entre la responsabilidad directa, es decir, la de los que planearon los asesinatos y dieron las órdenes para su ejecución, y las de aquellos que, conociendo que se estaban llevando a cabo tales acciones, no hicieron lo suficiente para terminar con ellas, aún disponiendo de poder y medios para ello.^[71]

El hispanista irlandés Ian Gibson afirma que es clara la responsabilidad del Partido Comunista, cada vez más poderoso en Madrid y fuerza hegemónica en el Consejo de la Dirección General de Seguridad de la Consejería de Orden Público (presidido por Segundo Serrano Poncela), continuador del Comité Provincial de Investigación Pública (la tristemente célebre checa de Bellas Artes y luego de Fomento), dirigido en la sombra por los agentes soviéticos en España Mijail Koltsov (al que identifica como a la persona que se ocultaba bajo el seudónimo de Miguel Martínez) y Nikloski "Alejandro" Orlov, jefe de la NKVD en España.^[72] De acuerdo con Gibson, el "Consejillo de Orden Público" habría implantado un "sistema de terror y muerte". Un sistema que era heredero de la tristemente célebre "checa de Fomento" y que dirigía el Consejillo de la Dirección General de Seguridad, un organismo controlado por los comunistas con la colaboración activa de los anarquistas. Estos asesinatos no tuvieron lugar en cualquier momento, sino en una especial situación, en la que las tropas franquistas se encontraban a las puertas de la ciudad, sin saberse si entrarían en la ciudad en cualquier momento. En la situación de "miedo y pánico que se habían apoderado de un Madrid sujeto día y noche al bombardeo, aquellos duros del Consejillo [el Consejo de la Dirección General de Seguridad] no estaban dispuestos a tratar humanamente a los presos «fascistas» hacinados en las cárceles de Madrid. Y además, las masas que representaban clamaban por la sangre de aquellos reclusos.^[73]

Fuente situada en el chaflán que forma uno de los ángulos del colegio de las Escuelas Pías de San Antón, transformado en cárcel (cárcel de San Antón) durante la Guerra Civil y de donde salieron muchas de las sacas que finalizaron en Paracuellos del Jarama.

Respecto a otras personas acusadas por otros autores de haber ordenado las matanzas, Gibson no considera en ningún momento como responsable de estas a Manuel Muñoz Martínez, director general de Seguridad, que había abandonado la ciudad en la tarde-noche del 6 de noviembre con el resto del Gobierno, habiendo dejado una orden de evacuación de presos de la cárcel de San Antón a Alcalá de Henares, que fue usada el día 7, con la fecha probablemente manipulada. Tampoco menciona a Margarita Nelken, diputada socialista sin ninguna participación en el Gobierno ni en la Junta de Defensa de Madrid (acusada por César Vidal, el cual, siguiendo a Schlayer, la considera sucesora de Muñoz al frente de la Dirección General de Seguridad el 7 de noviembre; Gibson no considera que existiese tal "sucesión" en la DGS entre la huida de su titular, en la noche del 6 de noviembre y la constitución de la Junta de Defensa de Madrid, en la madrugada del 7).^[74] Con respecto a Santiago Carrillo, afirma que es difícil de creer que aquel no estuviese enterado de las matanzas que se habían producido los días 7 y 8 de noviembre, si no enseguida, sí muy poco tiempo después (máxime teniendo en cuenta la conversación con Schlayer, en la que éste le había advertido de la situación de los presos), si bien es posible que Carrillo no tuviese nada que ver con ella. Gibson concluye que tanto Carrillo como su delegado, Segundo Serrano Poncela, prefirieron no darse por enterados del "sistema de terror y muerte implantado antes de su llegada al poder, de acuerdo, pero continuado durante su mandato. [...] A la vista de esta situación, tanto Carrillo como Serrano Poncela, a nuestro juicio, optaron por hacer la vista gorda".^[75] Prueba de que, en caso de haberse querido, la Consejería de Orden Público, a cuyo frente estaba Carrillo, podía haber evitado las sacas, es su cese con el nombramiento de Melchor Rodríguez como delegado especial de Prisiones.^[76]

César Vidal no hace ninguna distinción entre responsabilidades directas e indirectas. Así, sostiene que la responsabilidad última de los fusilamientos la tuvieron Santiago Carrillo, como consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid, y sus subordinados comunistas, socialistas y anarquistas. También acusa a Margarita Nelken, diputada socialista, Manuel Muñoz Martínez, director General de Seguridad, a los ministros del Gobierno de Largo Caballero Angel Galarza (Gobernación) y García Oliver (Justicia). La responsabilidad estaría, en definitiva, "en una visión ideológica que pretendía poseer la autoridad y legitimidad suficientes como para decidir la muerte de segmentos enteros de la población". Carrillo ha argüido que Paracuellos de Jarama no se encontraba dentro del área de jurisdicción de la Junta de Defensa para sostener su inocencia, aunque las cárceles desde donde partieron todos las sacas de presos sí que lo estaban.^[77]

Javier Cervera por su parte, afirma que indudablemente las matanzas fueron cuidadosamente preparadas y no resultaron obra de incontrolados, individuos aislados o comités autónomos. En su análisis, Cervera diferencia entre responsabilidades directas (los que ordenaron y planificaron las matanzas) e indirectas (aquellos que pudiendo haberlas evitado no lo hicieron) y comienza descartando responsables. Así descarta a los comités de las tristemente célebres checas, así como al Gobierno de la República o a sus Tribunales de Justicia. A los chequistas los descarta debido a que nunca se preocuparon la selección de paseados o de la elaboración de listas. Respecto al Gobierno de la República, Cervera señala las sacas tuvieron cuando el gobierno se encontraba en Valencia, no comenzando hasta horas después de su partida. El Gobierno, y sobre todo su ministro de Estado, Julio Álvarez del Vayo, era consciente de la atención del Cuerpo Diplomático a la situación de las prisiones desde agosto. En un momento en el que la República necesitaba desesperadamente el apoyo de las democracias europeas, una acción de tal calibre únicamente conseguiría deslegitimar al Gobierno de la República. Además, las sacas iban en contra de los esfuerzos del Gobierno para instituir los Tribunales Populares que hacer pagar sus culpas legalmente a los sublevados y sus partidarios. Cervera afirma, basándose, entre otras cosas, en los reglamentos aplicables a la gestión de las salidas de presos de las cárceles madrileñas, que la responsabilidad de las sacas estuvo en el entorno de la Dirección General de Seguridad. Sin embargo, también exculpa a su director, Manuel Muñoz Martínez, puesto que éste huye a Valencia el día 6 de noviembre hacia las siete de la tarde y las sacas no comenzaron hasta la madrugada del día 7 (en compañía del ministro de Gobernación, Ángel Galarza, el cual, obviamente tampoco estuvo en Madrid en el momento de las sacas). Efectivamente, una de las órdenes de extracciones de presos, utilizada en la cárcel de San Antón el 7 de noviembre, estaba firmada por él, pero Muñoz no se encontraba en Madrid y el documento conservado en la Causa General parece tener raspada la fecha de esta orden (Muñoz sí que había firmado anteriormente otras órdenes de extracciones de presos que terminaron en matanza, como las utilizadas en la cárcel de Ventas los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre, en la que los integrantes de las expediciones fueron asesinados en el cementerio de Aravaca), por lo que puede descartarse la participación de Muñoz en estas sacas (tras el día 7, su firma no volvió a aparecer en ninguna orden). Por otra parte, la iniciativa de eliminar a los presos tampoco partió del Gobierno a través de los Tribunales Populares, puesto que tras las matanzas, muchos presos fueron llamados a juicio, ignorantes los Tribunales Populares de que habían sido asesinados.

Cervera achaca la responsabilidad directa de la decisión y planificación de los asesinatos a sectores, personas u organismos comunistas, actuando desde la Dirección General de Seguridad, que dependía de la Consejería de Orden Público. Adicionalmente, señala que se contó con la complicidad de miembros de la Federación Local de la CNT, tal como indican los hallazgos de Reverte.^[10] Sobre la implicación de los soviéticos, ante la falta de documentos al respecto, Cervera no la descarta, pero tampoco la afirma. ^[78]

La principal novedad de Cervera es que sigue la tesis de Jorge Martínez Reverte, según la cual los anarquistas tomaron parte en los hechos (Payne también lo hace^[11] ). Según Reverte, la orden de la matanza vendría de los agentes soviéticos que, con mano de hierro, dirigían al PCE en aquellos momentos. La ejecución de las matanzas habría corrido a cargo de comunistas y anarquistas (la participación de estos últimos era absolutamente necesaria al controlar las Milicias de Etapas, encargadas de vigilar las carreteras. Una vez constituida la Junta de Defensa, representantes cenetistas y de las JSU se habrían reunido en un aparte (sin contar con el general Miaja ni con los representantes de otros partidos) y habrían llegado a un acuerdo consistente en clasificar a los presos, unos ocho mil, en tres categorías: la primera, compuesta por “fascistas” y elementos "peligrosos" que serían ejecutados de inmediato; la segunda, con responsabilidades menores, sería trasladada a Chinchilla; los componentes de la tercera serían puestos en libertad. La alianza sería meramente circunstancial, puesto que aunque ambos compartían la obsesión por eliminar a los miembros de la derecha, alimentada por los miles de asesinatos que los sublevados habían ido cometiendo en su avance hacia Madrid, se detestaban. Sin embargo, unos controlaban la consejería de Orden Público, con la policía y los ficheros de presos, y otros las carreteras de salida de Madrid, por donde las expediciones deberían pasar si no se querían llevar a cabo las matanzas en pleno Madrid. Sin embargo, Reverte también sostuvo que las JSU no tenían la autonomía suficiente para tomar una decisión de tal calibre y que fueron los agentes estalinistas soviéticos, de los que Mijail Koltsov era el más conocido, quienes tomaron la decisión.

Reverte fundamentaba esta tesis en un documento encontrado por él mismo en los archivos de la CNT: el acta de una reunión en el local del Comité Nacional de la CNT entre distintos miembros de comités de la organización confederal en Madrid llevada a cabo el 8 de noviembre en la que uno de los conocedores del supuesto pacto secreto, Amor Nuño, consejero de Industrias de Guerra de la Junta de Defensa de Madrid, relata con todo detalle el acuerdo que se había tomado. Sin embargo, en el acta no aparecen los nombres de los representantes de las JSU que habían participado en la reunión.^[10]

Herederos del movimiento anarquista^{[79] [80]} han negado cualquier participación anarquista en las matanzas de Paracuellos.

Julián Casanova, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza asigna las responsabilidades a las autoridades comunistas de la Consejería de Orden Público, asesoradas por los soviéticos, en el libro, coordinado por Santos Juliá, Víctimas de la guerra civil, Madrid, 1999, citando a Manuel Muñoz, Santiago Carrillo y Segundo Serrano Poncela:

La responsabilidad de Santiago Carrillo

Santiago Carrillo firmando sus Memorias en la Feria del Libro de Madrid en 2007. Santiago Carrillo era consejero de Orden Público cuando tuvieron lugar las matanzas.

En la madrugada del 7 de noviembre, el puesto de consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid había recaído en el joven Santiago Carrillo. Tenía 21 años y era el secretario general de las Juventudes Socialistas Unificadas, una organización que contaba con 30.000 militantes en julio de 1936 y que constituía el resultado de la fusión entre las juventudes del PSOE y las del PCE. Carrillo provenía de las socialistas, alineadas con el ala izquierda del partido, liderada por Largo Caballero. Sin embargo, cuando se hizo cargo de la consejería, Carrillo había solicitado ya (el mismo día 6 de noviembre), junto con muchos de sus compañeros de la dirección de las JSU, el ingreso en el PCE, algo que desconocían en el PSOE.

Ya la célebre Causa General franquista mencionó a Carrillo en relación con las matanzas. En el capítulo 7 de Causa General. La dominación roja en España. Avance de la información instruida por el Ministerio Público, Cárceles y asesinatos,^[81] Carrillo aparece mencionado una única vez, como consejero de Orden Público y responsable del nombramiento de Segundo Serrano Poncela como delegado de Orden Público, responsable a su vez del Consejo de la Dirección General de Seguridad, al que se le atribuye la responsabilidad de las matanzas. También en el Anexo 4, relativo a Las checas, Carrillo es definido como presidente, junto con Serrano Poncela del Consejo, el cual procedió a las extracciones de presos, los cuales fueron asesinados por las Milicias de Vigilancia de la Retaguardia^[82] (en relación con ello, el propio Carrillo afirmó que la imputación por parte del régimen franquista acerca de su culpabilidad se produjo sólo cuando fue elevado a la secretaría general del Partido Comunista de España, en la década de 1950, veinte años después de las masacres^[83] ).

Autores identificados con el franquismo, como Ricardo de la Cierva (hijo, además, de un asesinado en Paracuellos), acusan a Santiago Carrillo de haber ordenado las matanzas.^[84] Tales acusaciones son lugar común entre círculos de la extrema derecha,^[85] donde la calificación de Carrillo como «genocida» y «asesino» es habitual, así como por parte de periodistas autodefinidos como liberales.^{[86] [87]} Familiares de los asesinados han acusado también a Carrillo, mostrándose convencidos también de su responsabilidad.^[88] Autores como César Vidal, Pío Moa,^[89] Rafael Casas de la Vega^{[cita requerida]}, o Stanley G. Payne^[90] han secundado tales acusaciones. Incluso historiadores alejados de las corrientes representadas por estos últimos, como Guillermo Cabanellas se han mostrado de acuerdo, siguiendo el testimonio de Jesús de Galíndez (véase más abajo),^[91] si bien considerando que fueron los agentes soviéticos los que posiblemente ordenaron las matanzas, siendo Carrillo el brazo ejecutor de la operación.^[92] También ha visto afirmaciones de historiadores como Paul Preston, el cual dice que la implicación de Santiago Carrillo en la organización de las matanzas de Paracuellos es innegable.^{[93] [94]}

No existe sin embargo ninguna prueba documental o testimonio directos que prueben o le acusen de haber ordenado las matanzas, aunque sí documentos o citas de terceras personas que han sido interpretadas por algunos autores como pruebas. El propio Carrillo ha desmentido repetidamente que fuese él la persona que ordenase las matanzas, centrándose en las sacas de la cárcel Modelo y atribuyéndolas generalmente a grupos de incontrolados operando fuera de su jurisdicción, que interceptaron los convoyes, los cuales contaban con una escolta escasa y poco dispuesta a defender a los presos debido a la crítica situación militar y de estado de ánimo de los defensores de la ciudad.^[95] En su entrevista con Ian Gibson para Paracuellos: cómo fue, Carrillo niega la posibilidad de que los responsables de las matanzas fueran parte de la consejería de Orden Público^[96] aunque insinúa la responsabilidad de Serrano Poncela^[97] y de los agentes soviéticos.^[98]

Modernamente, ha sido César Vidal el autor que más se ha distinguido en atribuir la responsabilidad de las matanzas a Carrillo. Así, escribe que "debe afirmarse que la responsabilidad ejecutora de Carrillo no tuvo ninguna duda ninguno de los que supieron, en noviembre de 1936, lo que estaba sucediendo —como no la han tenido después los familiares de los asesinados ni los estudiosos del tema— ya formaran parte del cuerpo diplomático, como [Felix] Schlayer o de las autoridades republicanas".^[99] En su apoyo, cita los escritos del diplomático germano-noruego Felix Schlayer (Diplomat im roten Madrid de 1938) y el nacionalista vasco Jesús de Galíndez (Los vascos en el Madrid sitiado). Así, respecto al primero, Vidal afirma que Schlayer, el día 7 de noviembre:

Respecto al segundo, Vidal cita la obra de Galíndez:

No cita Vidal, sin embargo, la siguiente frase del libro de Galíndez:

Finalmente, Vidal señala que Carrillo justifica en sus memorias su desconocimiento sobre lo que ocurrió con los presos extraídos de la cárcel Modelo, pero muestra un "silencio absoluto" sobre la segunda fase de las matanzas (la ocurrida a partir del 18 de noviembre).^[100]

Los textos citados por Vidal demostrarían que, tras la entrevista con Schlayer (cuando ya se habían producido las primeras sacas que terminaron en fosas comunes), efectivamente Carrillo no desconocía que estaban teniendo lugar asesinatos entre los presos de las cárceles madrileñas, y que la responsabilidad emanaba de las autoridades de orden público, como afirma Galíndez (si bien este último apunta como responsable a Serrano Poncela).

La ultraderecha considera a Santiago Carrillo responsable del "genocidio" de Paracuellos. En la foto, un cartel colocado en el pedestal de la estatua de Francisco Franco en los Nuevos Ministerios de Madrid tras su retirada en 2005.

Por su parte, Gibson examina también otras afirmaciones de Galíndez, que han sido utilizadas como argumento incriminatorio de Carrillo:

Gibson, sin embargo, descarta esta "prueba de cargo" por dos razones: que según al menos dos fuentes, el propio Carrillo y Arturo García de la Rosa, Serrano Poncela fue destituido, no dimitió; y que no existe ninguna mención en los documentos de la Causa General sobre el procedimiento al que según Galíndez aludió Serrano Poncela. Gibson concluye que: "Si Serrano Poncela pronunció, pues, las palabras recogidas por Galíndez, creemos que o bien mentía o sufría una aguda amnesia".^[75] Carrillo reconoce, sin embargo, en una entrevista con el propio Gibson, que no recuerda si existe algún documento recogiendo la destitución de Serrano Poncela (Gibson confirma que no existe ninguna referencia en el Boletín de la Junta de Defensa).^[101] Este hecho (la falta de orden de destitución) es para Vidal un intento de Carrillo de evadir su responsabilidad y transferírsela a Serrano Poncela.^[102]

No obstante, la prueba definitiva para Vidal sería un documento proveniente de los archivos soviéticos, con fecha de 30 de julio de 1937, que fue sacado a la luz por los historiadores estadounidenses Ronald Radosh, Mary Habeck y Grigory Sevostianov en 2001, junto con otros 80 documentos en su libro de 2001 Spain Betrayed: The Soviet Union in the Spanish Civil War, y que habían atribuido a Georgi Dimitrov, secretario general de la Internacional Comunista (Komintern). Según la traducción de Vidal (existe una traducción al español desde el original inglés en que se publicó el citado documento, en España traicionada. Stalin y la guerra civil, Barcelona, 2002; Vidal afirma que la traducción al castellano de dicho documento estaba mutilada, por lo que hizo la traducción directamente desde el ruso), Dimitrov envió un informe a Voroshilov, comisario del Pueblo (ministro) de Defensa soviético:

Sin embargo, el historiador Ángel Viñas descalifica esta presunta prueba de cargo (Viñas 2006: 35). En primer lugar, señala que el informe no fue escrito por Dimitrov, un personaje de gran importancia en el comunismo mundial de la época, cuya presencia en España, que no consta, no podría haber pasado inadvertida y habría sido registrada (el libro de Antonio Elorza y Marta Bizcarrondo, sobre el papel de la Internacional Comunista en la dirección del Partido Comunista de España, Queridos camaradas. La Internacional Comunista y España, 1919-1939, no constata ninguna presencia de Dimitrov en España). Más aún, el documento incluye la frase "Hernández vino a verme y me dijo «escribe al camarada Dimitrov, escribe al camarada Manuilsky». Que vengan aquí y echen un vistazo a la belleza del Frente Popular...". El autor del informe habría sido el búlgaro Stoyán Mínev, alias "Stepanov" o "Moreno", delegado de la Komintern en España entre febrero de 1937 y febrero de 1939. Pero no sólo eso. En la traducción original en inglés, el párrafo que apunta a la presunta responsabilidad de Carrillo decía "...Carrillo [...] gave the order to shoot several arrested officers of the fascists.", es decir, que Carrillo ordenó que se fusilara a varios oficiales fascistas detenidos, algo bastante diferente a lo afirmado por Vidal, que utiliza el genérico "los funcionarios" (de hecho, el "descubrimiento" de Vidal es ya citado en 1994 por Elorza y Bizcarrondo, a partir de una obra la periodista búlgara Tatiana Vaksberg, Dhevnik, en la que se da cuenta del informe remitido a Dimitrov por Stepanov y se transcribe la frase referida a Carrillo afirmando que Irujo había pretendido detenerle porque "en calidad de gobernador (sic, prueba de la defectuosa información de Stepanov) había dado orden de fusilar a cierto número de oficiales fascistas encarcelados").^[103] Finalmente, afirma Viñas que la pretendida traducción directa de Vidal desde los archivos militares soviéticos es imposible puesto que el acceso a dichos archivos, tras haber sido abiertos a los investigadores de forma indiscriminada durante los noventa (fecha en la que Radosh y sus colaboradores habían accedido a ellos), se había hecho más difícil, y el legajo conteniendo el informe de Stepanov había sido cerrado a la investigación, puesto que contenía otros documentos que no debían haber sido desclasificados.

Por su parte, Cervera pone en duda las conclusiones que Vidal saca del informe, incluso sin entrar a cuestionar ni su autoría ni posibles defectos de traducción. El razonamiento de Cervera es el siguiente: por una parte, si el informe alude al tiempo en el que "los fascistas se estaban acercando a Madrid", en ese momento Carrillo no tenía ningún cargo o responsabilidad oficial, puesto que sólo entró a formar parte de la Junta de Defensa cuando los franquistas estaban ya en Madrid; por otra parte, el cargo de Carrillo no fue en ningún caso el de gobernador (el gobernador civil de Madrid era el socialista Carlos Rubiera Rodríguez, en tanto que la máxima autoridad en Madrid era el general Miaja). El autor del informe demostraría que, apenas a ocho meses de los acontecimientos y a siete meses del abandono por parte de Carrillo de su cargo en la Junta de Defensa, confundía el cargo y desconocía quién era la persona que efectivamente lo ocupaba, por lo que la fiabilidad del autor del informe debería ponerse en duda. En tercer lugar, el autor del informe habla de "funcionarios fascistas detenidos", no siendo el carácter de "funcionarios" el determinante a la hora de referirse a los asesinados. Además, en el texto del soviético, y siguiendo la traducción mostrada por Vidal, se diferencia entre detenidos y presos. Sólo se puede hablar en propiedad de presos para los recluidos en las cárceles. Detenidos serían los encerrados en checas (y con frecuencia paseados). Finalmente, los presos habrían sido "tratados con brutalidad" y no asesinados. Por todo ello, Cervera opina que las conclusiones de Vidal son aventuradas al interpretar que el autor del informe se refiere a las sacas y no a los paseos, lo cual, dado el contenido del informe, parece lo más probable. Cervera concluye con que el informe, atribuido a Dimitrov, es de escasa credibilidad.^[104]

Otra "prueba" que se ha alegado para justificar la responsabilidad Carrillo es el libro de Schlayer ya citado anteriormente, Diplomat im roten Madrid de 1938. A pesar de haber sido usado profusamente por Gibson en Paracuellos: cómo fue, el libro permaneció sin traducción al castellano hasta 2006, en que fue publicado por la editorial Áltera, bajo el título Matanzas en el Madrid republicano, con traducción de Carmen Wirth Lenaerts (Ricardo de la Cierva señala en 1994 que existía una traducción previa, no publicada y usada por él, efectuada por la Asociación de Familiares de los Mártires [de Paracuellos].^[8] De acuerdo con la traducción que publicada en 2006, la descripción que hizo Schlayer de su entrevista con Carrillo el 7 de noviembre es la siguiente:

La cita que De la Cierva hace de la impresión de Schlayer sobre la entrevista con Carrillo, usando la traducción de la Asociación de Familiares de los Mártires es bastante similar:

Según la descripción que aparentemente hizo Schlayer, éste habría pensado que Carrillo estaba ya al corriente, en la tarde del 7 de noviembre, de las sacas de la Cárcel Modelo que habían tenido lugar esa mañana. Vidal da por buena esa afirmación.^[105]

Sin embargo, Gibson —que trabajó con una traducción del libro de Schlayer entre finales de los setenta y principios de los ochenta que le había hecho su esposa—, ya en 1983 y mucho antes de la traducción del libro al español, describe la narración de Schlayer sobre su entrevista con Carrillo la tarde del 7 de noviembre de un modo radicalmente diferente:

A continuación Gibson incluye la citada declaración de Schlayer en la Causa General acerca de la entrevista con Carrillo:

Viñas va más allá y califica de simple "fraude" y "ejemplo típico de tergiversación de documentos de archivo" la traducción publicada por Áltera en su artículo «Técnicas de fraude en el caso de Paracuellos».^[106] Traduciendo directamente del alemán (cuyo original, en letra gótica, muestra en el artículo), indica que el texto que en original decía lo siguiente:

Bastante alejado del texto citado anteriormente, pero que concuerda plenamente con la narración de Gibson y con el testimonio de Schlayer ante la Causa General en 1940.

Otros argumentos citados por Vidal son las menciones de Carrillo y de miembros del Partido Comunista acerca de la eliminación de la quinta columna en Madrid. El propio Carrillo declara en sus memorias que una de sus máximas preocupaciones como consejero de Orden Público fue la lucha contra la «quinta columna».^[107] Ricardo de la Cierva cita un discurso de Francisco Antón, miembro del comité central de PCE, en el pleno ampliado del comité central del PCE celebrado en Valencia entre el 6 y el 8 de marzo de 1937. En él, Antón afirma:

Las opiniones sobre lo que era la quinta columna y sobre quienes la formaban son muy variadas. Carrillo en sus memorias nunca la identifica con los presos de las cárceles.^[108] Los autores que sostienen la responsabilidad directa de Carrillo (De la Cierva, Payne, Vidal) consideran que los presos de las cárceles formarían parte de ella (su contemporáneo Galíndez también lo consideraba así, como muestra una de sus citas anteriores), por lo que las menciones a la represión de la quinta columna y la depuración de la retaguardia serían pruebas de cargo inequívocas. Por su parte, Cervera, cuyo libro es una monografía sobre la retaguardia republicana en Madrid durante la Guerra Civil, define la quinta columna, a partir de las notas e instrucciones del general Mola, como "los partidarios de los sublevados integrados en organizaciones clandestinas en la retaguardia enemiga", a cargo de "labores de espionaje, sabotaje, derrotismo y, en general, cualquier actividad subversiva contra el Gobierno republicano, pero con una nota característica: lo realizaba en el marco de una organización y, por tanto, de forma sistemática y estudiada".^[109] El discurso de Antón en el pleno del PCE atribuye la represión de la quinta columna tanto a Carrillo (bajo cuyo mandato en la consejería de Orden Público se produjeron sacas cuyos integrantes perecieron asesinados) como a Cazorla (durante cuyo mandato en la ya delegación de Orden Público no se produjeron).

Aunque Gibson y Cervera han considerado que Carrillo no tuvo responsabilidades directas en las matanzas de Paracuellos (esto es, no fue Carrillo la persona que planificó y ordenó las matanzas), no le eximen de responsabilidad. Así, Gibson señala que es indudable que Carrillo y Serrano Poncela, si bien no estaban al corriente de lo que ocurrió con las primeras sacas, si lo estuvieron después, pero "optaron por hacer la vista gorda";^[110] se trataría por tanto de complicidad o responsabilidad indirecta. Cervera ha descartado las responsabilidades directas de Carrillo, afirmando que le parece "muy aventurada e injusta la acusación, que tantas veces se ha hecho y aún hoy se hace, de que Santiago Carrillo fue quien planeó y ordenó estos asesinatos en masa. Según los datos que hoy poseemos, nosotros pensamos que no se puede acusar con bases suficientes al entonces consejero".^[111] Al mismo tiempo si le asigna responsabilidades indirectas ("...creemos que en el terreno de las responsabilidades indirectas, cabe incluir a Carrillo. Quizá el 7 de noviembre, como ya se ha dicho con anterioridad, no supo nada de lo que ocurría en las cárceles, pero ese desconocimiento no pudo durar mucho para el que era la máxima autoridad del Orden Público en Madrid").^[112]

Curiosamente, Vidal afirma, sin mayores precisiones, que la responsabilidad de Carrillo en las matanzas ha sido afirmada por Gibson.^[33] En tanto que respecto al estudio de Cervera, afirma que "resulta chocante la voluntad exculpatoria que se aprecia en J. Cervera",^[33] cuando, del mismo modo, Cervera indica que Carrillo estaba al corriente de las matanzas, al menos desde el día 9, 10 a lo sumo, pero no las impidió, como sí hizo Melchor Rodríguez (Cervera aventura que Carrillo probablemente pudo hacerlo, pero que tenía otras prioridades más importantes que preocuparse de la situación de las cárceles, como acabar con los paseos, especialmente en la situación de cerco y combates que sufría la ciudad), una clara responsabilidad indirecta.^[113]

El propio Carrillo ha negado siempre que conociese los hechos, o que diese la orden, aunque recientemente ha reconocido cierto grado de responsabilidad indirecta:^[114]

Respecto a los autores que han analizado las matanzas, Carrillo ha acusado a Vidal (nacido en 1958) de falsear la historia y de haber sido un confidente franquista.^[115] Respecto a Gibson, Carrillo afirmó:^[116]

Acciones judiciales

El juez Baltasar Garzón, que desestimó una querella por genocidio, torturas y terrorismo contra Santiago Carrillo en 1998.

En 1998, al amparo del proceso emprendido en España contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, una autodenominada Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Genocidio de Paracuellos del Jarama, presentó una querella ante la Audiencia Nacional contra Santiago Carrillo, el PCE, el PSOE, la Comunidad de Madrid y el Estado español por delitos de genocidio, torturas y terrorismo. El juez Baltasar Garzón rechazó de plano la querella alegando la «mala fe procesal» y «abuso del Derecho» por parte de los denunciantes, por lo que no admitió recurso alguno contra la resolución.^[117] Garzón razonó así la resolución:

Polémicas entre historiadores

En el prefacio de su segunda edición de Paracuellos: cómo fue, en 2005, Gibson descalifica globalmente el libro de Vidal. Por una parte, le acusa de un sesgo ideológico neofranquista ("Un comentario final sobre el libro de Vidal, cuyo rabioso anticomunismo le lleva, a mi juicio, a grotescas exageraciones, suposiciones y tergiversaciones"^[118] ). Por otra, cuestiona su método de investigación ("¿Hacen falta más comentarios sobre el proceder de este escritor empeñado en demostrar que en Madrid se llevó a cabo, con la connivencia del Gobierno de la República, un genocidio en toda regla?";^[118] "Traigo a colación el libro de Vidal porque es todo lo contrario a un intento de conocer y difundir la verdad de lo ocurrido en el Madrid de noviembre de 1936. Parte de la base de que los «rojos» son todos monstruos — así lo subrayan tanto el subtítulo como la cubierta del libro— y que el Partido Comunista había decidido tiempo atrás llevar a cabo un «genocidio» de burgueses españoles en el momento oportuno. En función de este dogma, el autor picotea aquí y allá entre los periódicos de izquierdas del momento en busca de suculentas citas que apoyen sus argumentos. Y cuando encuentra algo que le parezca de utilidad lo sirve fuera de contexto, a veces truncado y a veces mutilado"^[119] ). Y así cita varios ejemplos de invención y mutilación de citas, a lo que se une la falta de referencias de muchas de las fuentes que dice aportar, lo cual impide su verificación.

El ejemplo más desarrollado es el relativo al editorial del diario La Voz del 3 de noviembre de 1936,^[120] citado por Vidal en su libro como una de las pruebas de que "durante el mes de noviembre de 1936, pocas dudas podía haber de que el sentir común de las fuerzas que integraban el Frente Popular era exterminar a los enemigos de clase".^[121] Así, según Vidal:

La cita y atribución de Vidal, sin embargo, no son originales suyas. El párrafo ya había sido citado por Ricardo de la Cierva en su obra Carrillo miente en 1994, atribuyéndoselo también al editorial de La Voz de ese día.^[122]

Sin embargo, Gibson señala que Vidal se habría simplemente inventado el contenido del editorial.^[123] Un editorial cuyo contenido real era totalmente diferente al mostrado por Vidal, en el que se contaba que no eran cien mil "fascistas" los que el periódico pedía fueran ejecutados, sino cien mil republicanos los que se encontraban en peligro de ser fusilados si las tropas franquistas tomaban la ciudad.^[124] Gibson señala que ni en el editorial de aquel día ni en el resto del número del 3 de noviembre aparecen las imputaciones de Vidal. Aunque podría tratarse de una equivocación, Gibson no lo cree, puesto que el editorial realmente existente posee bastantes puntos en común con las alegaciones de Vidal, salvo con un cambio radical de sentido de lo escrito en La Voz.^[125] Ángel Viñas verificó además que el presunto editorial de La Voz no aparecía en números posteriores del diario (según Viñas "De ello cabe deducir no que Vidal no consultara La Voz sino que tergiversó datos fáciles de contrastar").^[126] Gibson concluye con una severa crítica: "No se puede escribir así la historia. Cuando se trata, sobre todo, de proporcionar responsabilidades, lo menos que se puede pedir a un investigador es que compruebe sus fuentes y las cite correctamente".^[119]

Gibson proporciona otros ejemplos de citas truncadas o mutiladas que Vidal utiliza para apoyar su tesis preconcebida.^[127] Gibson apunta también la inexistencia de referencias que permitan validar las afirmaciones de Vidal.^[128]

Por su parte, Vidal ha respondido en diversas entrevistas a algunas de las acusaciones planteadas por Gibson en el prefacio de la segunda edición de su libro, reimpreso inmediatamente después de la publicación del libro de Vidal. Si en su libro, Vidal incluye la obra de Gibson entre aquellas que "han estudiado con rigor las matanzas de Paracuellos"^[33] (si bien para ponerle como ejemplo de estudios que han afirmado "la responsabilidad de Carrillo en las matanzas", afirmación que Gibson no hace), tras la reimpresión de la obra de Gibson las alabanzas se convierten en acusaciones y reproches. Así, Vidal ha acusado a Gibson de no ser realmente un historiador, por no revisar sus conclusiones en la reedición de Paracuellos. Cómo fue, reprochándole no haber tenido en cuenta la nueva documentación que se había conocido desde la primera edición (sobre todo los archivos de la Unión Soviética).^[129] También cuestiona su metodología, acusándole no usar más que entrevistas y consultas a hemerotecas para escribir su obra.^[130] Por otra parte, y refiriéndose al resto de acusaciones plasmadas por Gibson, Vidal alude únicamente al caso del editorial inexistente de La Voz, concluyendo con que Gibson "no ha dado con la fuente".^[131]

Vidal también ha acusado a Gibson de haber otorgado «comprensión» a las matanzas.,^[129] aludiendo al titular bajo el que se publicó una entrevista a Gibson en el diario El País el 22 de septiembre de 2005 «Paracuellos fue terrible, pero lo entiendo».^[132] El texto completo encuentra la explicación las matanzas de Paracuellos en la situación de pánico que se vivía en Madrid en esos momentos.^[133]

Referencias

Bibliografía

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Véase también

• Víctimas de la Guerra Civil Española

Enlaces externos

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