Kirchnerismo

Kirchnerismo es el nombre con el que se conoce en Argentina a un movimiento político de origen peronista y de orientación Centro-Izquierda, nacida en el año 2003, que reúne los principales postulados ideológicos plasmados en los gobiernos de los presidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-actual).

Como contrapartida, ha surgido la expresión antikirchnerismo.

Características

Unidad básica justicialista con proclamas de apoyo a Néstor Kirchner.

• Izquierda peronista: Tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner, se iniciaron en la política en los años '70, militando en la universidad en la denominada "izquierda peronista", integrando la Juventud Peronista.^[1]
• Derechos humanos: El kirchnerismo siempre ha tomado como bandera de lucha la defensa de los derechos humanos, en especial en lo referido a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), luego "perdonados" por las llamadas leyes de impunidad (Obediencia Debida, Punto Final e Indultos) sancionadas en los gobiernos de Alfonsín (1983-1989) e indultados por el presidente Menem (1989-1999). Esta posición del kirchnerismo ha llevado a que algunas importantes organizaciones de derechos humanos, como las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo apoyen activamente al gobierno de "los Kirchner".^[2] En contrapartida, otros activistas reconocidos como el ex fiscal del Juicio a las Juntas Militares bajo el mandato de Raúl Alfonsín, Julio César Strassera, han acusado al kirchnerismo de no acelerar las causas por delitos de lesa humanidad y así "adueñarse" de la bandera de los derechos humanos en el país.^[3]

A fines de la gestión de Néstor Kirchner había 898 imputados en las investigaciones de causas vinculadas con delitos de lesa humanidad: 350 de ellos se encontraban procesados y 8 habían sido condenados.^[4] En el mes de marzo de 2010 la cantidad de imputados fue elevada hasta 1.464 personas: 628 procesados y 68 condenados.^[5] En la actualidad existen 1.589 imputados: 753 procesados y 82 condenados. Y se llevan a cabo 14 juicios aproximadamente.^[6]

• Rechazo del neoliberalismo. El kirchnerismo se ha declarado en contra de las políticas neoliberales, a pesar de que Néstor Kirchner, durante su gobernación en Santa Cruz, apoyó algunas medidas impulsadas por el ex presidente Carlos Menem (como la privatización de YPF).^[7]
• Desarrollismo. Económicamente, el kirchnerismo ha adherido e impulsado una política económica de tipo desarrollista.^[8]

Afiche de apoyo a Néstor Kirchner realizado por un sector del Sindicato de Empleados Bancarios (La Bancaria).

• Rechazo de los tratados de libre comercio. El kirchnerismo se ha mostrado francamente contrario a los tratados de libre comercio, multilaterales y bilaterales impulsados por Estados Unidos. El punto más alto de esta política fue la confrontación de Kirchner con el ex presidente de EE. UU., George W. Bush en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata de 2005, que resultó decisiva para evitar la firma del ALCA (Alianza para el Libre Comercio de las Américas).^[9]
• Defensa del Mercosur. Internacionalmente el kirchnerismo ha mostrado una fuerte impronta de defensa del Mercosur.^[10]
• Alineamiento internacional. Internacionalmente, el kirchnerismo se ha mostrado sobre todo dispuesto a fortalecer las relaciones con los países no neoliberales de América Latina, especialmente Venezuela, Ecuador, Cuba y Bolivia y establecer un eje sudamericano con Brasil, a partir de la base del Mercosur.^[11]

Políticas en materia de natalidad y sexualidad

El ministro de Salud Ginés González García se declaró en 2005 a favor de la despenalización del aborto.^[12] Su sucesor en el cargo, Juan Manzur, dijo en julio de 2010 que: "Ya lo hemos dicho, estamos en contra del aborto, incluso lo manifestó la presidenta".^[13]

Antikirchnerismo

Graffiti de apoyo a Néstor Kirchner.

Ha surgido la expresión «antikirchnerismo», para denominar a los diversos sectores, políticos e individuos y medios de comunicación, tanto dentro como fuera del peronismo, que se oponen frontalmente a las políticas llevadas adelante por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.^{[cita requerida][14]}

Presidencia de Néstor Kirchner

La política económica del gobierno de Kirchner continuó los lineamientos establecidos por Lavagna bajo la presidencia de Duhalde, manteniendo la devaluación de la moneda con una fuerte participación del Banco Central en la compra de divisas, impulsando mediante las exportaciones un crecimiento económico con tasas del PBI cercanas al 10%. Las políticas implementadas fueron exitosas, además, en sacar al país de la cesación de pagos más grande de su historia. Los índices de pobreza y de desempleo disminuyeron notoriamente.

Durante el gobierno de Kirchner, una de las principales medidas económicas de su gestión fue cancelar por anticipado la totalidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. El objetivo declarado de ambos gobiernos fue terminar con la sujeción de las respectivas políticas económicas nacionales a las indicaciones del FMI.^[15] En noviembre de 2006 las reservas internacionales subieron más de 30.000 millones de dólares, la desocupación bajo al 10% y la pobreza se mantiene en un 33,5%.

Kirchner llevó adelante una activa política para promover los Derechos Humanos. Su gobierno ha incorporado reconocidos integrantes de organismo de Derechos Humanos. Además, ha impulsado el enjuciamiento a los responsables por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante los años 70, realizados por la Triple A y por el gobierno del Proceso de Reorganización Nacional. Para conseguirlo, sus partidarios apoyaron en el Congreso Nacional las anulaciones de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final,^[16] las cuales mantenían frenados dichos juicios desde el gobierno de Raúl Alfonsín. Dicha medida fue posteriormente ratificada por el Poder Judicial.^[17] La primera sentencia a militares que participaron de la dictadura fue a Cristino Nicolaides quien recibió una condena de 25 años de cárcel el día 19 de diciembre de 2007, por su participación en el grupo de tareas 2 del Batallón 601.

El mayor conflicto internacional durante la gestión fue en el año 2006 con Uruguay a raíz de la instalación de unas plantas de celulosa sobre el Río Uruguay, situación que llevó al corte por parte de activistas de la provincia de Entre Ríos de los puentes internacionales con el país oriental. Kirchner se negó a reprimir a los manifestantes e incluso se manifestó públicamente a favor.

Una de las medidas más discutidas fue la intervención del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en enero de 2007, su dirección del índice de precios fue intervenida, sin previo aviso, por Beatriz Paglieri. Los empleados del Instituto denunciaron entonces que hubo un cambio de la metodología, pero que este cambio no fue publicado ni discutido con los técnicos.

Presidencia de Cristina Fernández

Cristina Fernández luego del traspaso del mando presidencial, el 10 de diciembre de 2007. Detrás, su marido y predecesor, Néstor Kirchner.

Una de las primeras medidas adoptadas por la presidenta Fernández fue la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, designando a su cargo a Lino Barañao, un reconocido biólogo molecular. La medida se complementó con el anuncio de creación de un polo científico-tecnológico en Buenos Aires, integrado por tres institutos: Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias Biomédicas y Biotecnológicas y Ciencias Exactas y Tecnológicas.^[18]

Durante su presidencia, Cristina Fernández continuó con la política de derechos humanos del Presidente Néstor Kirchner.

Debido a problemas de abastecimiento de energía en las postrimerías del año 2007 llevó a cabo un plan de ahorro de energía con el fin de mejorar y modernizar el uso de la energía eléctrica en el país. Además se llevó a cabo un plan de construcción de nuevas centrales energéticas y de mejoras en las ya existentes.

El mayor conflicto durante la gestión se desarrolló a partir del 11 de marzo de 2008, cuando en un contexto de fuerte aumento nacional e internacional del precio de los alimentos, el ministro de Economía anunció un nuevo sistema de retenciones móviles a las exportaciones de cuatro productos y sus derivados: soja, girasol, maíz y trigo.^[19] Dicha resolución, la 125/08, fue rechazada de plano por las cuatro organizaciones que reúnen al sector empleador de la producción agro-ganadera en la Argentina, declarando el Paro agropecuario patronal en Argentina de 2008, conflicto que se extendería por 129 días y que consistió en un paro con cortes de ruta.^[20] El 25 de marzo las organizaciones agroganaderas decidieron que el paro fuera «por tiempo indeterminado», hasta que el gobierno dejara sin efecto el incremento dispuesto, frente a lo cual la presidenta Cristina Fernández declaró que no negociaría hasta que el lock-out fuera levantado.^[21] El paro afectó el comercio nacional e internacional, principalmente de alimentos y el abastecimiento de las ciudades. El agravamiento del conflicto llevó a que miles de manifestantes en todo el país salieran a las calles tanto para oponerse como para apoyar las medidas del gobierno.^[22] Durante el conflicto se produjo la renuncia del ministro de Economía Martín Lousteau, autor de las medidas cuestionadas.

El 17 de junio la presidenta Fernández envió al Congreso un proyecto de ley sobre las retenciones a las exportaciones de granos y las compensaciones a los pequeños productores, con el fin de que sea el Poder Legislativo el que resuelva en definitiva la situación. Dicho proyecto fue finalmente rechazado en el Senado en una votación que debió ser desempatada por el Vicepresidente de la Nación, Julio Cobos quien votó en contra del proyecto de la presidenta. Esto causó el rechazo del mismo por el Congreso, llevó a una ruptura entre ambos y a un realineamiento político de un sector de los llamados radicales K, liderado por el primero, que se ubicó en la oposición, aún sin dejar de ocupar el cargo de vicepresidente.

El 18 de julio la Presidenta de la Nación ordenó dejar sin efecto la Resolución 125/08, luego de lo cual los empresarios dieron por terminado el conflicto.^{[23] [24]}

Además, la presidenta presentó un proyecto de ley de rescate de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, mediante el cual el Estado argentino adquirió las acciones de esas y otras empresas relacionadas. Dicho proyecto fue aprobado por el Congreso Nacional el 3 de septiembre de 2008 como Ley 26.412.^[25]

El 21 de octubre de 2008, se elevó un proyecto al Congreso Nacional para poner fin al sistema de AFJP, un régimen privado de pensiones y jubilaciones que había constituido una de las principales medidas de la política generalizada de privatizaciones llevada adelante por el presidente Menem.^[26] El proyecto fue aprobado por el Parlamento con apoyo de algunas fuerzas de oposición. La ley dio origen a un nuevo Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).^[27]

Durante la gestión, se realizaron medidas para enfrentar la crisis económica mundial que comenzó en 2008, en diversas etapas englobadas en un plan anticrisis con el fin de impulsar la economía y evitar despidos en los sectores afectados. El plan fue apoyado por las dos centrales sindicales (CGT^[28] y CTA), la Unión Industrial Argentina que agrupa a los empresarios industriales, y CONINAGRO, que agrupa a las cooperativas rurales. Fue criticada por la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Federación Agraria Argentina (FAA), ambas asociaciones que agrupan a propietarios y productores rurales, quienes desde el Paro agropecuario patronal en Argentina de 2008 se convirtieron en fervientes opositores.^[29]

La presidencia de Cristina Fernández estuvo marcada desde 2008 por el conflicto con el Grupo Clarín.

En 2007 en la plataforma electoral del kirchnerismo se encontraba presentar un proyecto de Ley de Radiodifusión que reemplazara la sancionada por la dictadura militar en 1980.^[30] En 2009 dicho proyecto, que fue consultado mediante varios congresos y foros en diferentes puntos del país, fue presentado al Congreso y fue aprobado el 9 de octubre, como Ley Nº 26.522,^{[31] [32]} contando con el apoyo unánime de los diputados del oficialismo y de algunos partidos de la oposición,^[33] a pesar del rechazo de otros partidos opositores, como la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, Propuesta Republicana (macrismo) y el peronismo disidente (duhaldismo, felipismo, De Narváez, etc), entre otros.^[33]

El proyecto fue apoyado también por las dos centrales sindicales (CGT y CTA),^{[34] [35] [36]} así como por los sindicatos de los trabajadores de los medios de comunicación audiovisuales.^{[37] [38]} El proyecto también contó con el apoyo del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, de organizaciones de derechos humanos, y de la Federación Universitaria Argentina.^[39] El proyecto también contó con el apoyo de varias organizaciones internacionales. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, consideró que esta ley es "un modelo único en el mundo y un ejemplo para todos los demás países, en virtud de que garantiza el acceso de todos los sectores a las frecuencias de la radio y la televisión manteniendo el principio de pluralismo y diversidad en el ejercicio de la libertad de expresión".^{[40] [41] [39]} En sentido contrario se pronunciaron las cadenas de medios de comunicación más grandes del país, como el multimedio Clarín y el Grupo Uno, y la Asociación de Empresas Periodísticas (ADEPA).

Ante el golpe de Estado en Honduras que destituyó al presidente constitucional Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009, la Presidenta Fernández adoptó una estricta política de condena,^{[42] [43]} y propuso desconocer tanto a las autoridades golpistas, como al gobierno surgido de las elecciones convocadas por el gobierno golpista, reclamando la restitución del presidente depuesto. La posición argentina fue coordinada con Brasil, y se impuso como posición general en el Mercosur, la Unasur y la OEA.^[44]

Se profundizó la política de generalización de la negociación colectiva para regular las relaciones laborales que había iniciado el presidente Néstor Kirchner. También continuó con el Plan Patria Grande iniciado en el gobierno anterior, con el fin de otorgar documentos a los inmigrantes en situación irregular.^[45]

El 11 de agosto de 2009, luego de que la Asociación del Fútbol Argentino rompiera su contrato de televisación con la empresa TyC Sports, el gobierno nacional le ofreció la adquisición de los derechos ofreciendo 600 millones de pesos (el contrato anterior con TyC era de 268 millones de pesos). La principal condición sería la transmisión de todos los partidos en directo y que el excedente de ganancia por la comercialización se destine al deporte amateur.^[46]

Además se sancionó el Decreto 1602/09 estableciendo la generalización de la asignación familiar por hijo para todos los niños menores de 18 años cuyos padres se encuentren desocupados o trabajen en la economía informal por una remuneración que no sea superior al salario mínimo, vital y móvil, incluyendo los monotributistas sociales.^[47] La medida fue decidida con el fin de cubrir las necesidades mínimas de todos los niños del país que se encuentren bajo la línea de pobreza y de aumentar la escolarización.

El 14 de diciembre de 2009 se creó el Fondo del Bicentenario, un fondo especial para garantizar el pago de los intereses de la deuda externa, mediante decreto de necesidad y urgencia^[48] con el fin de reducir la carga financiera sobre el tesoro nacional y promover la recuperación económica luego. Algunos partidos opositores criticaron la decisión, defendiendo la "independencia" o la autonomía del Banco Central,^[49] y actuaron en el Congreso Nacional y el Poder Judicial con el fin de dejar sin efecto la medida, dando lugar a un fuerte enfrentamiento entre los tres poderes del país. Adicionalmente, el Presidente del Banco Central, Martín Redrado, decidió por su parte no cumplir con el DNU que creó el fondo, originando una seria confrontación con el Poder Ejecutivo Nacional.^[50]

El 11 de septiembre de 2009 la Presidenta Cristina Fernández presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley con el fin de despenalizar las calumnias e injurias para expresiones de interés público, que fue finalmente aprobado, lo que ameritó el reconocimiento internacional del Comité para la Protección de los Periodistas.^{[51] [52] [53]}

En las Elecciones presidenciales de 2011 obtuvo el 54,11% de los votos, accediendo así a un segundo mandato. En dicha elección, el Frente para la Victoria logró el mayor porcentaje alcanzado en una elección presidencial desde 1983. Además quedó tercera en porcentaje de votos, después de Juan Domingo Perón e Hipólito Yrigoyen.^{[54] [55] [56]}

Véase también

• Néstor Kirchner
• Cristina Fernández de Kirchner
• Frente para la Victoria
• Partido de la Victoria
• Peronismo
• Juventud Peronista

Bibliografía

• Mariano Grondona: El Poskirchnerismo. Ed. Sudamericana, 2009. ISBN 978-950-07-3069-3.
• Roberts, Carlos Reymundo (2011) (en español). Aguanten los K (primera edición). Buenos Aires: Sudamericana. ISBN 9789500736923. 

Referencias

Enlaces externos

• Guía práctica para entender la nebulosa del kirchnerismo, por Diego Schurman, Página/12, 12 de febrero de 2006