Minoría de edad de Isabel II

Isabel II, de niña, realizado por Vicente López Portaña.

La minoría de edad de Isabel II es el período de la historia de España durante el cual Isabel II, a la muerte de su padre Fernando VII, reinó bajo la institución de la regencia de su madre primero, María Cristina de Borbón y del general Baldomero Espartero después, abarcando casi 10 años de su reinado, desde el 19 de septiembre 1833 hasta el 23 de julio de 1843, cuando Isabel fue declarada mayor de edad.

A la muerte de Fernando VII el 29 de septiembre de 1833, su esposa, María Cristina de Borbón, asumió de inmediato la regencia en nombre de su hija, Isabel II, y prometió a los liberales una política distinta a la del fallecido rey. La sociedad española estaba expectante ante un posible cambio en el reinado que se iniciaba y que incorporase al país los modelos de corte liberal que se desarrollaban en algunas naciones de Europa. La Guerra Carlista y los enfrentamientos entre moderados por un lado, y la división de los liberales por otro, culminarán con el ascenso a la Jefatura del Estado del general Baldomero Espartero mientras dure la minoría de edad de la futura reina, Isabel II, en un periodo convulso plagado de crisis gubernamentales e inestabilidad social.

La situación en Europa

En Gran Bretaña, Guillermo IV inicia profundas reformas liberales y el Parlamento es el verdadero motor político de la vida del país. Tras la derrota de España en la batalla de Trafalgar, la extensión del que será poco más tarde el Imperio británico inicia su andadura, sobre todo a partir de 1837 con el ascenso al trono de la Reina Victoria. La democracia se asienta en el país como un modelo incuestionable.

En el continente, disuelta la Santa Alianza desde 1830, Francia había derrocado al absolutismo con la caída de Carlos X y establecido una monarquía constitucional en la persona de Luis Felipe de Orleans, bajo cuyo mandato se impulsa la revolución industrial y la burguesía toma las riendas de la economía nacional.

El absolutismo queda relegado a Prusia, Rusia e Austria, si bien en el primero los impulsos de unificación con la Unión Aduanera de Alemania, alimentados por los liberales, que no cesarán en obtener éxitos parciales en el terreno comercial, abrirán las fronteras y procurarán avances en la nueva sociedad preindustrial.

La regencia de María Cristina

María Cristina de Borbón se encontró un país unánimemente decidido a superar el periodo absolutista y que reconoció en la Regente la autoridad legítima de la Corona de España. Entre sus primeras medidas dispuso un decreto de amnistía general que permitió a muchos de los detenidos por ideas políticas y a los llamados «afrancesados» salir de la cárcel o regresar a España desde el exilio. Junto a estas decisiones, se reabrieron las universidades y se trató de impulsar una nueva política más acorde con los tiempos, creándose el Ministerio de Fomento como impulsor de una reforma en profundidad de las infraestructuras, que en los años del reinado de Fernando VII se habían quedado claramente obsoletas en comparación con Francia y, sobre todo, con Gran Bretaña, en plena revolución industrial.

María Cristina de Borbón-Dos Sicilias retratada por Vicente López.

La controversia de la sucesión

Artículo relacionado: Pragmática Sanción de 1830

Durante el reinado de Felipe V se había establecido la exclusión de las mujeres en la línea sucesoria mediante la llamada Ley Sálica. Esta norma había sido revocada en 1789 por Carlos IV, mediante un decreto que no llegó a promulgarse. El 29 de marzo de 1830, mediante la Pragmática Sanción, Fernando VII lo elevó al rango de ley. Ello no fue obstáculo, sin embargo, para que Carlos María Isidro, hermano de Fernando, reclamara sus derechos al trono de España. Fernando VII había previsto la controversia que se adivinaba, y, queriendo el trono para su hija primogénita, la futura Isabel II, nombró Regente a su esposa María Cristina, desterrando a su hermano Carlos.

Antes de morir el Rey, la futura Regente había conseguido separar a los militares partidarios de Carlos de las jefaturas del ejército y se había garantizado el apoyo de los liberales en el exilio, así como el de Francia e Inglaterra. No obstante, Carlos se proclamó Rey de España el 1 de octubre de 1833 con el nombre de Carlos V; contaba con el apoyo expreso de la corona portuguesa, entonces en manos de D. Miguel I, y el silencio cómplice de Austria, Prusia y Rusia. Las tropas españolas invadieron Portugal en un intento de castigar el apoyo al carlismo pero con la mediación de Inglaterra, Carlos se exilió a Gran Bretaña, de donde escaparía en 1834 para presentarse entre Navarra y el País Vasco y acaudillar la Guerra Carlista.

Los primeros gabinetes

En 1832 había sido nombrado Presidente del Consejo de Ministros Francisco Cea Bermúdez, vinculado al ala más derechista de los moderados, que inició tímidas reformas administrativas pero que carecía de capacidad e interés para facilitar la incorporación de muchos antiguos ilustrados y liberales al nuevo modelo de desarrollo económico y político. Entre las reformas del gabinete de Cea Bermúdez destacó una nueva división de España en provincias, promovida por el Secretario de Estado de Fomento, Javier de Burgos, destinada a mejorar la administración que, con algunos retoques, se mantiene en la actualidad. La ausencia de sintonía entre el liberalismo económico y político y el Gobierno llevó a que la Regente cesara a Cea Bermúdez y al nombramiento de Martínez de la Rosa como nuevo Presidente, en enero de 1834. El nuevo presidente debió hacer frente a la Guerra Carlista, iniciada por los partidarios del pretendiente en el País Vasco, Navarra, Cataluña y Aragón fundamentalmente.

Francisco Martínez de la Rosa en un cuadro conservado en el Ateneo de Madrid.

Martínez de la Rosa, que había retornado del exilio, trató de aplicar una reforma del clero y promulgó el Estatuto Real en 1834. A modo de carta otorgada, disimulaba el espíritu liberal para no alterar a los moderados y seguidores del Antiguo Régimen, dejando sin aclarar si la soberanía nacional residía en el Rey o en las Cortes. El equilibrio político que supuso esta indeterminación terminó por no contentar a unos ni a otros. Al mismo tiempo, el clima de enfrentamiento se intensificó a causa de las intrigas de la Regente contra los liberales y una epidemia de cólera que asoló España de sur a norte, generando el bulo de que la Iglesia había envenenado los pozos y canales en los que Madrid se abastecía de agua potable. Los asaltos a conventos e iglesias no se hicieron esperar. Acosado por unos y otros e incapaz de gobernar, Martínez de la Rosa dimitió en junio de 1835.

El impulso de los liberales

Los liberales se sintieron fuertes y se movilizaron en manifestaciones de protesta por toda la península que en muchas ocasiones se convirtieron en graves altercados. La prensa, de marcada tendencia progresista, no ahorró críticas al Gobierno y se mostró favorable a un sistema más democrático, con un mayor papel del parlamentarismo. La Regente, no obstante, ofreció la Jefatura del Gobierno a José María Queipo de Llano, quien, tres meses después de aceptar, presentó su dimisión a causa de los violentos enfrentamientos que se produjeron en Barcelona y de un levantamiento que formó juntas revolucionarias similares a las del período de la Guerra de la independencia. Estas juntas se unieron a la Milicia Nacional y tomaron el control de distintas provincias. Los revolucionarios presentaron a la Regente un pliego de condiciones en el que exigían una ampliación de la Milicia, libertad de prensa, una revisión de la normativa electoral que permitiese el acceso al voto a más cabezas de familia, y la convocatoria de Cortes Generales.

El alzamiento carlista marcará todo el periodo de las regencias y dificultará la tarea de los gobiernos liberales. Dibujo del paso del Infante Don Carlos por Navarra en 1833.

María Cristina se sintió obligada a otorgar el gobierno a Mendizábal, en un intento por paliar la grave crisis y hacer un gesto a los progresistas. Consciente el nuevo Presidente de la situación, llegó a un acuerdo con los liberales: las juntas revolucionarias debían disolverse e integrarse en el organigrama administrativo del Estado, dentro de las diputaciones provinciales, a cambio de las reformas políticas y económicas que se comprometía a llevar a cabo. Obtuvo de las Cortes poderes extraordinarios para llevar adelante reformas en el sistema que se concretaron en una modificación sustancial de la hacienda pública y el sistema fiscal para garantizar un Estado saneado capaz de afrontar sus obligaciones, atender los empréstitos y obtener nuevos créditos, además de la desamortización de buena parte de los bienes de la Iglesia católica, con la finalidad de permitir allegar al comercio bienes hasta entonces improductivos.

Entre las medidas que pretendía llevar a cabo Mendizábal se encontraba una amplia remodelación del ejército, que incluía como primer paso un cambio en los altos mandos, muy vinculados a los sectores más reaccionarios. Aunque los efectivos militares aumentaron a 75.000 nuevos hombres y se destinó a la Guerra Carlista una mayor aportación de 20 millones de pesetas, la reordenación no gustó a la Regente, quien a causa de ella perdía autoridad en las fuerzas armadas. Destituido Mendizábal tras una campaña de desprestigio, fue nombrado Presidente del Consejo de Ministros Francisco Javier de Istúriz, un progresista que había regresado del exilio y había evolucionado hacia posiciones mucho más moderadas y contrarias al proceso de desamortización, colocándose como hombre de la camarilla de la Regente. Tras disolver las Cortes en busca de unas nuevas que le legitimaran y apoyasen una constitución distinta del Estatuto Real, aún más conservadora, sus deseos se vieron abruptamente interrumpidos por el Motín de la Granja de San Ildefonso que pretendía y obtuvo que la Regente restituyera la Constitución de 1812 y derogase el Estatuto. Istúriz cesó el 14 de agosto de 1836, apenas tres meses después de su nombramiento.

Alegoría de la Constitución española de 1812. Cuadro de Francisco de Goya y Lucientes que se conserva en el Museo de Estocolmo.

El nuevo Presidente del Gobierno fue José María Calatrava, que nombró Ministro de Hacienda a Mendizábal, en una línea continuista. Éste aprovechó para concluir el proceso desamortizador y la supresión de los diezmos. Calatrava impulsó una política social que le permitió aprobar la primera ley de España que reguló y reconoció la libertad de imprenta. Pero la labor más importante fue la adecuación de la Constitución de 1812 a la nueva realidad en la que se había comprometido por Real Decreto la Regente durante el Motín de la Granja, con la aprobación de la Constitución de 1837.

Constitución de 1837

Para adaptar la maltrecha Constitución gaditana, enarbolada tantas veces como otras tantas había sido incumplida, y ante la insatisfacción general por el Estatuto Real de 1834, la Constitución de 1837 fue elaborada sobre la base de un cierto consenso que procuraba superar la discusión entre liberales y moderados respecto a la cuestión de la soberanía nacional. El texto, muy corto, reconoció el poder legislativo a las Cortes —en un sistema bicameral con el Congreso de los Diputados y el Senado— junto al Rey, a quien correspondía la disolución y la mayoría de las prerrogativas propias del Jefe del Estado y del poder ejecutivo, y que delegó más tarde en la Presidencia del Consejo de ministros, pero reservándose gran capacidad de maniobra, como la disolución de las Cámaras.

El texto amparaba la libertad de imprenta, ampliaba el sufragio censitario y recogía un conjunto de derechos individuales, aún lejos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero con claros signos de apertura frente al Estatuto Real.

Los carlistas a las puertas de Madrid

La Constitución se elaboró mientras los carlistas habían tomado Segovia y se encontraban a las puertas de Madrid. Azara dimitió poco después de aprobarse la Constitución.

El Infante Don Carlos.

Desde 1833, los carlistas estaban en guerra contra los cristinos. Se habían hecho fuertes en el País Vasco, Navarra y Cataluña, fundamentalmente, con un apoyo inicial de unos 70.000 hombres, aunque los alzados en armas eran muchos menos. El 14 de noviembre de 1833, las Juntas de Álava y Vizcaya nombraron a Tomás de Zumalacárregui jefe de sus ejércitos. El ejército cristino contaba en ese momento con unos 115.000 hombres, aunque sólo unos 50.000 se encontraban con capacidad de combatir. En el futuro se debió movilizar a cerca de medio millón para enfrentarse victorioso a las tropas carlistas. El Infante Don Carlos, fugado de su exilio inglés, se instaló entre Navarra y el País Vasco, y desde allí dirigió la contienda, fijando la capital en Estella.

Tras los éxitos iniciales, Zumalacárregui perdió la Batalla de Mendaza el 12 de diciembre de 1834 y se retiró hasta una nueva incursión en la primavera de 1835 que obligó a los seguidores de la Regente a situarse más allá del río Ebro. Durante el sitio de Bilbao, el 15 de junio de ese año, Zumalacárregui sufrió heridas de combate que le provocaron la muerte días más tarde. En el verano de 1835, los isabelinos al mando del general Fernández de Córdova trataron de aislar a los carlistas en el norte pero sólo consiguieron mantener el control de las ciudades más importantes.

La muerte de Zumalacárregui provocó una estabilización de los frentes, salvo la incursión de 1837 hasta las puertas de Madrid. El general Baldomero Espartero fue el encargado de dirigir a las tropas fieles a la Regente y evitar la acometida de la Expedición Real que se aproximó a Madrid, hasta que el 29 de agosto de 1839, firmó la paz con el general carlista Rafael Maroto en lo que se conoce como el Abrazo de Vergara.

Crisis gubernamental

Bien fuera por la ofensiva carlista o por la propia debilidad de los partidos políticos o por ambos fenómenos, la sucesión de Calatrava llevó a la Presidencia del Consejo de Ministros a tres hombres del ala más moderada del liberalismo en menos de un año.

El primero fue Eusebio Bardají Azara, que accedió tras la renuncia al cargo de Espartero, quien prefirió seguir la campaña militar, y obtuvo aún más prestigio al bajar de Navarra con sus hombres para defender la capital de las tropas carlistas del general Juan Antonio de Zaratiegui, al que venció. Azara dimitió, descontento con la posición de la Regente, que trataba por todos los medios de granjearse las simpatías de los hombres de Espartero. Le siguieron en el cargo Narciso de Heredia y Bernardino Fernández de Velasco. No obstante, el 9 de diciembre de 1838, fue nombrado Evaristo Pérez de Castro. El nuevo presidente estableció reformas en la administración local que permitieron cierto nivel de intervencionismo estatal, y al mismo tiempo trató de conciliar los aspectos más negativos de la desamortización de Mendizábal con el Vaticano, especialmente receloso con la Corona española desde la muerte de Fernando VII. La reforma local le granjeó enemigos en las grandes ciudades, que reflejaron su descontento en las elecciones de 1839, con una amplia victoria de los progresistas en Madrid y en toda la mitad sur peninsular.

Pérdida de la regencia

La Regente era consciente de que el sistema se encontraba en una grave crisis. Los liberales moderados no tenían intención de ir más allá de las reformas concluidas con la Constitución de 1837 y los progresistas controlaban buena parte de España mientras la guerra con los carlistas continuaba en el norte. Así las cosas, María Cristina se trasladó a Barcelona en 1840, en unas pretendidas vacaciones con Isabel para aliviar las dolencias dermatológicas de la niña, y se entrevistó con Espartero, a quien la población veía como el gobernante más adecuado. Para aceptar la Presidencia del Consejo, el general pidió a la Regente la disolución de las Cortes y el veto a la legislación que pretendía intervenir en los ayuntamientos. María Cristina ofreció libertad a Espartero para nombrar un nuevo gobierno, pero terminó sancionando la Ley de Ayuntamientos, en la convicción de que el general aceptaría los hechos consumados con tal de presidir el gabinete. Sin embargo, el 15 de junio Espartero presentó su dimisión a la Regente.

En Barcelona y Madrid se sucedieron altercados entre moderados y progresistas, entre partidarios de la Regente y de Espartero. En esta situación María Cristina no consideró conveniente permanecer en una Barcelona regida por los progresistas y donde no había encontrado el apoyo que esperaba de la burguesía catalana, y se trasladó a Valencia. Espartero trató de aparentar que defendía a la Regente, con lo que el 22 de julio dictó un bando en el que declaraba el estado de sitio en Barcelona. Pero la excepcional medida fue levantada el 26 de agosto, cuando el general consideró que ya disponía de los apoyos suficientes entre los militares para alcanzar la Regencia.

El 1 de septiembre estalló la revolución liberal en Madrid. El alcalde de esta ciudad hizo una proclama buscando el apoyo de todos los municipios de España. Espartero, lejos de obedecer las peticiones de la Regente para que acallase la revolución en la capital, le pidió que respetase la Constitución e insistió en la disolución de las Cortes, maniobrando para conseguir que los altos funcionarios de los ministerios le fueran afines. La simpatía popular y la presión de las Juntas Provinciales y locales hicieron el resto: Espartero obtuvo la Regencia al abdicar María Cristina el 12 de octubre de 1840.

Las formaciones políticas en pugna

El Partido Progresista defendía una soberanía nacional que residiera únicamente en las Cortes Generales, lo que les ponía enfrente de las tesis monárquicas, aunque su intención no fuera la instauración de una República. Organizó una Milicia Nacional muy contestada por los moderados que veían en ella el fin del ejército de los notables. En materia económica, se apoyaron en las tesis de Mendizábal y Flórez Estrada, con los procesos desamortizadores, la abolición de los mayorazgos y la apertura del comercio y el librecambismo.

Los moderados se presentaban como los que contenían a los liberales en su afán de destruir la monarquía y el Antiguo Régimen. Sus miembros eran en su mayoría nobles, aristócratas, altos funcionarios, abogados y miembros de la Corte y el clero. Se atribuían un concepto de soberanía nacional compartido entre el Rey y las Cortes con unos pretendidos «derechos históricos» y «costumbres antiguas».

El general O'Donnell.

En 1849 se formó el Partido Democrático, más ambicioso que los progresistas y que pretendía el sufragio universal masculino frente al sufragio censitario de liberales y moderados, la legalización de las incipientes organizaciones obreras y un reparto justo de la tierra para los agricultores, ya que la desamortización había cambiado de manos los bienes pero no había aportado tierra a los campesinos.

Desgajado del Partido Democrático se encontraba el Partido Republicano, el cual cuestionaba la monarquía y abogaba por un cambio de régimen.

La regencia de Espartero

Tras la revolución liberal de 1840, por encargo de las Cortes y ante la minoría de edad de la heredera, Isabel II, el general Baldomero Espartero asumió la regencia de España, que desempeñaría hasta 1843. Los generales que habían participado en la Guerra Carlista disfrutaban de un enorme prestigio entre el pueblo. La entrada de Espartero en Madrid estuvo acompañada por un sincero apoyo popular. María Cristina no pudo oponerse al cambio y cedió la regencia el 12 de octubre.

El nuevo gobierno contó con la oposición de los moderados, encabezados por O'Donnell y Narváez. Ante la imposibilidad de éstos de acceder al poder mediante sufragio, optaron por la vía expeditiva de los pronunciamientos militares, para lo cual contaron con la ayuda de la anterior regente, María Cristina, exiliada en París.

Con la regencia de Espartero el gobierno de España es ocupado por primera vez por un militar, situación que se haría frecuente a lo largo de los siglos XIX y XX.

Un gobierno rodeado de conflictos

En realidad, Espartero no ejerció oficialmente la regencia hasta el 8 de mayo de 1841, por acuerdo de las Cortes, con el apoyo de los llamados unitarios, la fracción progresista encabezada por Joaquín María López. Con anterioridad, la regencia había sido desempeñada por el Gobierno en pleno, reunido en Consejo de Ministros, tal y como determinaba la Constitución. Hasta esa fecha, la regencia tuvo carácter provisional. La división de los progresistas entre unitarios y trinitarios, según prefiriesen que la regencia estuviese en manos de una o tres personas, tenía un sentido político más allá de las meras fórmulas legales. El grupo de los trinitarios estaba constituido por liberales recelosos de la autoridad militar que se le conferiría a Espartero si se le otorgaba en exclusiva la regencia.

Espartero se rodeó de militares más afectos a su persona que a la causa liberal, lo que propició la contestación de algunos sectores que veían en la actitud del general más un proyecto de dictadura militar que de proceso democratizador.

Los pronunciamientos se sucedieron desde octubre de 1841, cuando O'Donnell se alzó en Pamplona y otros generales en Zaragoza y el País Vasco, al tiempo que se producían sublevaciones civiles de carácter republicano, la mayoría de ellas en las grandes ciudades.

Las intentonas militares no eran consideradas como auténticos golpes de estado sino como una forma de extender la actividad política en una sociedad ajena a las intrigas del poder. En todos los casos, se recibía un apoyo civil puntual, en zonas concretas, pero jamás se aplicó una depuración de las responsabilidades por parte del gobierno. No obstante, algunas sublevaciones se saldaron con el fusilamiento de sus cabecillas, como fue el caso de los moderados |Montes de Oca y Borso de Carminati.

Desde julio de 1842, Espartero ejerció un poder más autoritario. Ante la oposición de las Cortes, optó por disolverlas. En Barcelona se produjo una sublevación cívica por la política algodonera en la que se enfrentaban los librecambistas y los proteccionistas, con el asalto a la ciudadela. Los militares abandonaron la mayoría de los puestos de la ciudad y debieron refugiarse en el Castillo de Montjuích, desde donde se bombardeó la ciudad el 3 de diciembre.

El fin de la regencia de Espartero

Tras el bombardeo de Barcelona, la oposición al regente fue a más, incluso dentro de sus propias filas. Hombres antes fieles a Espartero como antiguos compañeros de armas y el propio Joaquín María López, junto a Salustiano Olózaga y Manuel Cortina, se opusieron a lo que representaba una clara dictadura.

Revueltas de liberales y progresistas contra Espartero en Barcelona que provocaron el bombardeo de la ciudad.

Las elecciones de 1843 se saldaron con un claro triunfo de Olózaga y Espartero no tardó en impugnarlas. El gobierno de Joaquín María López, que se había constituido el 9 de mayo, duró sólo diez días. Al mismo tiempo, O'Donnell y Narváez se habían hecho con el control de buena parte del ejército desde su exilio. En Andalucía, moderados y liberales se conjuraron para derribar el régimen pronunciándose en su contra. Narváez se alzó en armas, junto a otros, el 11 de junio. Cuando ambos bandos se encontraron en Torrejón de Ardoz el 22 de julio, Espartero ya había perdido el poder, pues la sublevación se había extendido a Cataluña, Galicia, Valencia y Zaragoza. Espartero huyó a Cádiz y se embarcó en el crucero británico Meteor, rumbo a Londres.

Un periodo de caos

Con la regencia vacante, el exilio de Espartero produjo un terrible caos político. Joaquín María López regresó al gobierno el 23 de julio y reconoció la mayoría de edad anticipada de Isabel II. Procuró una alianza entre moderados y progresistas que finalmente se hizo imposible, debido al peso que los militares tenían en la vida política y a la influencia de las camarillas moderadas sobre la reina adolescente. Los moderados vieron en Narváez a la persona capaz de dirigir el rumbo de España. El 20 de noviembre sustituyó a López al frente del gobierno Salustiano Olózaga, progresista. Al no gozar, sin embargo, de la confianza de las Cortes, se vio abocado al fracaso tras las falsas acusaciones vertidas contra él por los moderados, quienes le acusaron de coaccionar a la reina para la formación del gabinete. El 5 de diciembre, Olózaga fue sustituido por Luis González Bravo, reaccionario, quien restauró la legislación municipal de 1840 y estableció las bases para la creación de un nuevo cuerpo militar, la Guardia Civil. No obstante, la decisión entre los más conservadores estaba tomada ya, y Narváez accedió al poder el 3 de mayo de 1844, inaugurando el período moderado.

Véase también

• Baldomero Espartero
• Isabel II de España
• María Cristina de Borbón
• Reinado de Isabel II
• Bibliografía del Reinado de Isabel II

Bibliografía general

• CARR, Raymond: Historia de España. Ed. Carr y Península. Barcelona, 2001.
• FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J.: Diccionario político y social del siglo XIX español, Madrid, 2002.

Bibliografía especializada

• ALONSO BAQUER, M.: El modelo español de pronunciamiento, Madrid, 1983.
• CHRISTIANSEN, E.: Los orígenes del poder militar en España. 1808–1854, Madrid, Ed. Aguilar, 1974.
• FONTANA, Josep: La revolución liberal. Política y Hacienda en 1833–1845, Madrid, 1977.
• TOMÁS VILLARROYA, J.: El sistema político del Estatuto Real, Madrid, 1968.
• TOMÁS Y VALIENTE, Francisco: El marco político de la desamortización en España, Barcelona, 1971.

Enlaces externos

• Wikisource contiene obras originales de o sobre Bando declarando el Estado de Sitio en Barcelona en 1840.Wikisource
• Wikisource contiene obras originales de o sobre Bando declarando el estado de sitio en Barcelona en 1843.Wikisource
• Wikisource contiene obras originales de o sobre Pragmática sanción de 1830.Wikisource
• Cronología de las Regencias
• Portal sobre la Casa de Borbón