Régimen Militar (Chile)

El Régimen Militar es el período de la historia de Chile comprendido desde el 11 de septiembre de 1973, cuando los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado y derrocaron al gobierno del presidente Salvador Allende, hasta el 11 de marzo de 1990, cuando Augusto Pinochet entregó el poder al presidente Aylwin, elegido en las elecciones de diciembre de 1989, como consecuencia del resultado del plebiscito del 5 de octubre de 1988.

Durante este período, Chile experimentó una importante transformación económica, política y social, a la vez que se cometieron sistemáticas violaciones a los derechos humanos.^{[1] [2] [3]} Políticamente, el régimen se caracterizó por un modelo autoritario de gobierno.^[4] En lo estrictamente económico significó un cambio radical de orientación del papel del Estado de un rol productor y estatizador, a uno de tipo subsidiario, inspirado en las doctrinas económicas neoliberales. En lo social significó el dominio sin contrapeso de los sectores empresariales, y la progresiva pauperización de las clases medias y la precariedad e inestabilidad laboral para los sectores asalariados. En lo cultural, dio lugar al denominado "apagón cultural", caracterizado por la represión y autorrepresión de ciertas manifestaciones culturales consideradas contrarias a la línea del régimen militar.^[5]

Partidarios y detractores se refieren a él como Gobierno militar y Dictadura militar, respectivamente.

Contenido 1 Inicios del régimen militar 1.1 El golpe de estado 1.2 DINA 2 La política económica 2.1 Reforma Previsional y Laboral 3 1978 3.1 Letelier 3.2 Leigh 3.3 Argentina 4 La nueva Constitución 5 Comienzo de una nueva década 6 La crisis de 1982 6.1 El inicio 6.2 La recuperación económica 7 Reorganización de la oposición, primeras protestas 8 El año decisivo 9 Relaciones internacionales 10 El Plebiscito 10.1 La campaña 10.2 El 5 de octubre 10.3 El día siguiente 11 Véase también 12 Notas 13 Bibliografía 14 Enlaces externos

Inicios del régimen militar

El golpe de estado

El 11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado al mando de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, terminó con el mandato del presidente Salvador Allende, luego de que el congreso acusara al presidente de prácticas anticonstitucionales. Tropas del ejército y aviones de la Fuerza Aérea atacaron el Palacio de La Moneda, la sede de gobierno, donde Allende se suicidó, cuando las tropas militares ingresaban al Palacio.

DINA

En 1974 fue creada oficialmente la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) por medio del D.L N° 521 (aunque funcionaba de facto desde fines de 1973). Esta Dirección quedó a cargo del teniente coronel de ingenieros Manuel Contreras.^[6] La DINA tenía facultades para detener y confinar personas en sus centros operativos durante los estados de excepción. Como estos estados duraron casi toda la dictadura, la DINA tuvo estas facultades durante toda su existencia.

Esta organización tuvo la tarea de anular toda clase de oposición política al régimen, la cual de acuerdo a la visión ideológica de la Junta Militar, estaba conformada por grupos de sedición marxistas. Entrenados en la Escuela de las Américas, los agentes de la DINA iniciaron una campaña de represión, focalizado su accionar principalmente contra el GAP (Grupo de Amigos Personales de Allende, su guardia personal) con 60 muertos, el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) con 400 (sobre 600 según el MIR),^[7] el Partido Socialista de Chile con 400 y el Partido Comunista con 350.^[2]

La DINA empleó sistemáticamente el secuestro, la tortura y el asesinato para lograr sus objetivos. Contaba, además, con agentes internacionales, entre los que se cuenta el estadounidense Michael Townley, uno de los responsables del asesinato de Carlos Prats en Buenos Aires y de Orlando Letelier en Washington, DC.

Su otro dispositivo internacional era la Operación Cóndor, acuerdo de cooperación entre los diversos organismos de represión política de las dictaduras latinoamericanas, con el objetivo de contener cualquier elemento de izquierda.^[8]

La DINA detendría su funcionamiento en 1977, siendo reemplazada por la CNI (Central Nacional de Informaciones), y Contreras por Odlanier Mena.^[9] En el periódico El Mundo, Manuel Contreras acusa a Pinochet de ordenar los atentados contra Orlando Letelier y Carlos Prats.^[10]

La política económica

La situación económica heredada por el régimen militar no era muy buena, con una inflación en 1973 de 342% y el PGB a la baja. Para enfrentarlo, se confió el manejo económico a unos jóvenes egresados de economía en la Universidad Católica de Chile, con postgrados la mayoría de ellos en la Universidad de Chicago, quienes serían conocidos como Chicago Boys. Los Chicago Boys venían de Estados Unidos con las ideas liberales desarrolladas por profesores como Milton Friedman y Friedrich Von Hayek, importantes teóricos del liberalismo moderno. Estas ideas consistían, sucintamente, en una economía libre, abierta al mundo, con un Estado pequeño y subsidiario, de riguroso equilibrio fiscal, y el funcionamiento libre del mercado.

Su primera intervención en el Gobierno fue en ODEPLAN, (Oficina de Planificación Nacional), en donde plasmaron las ideas económicas de El Ladrillo, documento solicitado por el almirante Merino con anterioridad al golpe de estado y que fue la aplicación de aquellas ideas a la realidad de Chile. La Armada, encargada del área económica, se guio por dicho texto, contando con la asesoría de los Chicago Boys. Los métodos económicos tradicionales que intentó el régimen no prosperaron, la inflación continuaba por el 300%, el gasto público seguía alto y el cobre se desplomaba a la baja. Los Chicago ingresaron al régimen en 1975, con Jorge Cauas en el Ministerio de Hacienda, Sergio de Castro (líder de los Chicago) en el Ministerio de Economía y Pablo Barahona en el Banco Central. Para convencer a Pinochet de sus ideas (el Ejército mantenía el apego al estatismo tradicional de Chile) trajeron a su mismísimo maestro, Milton Friedman, quien le dio dos soluciones a la crisis que pasaba el país. La primera era por medio de una recuperación lenta del «paciente» (Chile), pero advertía Friedman que este de tanto esperar podría morir. La segunda era darle al «paciente» un tratamiento de shock, para revitalizarlo, pero con efectos colaterales muy graves.

El tratamiento de shock consistía en reducir el gasto público en un 20%; despedir al 30% de los empleados públicos; aumentar el IVA (impuesto a la transferencia comercial de bienes muebles); liquidar el sistema de ahorro y préstamos de vivienda. Mucha disputa se suscitó sobre esto entre los Chicago Boys y los economistas más clásicos, pero finalmente Pinochet se inclinó por la opinión de los neoliberales y se aplicó el shock.^[11]

Los efectos iniciales fueron terribles. Cayó el PGB en un 12%, se empinó la cesantía al 16% y el valor de las exportaciones se redujo en 40%. Pero se empezó a afianzar el sistema a partir de 1977, iniciándose lo que se ha llamado dentro de Chile como el «boom», con cifras positivas en todos los ámbitos, a excepción de la cesantía, siempre alta (cercana o superior al 20%).^[12] El «boom» duraría hasta la crisis de 1982. Posterior a esta, el país comenzó a exhibir números macroeconómicos que dieron una base de estabilidad económica para la llegada de la democracia a inicios de los años 1990.

Reforma Previsional y Laboral

Entre las transformaciones más relevantes efectuadas en materia económica durante el Gobierno Militar se incluyen la Reforma Previsional y la Reforma Laboral, ambas concebidas por el ministro del Trabajo, José Piñera.

En Chile, el sistema de pensiones era de "reparto" donde los cotizantes activos financiaban las pensiones de los pasivos, el cual era administrado por el Estado. La principal crítica que se le hacía a este sistema, es que representaba un capital desaprovechado, que bien podría usarse para la inversión privada; y que la adminstración del sistema en diversas Cajas era ineficiente y honerosa. La ventaja del sistema, en cambio, era que las jubilaciones no dependían de las fluctuaciones del mercado. Con la reforma de 1980, se privatizaron las pensiones, implementándose un nuevo sistema previsional basado en la capitalización individual, en el cual se obligaba a cada nuevo trabajador a cotizar en administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP). En teoría el ahorro por parte de cada trabajador, constituiría su jubilación.

El sistema desde su comienzo tuvo varios detractores, en especial entre la oposición, pero incluso entre gente ligada al gobierno, como por ejemplo, el ex-presidente Jorge Alessandri Rodríguez (miembro del Consejo de Estado, asesor de la Junta Militar).^[13] El sistema resultó un éxito de rentabilidad para las AFP, pero significó una disminución efectiva de las jubiliciones reales percibidas por los trabajadores, cuya pensión promedio no alcanza el 40% del salario promedio, contra el 70% que prometía el ministro Piñera. Ubicándolas por debajo de las normas establecidas por la OIT.^[14] El sistema fue replicado, apartir de los años 1990 por varios países latinoamericanos.

En tanto, la Reforma Laboral o Plan Laboral, concretada en un Código del Trabajo en 1979, giró en torno a limitar y fragmentar la la sindicalización, y a una mayor flexibilización del mercado de trabajo.

1978

En 1978, el gobierno militar enfrentó uno de sus momentos más complejos. El régimen recibió la condena mundial por el asesinato de Orlando Letelier en Washington DC, la polémica con el general Leigh y su expulsión, y el clímax del Conflicto del Beagle con Argentina que casi desemboca en un enfrentamiento bélico.

Letelier

Las primeras malas noticias para el régimen venían desde Estados Unidos. El atentado explosivo contra Orlando Letelier era más de lo que ese país podía aguantar. Las investigaciones correspondientes les revelaron que durante el atentado a Letelier habían pasado por el país dos agentes de la dictadura: Juan Williams y Alejandro Romeral, identidades que eran falsas, y que el fiscal identificaría gracias a información proveniente de Paraguay (lugar donde se realizó la falsificación de los pasaportes) como el estadounidense Michael Townley y el capitán del Ejército Armando Fernández, ambos agentes de la DINA. Fernández fue el que investigaba las acciones diarias de Letelier, preparando la información para que Townley, junto a exiliados cubanos, prepararan la bomba que terminaría con la vida del ministro de Allende.

El gobierno de los Estados Unidos, enfurecido por la situación, exigió la entrega inmediata de Townley, por su condición de estadounidense, a lo que Chile respondió rápidamente, por el temor al corte de relaciones diplomáticas. Se exigió además la extradición de Contreras y la de Fernández, pero la Corte Suprema denegó la extradición, ya que, se argumentaba, la única prueba que poseían en su contra eran las declaraciones de Townley. Otros sectores afirmaron que esta defensa era errónea, argumentando que también se tenían los pasaportes falsos y el testimonio de los cubanos exiliados. El caso Letelier no fue perdonado por la amnistía de 1979. Estados Unidos reaccionó con el Filipinazo.

Leigh

Uno de los más graves problemas del caso Letelier fue la ruptura definitiva entre Leigh y Pinochet, aunque era un enfrentamiento que venía gestándose desde el principio del régimen. Leigh tenía ideas políticas muy diferentes a las del presidente de la Junta, empezando por la molestia que sentía el aviador hacia el dictador por el protagonismo de este último, siendo que Leigh se consideraba el planificador del golpe, en lo económico aspiraba a un estilo más clásico, diferente al del planeado por los Chicago Boys, y en lo político deseaba colocar plazos para el retorno de la democracia.

Sus declaraciones al diario italiano Corriere della Sera gatillaron la crisis. Allí dirigió duros ataques a Pinochet y su política, hablando de que el régimen militar había devenido en una «dictadura personalista» y de que «consideraría muy seriamente» su posición en la Junta, si el régimen hubiera tenido algo que ver con el caso Letelier. Pinochet, Merino y Mendoza le pidieron una retractación por estas palabras, que habían dado la vuelta al mundo, pero Leigh se negó pese a los consejos de Merino y de los ministros civiles.^[15]

Los otros miembros de la Junta le dieron la opción de renunciar o lo destituirían. Él no lo aceptó, ya que el estatuto de la Junta especificaba que un miembro solo podía ser destituido por imposibilidad física o psíquica, y además tenía el apoyo de casi toda la cúpula de la Fuerza Aérea.

Finalmente los restantes miembros, invocando las atribuciones contenidas en el estatuto de la Junta, lo destituyeron mediante el decreto Nº 624 de 24 de julio de 1978, que expresaba que: «el general Leigh se encontraba absolutamente inhabilitado para continuar ejerciendo sus funciones» (al remitirse dicha decisión a la Contraloría, ésta lo consideró jurdídicamente como un decreto ley); mientras el ejército cercaba todas las bases de la Fuerza Aérea. Diecisiete generales lo apoyaron y renunciaron junto con él, pero eso no impidió nada. Fernando Matthei, el elegido por la Junta, tomó inmediatamente la posesión de sus dos nuevos cargos.^[16]

Argentina

Desde la firma del Tratado de límites entre Chile y Argentina de 1881 hasta 1888 se consideró a ambos lados de la frontera que las islas al extremo sur de América eran chilenas. Solo a partir de 1898 con la aparición del primer mapa oficial argentino con un límite divergente de los anteriores, comenzaron las reclamaciones argentinas sobre las islas. Su intención era potenciar la base naval de Ushuaia, al interior del Canal Beagle. Argentina sostenía que el Beagle no pasaba por el norte de las islas, sino que bifurcándose, pasaba por el norte y el oeste de ellas. Además planteaba el principio bioceánico, según el cual Chile no podía tener salida al Océano Atlántico ni Argentina al Océano Pacífico.

En 1971 ambos países acordaron someter el litigio a la sentencia vinculante de un tribunal internacional cuyos miembros fueron elegidos en común por ambos gobiernos. A la Reina Isabel II de Inglaterra le correspondía solo el rol formal de dar a conocer la sentencia. En 1977 se dio a conocer la sentencia favorable a la tesis chilena, pero que también permitía la navegación argentina en el canal.

Mas la Dictadura Militar argentina del general Jorge Rafael Videla, proclamó «insanablemente nulo el fallo» y planificó una Guerra de agresión contra Chile.

El 22 de diciembre de 1978 Argentina puso en marcha la Operación Soberanía para ocupar las islas militarmente e invadir Chile continental. Horas después, la junta militar argentina abortó la operación y aceptó la mediación papal ofrecida por el Papa Juan Pablo II.

La crisis ha sido el mayor peligro de guerra que tuvo Chile en el siglo XX, pero dado que los medios estaban bajo control del gobierno, con censura o autocensura, y el gobierno quiso mantener a la opinión pública alejada de la discusión, no se vivió un clima de guerra, en todo caso no como en Argentina donde se vivía la fiesta del mundial de fútbol ganado por la selección argentina y se preparaba a la juventud para el mundial del Beagle.^[17]

En Chile, la incipiente oposición liderada por Eduardo Frei Montalva, dio un respaldo al gobierno en una entrevista para el diario "La Tercera" donde criticaba la actitud argentina: "Estas son materias de Estado que están por sobre la temporabilidad de los Gobiernos, nos oponemos al gobierno militar por sus prácticas antidemocráticas, el corte de las libertades, pero es claro que aquí se está alimentando, no por Chile, un conflicto de dramáticas consecuencias".

La posibilidad cierta de una guerra hizo aumentar en forma dramática el gasto militar: desde el año 76 al 80 el gasto militar como porcentaje del PBN aumentó (1976)3,5%, (1977)3,5%, (1978)4,1%, (1979)4,6%, (1980)5,2% (en comparación el mismo gasto de Brasil bajó desde 1,2% al 0,5%)^[18] en desmedro de las otras tareas del estado.

Como consecuencia de la tensa situación, Chile dio durante la Guerra de las Malvinas al Reino Unido informaciones sobre tráfico aéreo en el sur argentino.

La solución al Conflicto del Beagle solo se logró tras el debacle argentino en la guerra y el retorno a la democracia en Argentina. La transacción quedó plasmada en el Tratado de paz y amistad entre Chile y Argentina de 1984.

La nueva Constitución

A inicios de la Dictadura Militar, el general Leigh planteó el problema de darle al país una nueva carta fundamental, en reemplazo de la Constitución de 1925 que condujo (según Leigh) al quiebre institucional. Le dio el trabajo de elaborar un anteproyecto de Constitución a la Comisión Ortúzar, presidida por el jurista Enrique Ortúzar, y entre los elementos claves se encontraría el líder gremialista Jaime Guzmán. En 1978 Pinochet ordenó que se entregara el anteproyecto al Consejo de Estado, quien redactaría la nueva Constitución.

El consejo estaría integrado por representantes de los diversos sectores del país (excluyendo a la izquierda) y los ex presidentes que todavía vivieran (Gabriel González Videla, Eduardo Frei Montalva y Jorge Alessandri Rodríguez, mas Frei rechazaría la invitación). El consejo fue presidido por Alessandri, creyendo éste que podría plasmar sus ideas en la nueva Constitución; él prefería una reforma a la de 1925 para sustentar más la legalidad, ya que sus ideas de una rápida transición a la democracia serían desestimadas y cambiadas por los miembros de la Junta. A pesar de eso sería, junto al gremialista Jaime Guzmán, el cerebro del consejo, plasmando gran cantidad de ideas que tenía planeada desde su intento fallido de reforma durante su Gobierno. Como insistiese ante la Junta por su propuesta de transición (que duraba seis años, en vez de los dieciséis que planteaba Pinochet), renunció a su puesto en el concejo.^[19]

Para legitimizar la Constitución, Pinochet llamó a un plebiscito a realizarse el 11 de septiembre de 1980. No hubo oposición a la propuesta más que un único acto permitido en el teatro Caupolicán, encabezado por Frei Montalva para votar negativo. No hubo registros electorales ni tribunales electorales, marco en el que se observaron numerosas irregularidades. El plebiscito tuvo un resultado oficial de un 67% de aprobación, resultado sumamente cuestionado en virtud de las condiciones mencionadas.^[20]

La Constitución de 1980 planteaba la disminución de las facultades del Congreso; la creación del Tribunal Constitucional; se consideraba al Estado subsidiario en lo económico, social y cultural; se creó el Concejo de Seguridad Nacional, presidido por el presidente de la República; se sustituyó el sistema proporcional electoral por uno binominal; se estableció el sistema de segunda vuelta electoral cuando no se ha logrado mayoría absoluta en las elecciones presidenciales; se fijó el período presidencial en 8 años (después se cambiarían a seis y luego a cuatro); y se estableció un plazo de transición a la democracia: durante ocho años Pinochet gobernaría como presidente, y cuando terminase ese período la Junta pondría un candidato (que sería Pinochet posteriormente) para que lo aprobase en un nuevo mandato de 8 años o lo rechazase.

Luego, en el año 2005, bajo la administración del presidente Ricardo Lagos se aprobó una serie de reformas a la constitución de 1980, algunas tuvieron por finalidad democratizar la carta magna, otras afectaron a las atribuciones de los funcionarios públicos y el plazo durante el cual ejercen sus cargos, por ejemplo se redujo el período presidencial de seis a cuatro años, excluyéndose como ha sido la tónica, la posibilidad de ir por un segundo término consecutivo.

Comienzo de una nueva década

Al poco tiempo del triunfo del plebiscito de 1980 el régimen de Pinochet se vería afectado por el caso Letelier. Se había programado un viaje a las Filipinas, donde estaba al mando el dictador Ferdinand Marcos y su esposa Imelda Marcos. Cuando el avión estaba en medio del Pacífico, Marcos canceló abruptamente la visita, diciendo que no tenía suficientes fuerzas de seguridad. Pinochet tendría un traspié internacional, ya que tuvieron que aterrizar en las islas Fiji, que tenía un gobierno socialista. Imelda Marcos después diría que fue la presión de Jimmy Carter la causa de cancelar el viaje. Debido a esto, Pinochet sacó del cargo al Canciller Cubillos, quien tuvo una gran importancia en la crisis con Argentina, y que logró sacar a Chile del ostracismo internacional en el tema económico.^[21] También se retira del ministerio José Piñera, quien después de despachar la ley minera que introducía ciertas modernizaciones, renunció a su cargo por estar en desacuerdo con la política de cambio fijo del ministro De Castro.

Pinochet los reemplazó a ambos con militares, quedando como único civil “fuerte” en el gobierno (descontando los Chicago Boys), el ministro del interior, Sergio Fernández Fernández, que se había convertido en imprescindible, pero que no tenía ninguna ambición política real.

Se realiza un nuevo cambio, ya que Pinochet se traslada desde el edificio Diego Portales al Palacio de La Moneda, que fue destruido durante el bombardeo aéreo del golpe de Estado, perdiéndose gran cantidad de obras de arte y documentos históricos. Pero algo nuevo se encontró en los sótanos, y eran los planos originales de la casa de gobierno, que realizó el arquitecto Joaquín Toesca en el siglo XVIII, remodelándose el palacio en base al original.^[22]

Pinochet empezaba así la nueva década, afianzando su posición y opacando a los que posiblemente le pudiesen hacer sombra en el futuro. Pero este poder tambaleó nuevamente con la crisis de 1982.

La crisis de 1982

El inicio

La revolución iraní del Ayatolá causó estragos en el precio internacional del petróleo, lo que provocó que los países redujeran su actividad económica produciéndose una recesión. Se elevaron las tasas de interés, y se produjo la insolvencia de varias instituciones, lo que provocó la baja en los precios de las materias primas, especialmente del cobre (la principal exportación chilena).^[23]

Con la economía abierta que planteaban los Chicago Boys, los vaivenes de la economía mundial golpearon duramente a Chile. La crisis empezó a manifestarse con la quiebra de grandes empresas. Entre otras razones, los efectos de la recesión mundial se vieron agravados por un tipo de cambio fijo frente al dólar (1:39), que impedía el desarrollo de las exportaciones y favorecía el endeudamiento.^[24]

Los bancos y las empresas se empezaron a endeudar durante “el Boom”, llamado en el extranjero el Milagro de Chile, y ahora no tenían cómo pagar. Los economistas se dividieron sobre las medidas a tomar: Castro decía que se debía seguir con el cambio fijo, mientras que otros preferían devaluar y además cambiar a un tipo de cambio flexible que lo regulase el mercado.

Pinochet se decidió por la devaluación y Castro fue despedido del Ministerio. Los efectos de la devaluación fueron desastrosos, pues la gente se endeudaba en dólares y por tanto su deuda se multiplicaba. Los bancos también se volvieron insolventes, y el gobierno decidió intervenirlos adquiriendo el Estado las deudas privadas. Paralelamente a esto subían los precios y la cesantía sobrepasaba los veinte puntos porcentuales. Se iniciaron las primeras huelgas y protestas masivas contra el Gobierno Militar. Las primeras fueron pacíficas, pero ante la negativa del gobierno a escuchar a la oposición, se incrementó la violencia y extensión de las protestas por lo que el gobierno envió al Ejército a realizar las labores represivas tradicionalmente confiadas a Carabineros, debido a que la Policía uniformada ya no era capaz de mantener el orden público, la intervención del Ejército de Chile agravó más aún la situación dada la dureza con que reprimieron las protestas callejeras, incluso en una de esas jornadas de represión dejó un saldo de 18 muertos, siendo esta la tónica durante las siguientes jornadas de protestas.

En el año 1982 el PGB bajó un 14% y la inflación se mantenía en un 21%, la cesantía en un 26% y las reservas internacionales disminuyeron en 1.200 millones de dólares.

La recuperación económica

Concluida la etapa más cruda de la crisis, Pinochet en 1985 reemplazó a Jarpa y a Escobar. Entraría a manejar la economía chilena el ingeniero civil Hernán Büchi el que, con reformas menos ortodoxas que sus predecesores, lograría revitalizar la economía. Dicho período fue nombrado como el «Segundo Milagro Chileno».

Para la nueva reactivación, el nuevo ministro tomó las siguientes medidas:

• Fuerte reducción del gasto en el sector público, con medidas como rebajar el gasto social y las jubilaciones.
• Política de devaluación del peso en función del dólar muy fuerte, que sobrepasasen la inflación. De esta manera, con el dólar alto, se favorecían las exportaciones y se restringían las importaciones.
• Privatizaciones de empresas que seguían siendo estatales: la Compañía de Aceros del Pacífico), las eléctricas ENERSIS y ENDESA, las de telecomunicaciones ENTEL y Compañía de Teléfonos de Chile), la productora de azúcar IANSA, la línea aérea LAN Chile, Laboratorios Chile, entre otras.
• Privatización de los bancos intervenidos por el gobierno durante la crisis.
• El control de las tasas de interés por el Banco Central y ya no por el mercado.
• Descenso controlado de los aranceles.

El resultado de su gestión fue el retorno al liberalismo económico que implantaron los Chicago Boys, pero de una forma mucho más controlada, sin el dogmatismo que le imprimieron sus antecesores, y un crecimiento económico sorprendente que llevaría a Chile a duplicar su PGB en el lapso de diez años.

Dichas privatizaciones, sin embargo, se realizaron fuera de toda fiscalización, sin bases de licitación y bajo una completa falta de transparencia, lo cual provocó un gran perjuicio económico a los intereses del país, en lo que la investigadora María Olivia Monckeberg denominó "El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno".^[25] Se estima que en dichas operaciones el Estado chileno perdió el equivalente a 2 mil 223 millones de dólares, de hecho según la contraloría General de la República solo la privatización de CAP significó perdidas para el Estado de 706 millones de dólares, y la de ENDESA 811,5 millones.^[26] Entre los principales beneficiarios de estas operaciones se encuentran el entonces yerno de Pinochet Julio Ponce Lerou, Roberto De Andraca, José Yuraszeck, los grupos de Hurtado Vicuña, Fernández León y el grupo Penta de Carlos Alberto Délano.^[26]

Los beneficios del rendimiento macro económico del país, sin embargo, no se distribuyeron homogéneamente entre la población, produciéndose un rezago entre éste y los indicadores de desarrollo humano. Hasta 1990 más de la mitad de la población chilena se encontraba en zona de pobreza o indigencia.^[27] Hacia 1987 el país todavía mostraba cifras de subalimentación según los estudios de la CEPAL y la FAO, recién a fines de la década de 1990 Chile volvería a recuperar el promedio de calorías percápita que tenía en 1973.

Reorganización de la oposición, primeras protestas

Luego del golpe militar los organismos de seguridad del régimen habían eliminado prácticamente a todos los grupos y organización de izquierda que pudiesen crear una oposición seria, asesinando, encarcelando y exiliando a miles de chilenos. Pero durante los inicios de los años 1980 la oposición cambió de actitud, el ilegalizado Partido Comunista, históricamente respetuoso de las reglas democráticas, se reorganizó en la clandestinidad y declaró la legitimidad de todos los medios de lucha para acabar con la dictadura, lo cual incluía la rebelión armada contra el régimen.

El 6 de agosto de 1983 se funda la Alianza Democrática (AD), mediante la suscripción de un documento denominado Manifiesto Democrático por parte de los partidos Demócrata Cristiano, Social Democracia, Radical, USOPO y Democracia República (Partido Republicano desde 1985). Mientras los sectores más a la izquierda, el Partido Comunista el Partido Socialista (Almeyda) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), formaban el Movimiento Democrático Popular (MDP). El 14 de diciembre de 1983 se produciría la primera jornada de protestas masivas contra el régimen de Pinochet, coincidiendo con la primera acción armada del FPMR que puso bombas a una serie de torres de alta tensión cortando el suministro de electricidad en buena parte del país.

Empezó así la llamada denominada “Operación retorno”, que implicaba traer clandestinamente a exiliados que se unirían a los grupos guerrilleros y paramilitares, como el MIR y el recién creado Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ala armada del Partido Comunista. Su objetivo no era otro que derrocar a Pinochet, y sus blancos serían uniformados y miembros del régimen militar. Algunos sectores militares reclamaron el regreso de la mano dura y falta de escrúpulos de Contreras, acusando a Mena de permisividad frente a los actos subversivos y de inutilidad para enfrentarlos. Se le reemplazó por Humberto Gordon, quien aplicaría los mismos métodos de la DINA: asesinatos, torturas, extorsiones, etc., para reprimir a los opositores políticos, pero de manera más selectiva, ya que, a diferencia de los miembros de la organización anterior, no gozaría de ninguna amnistía.

Uno de sus principales objetivos era la eliminación del MIR, grupo ya profundamente debilidado, por medio de falsos enfentamientos en los cuales los prisioneros del MIR eran ejecutados. Sin embargo, a partir de 1983 la vanguardia de la resistencia armada al Régimen Militar la asumió el FPMR y con el tiempo surgirían otros grupos como el Movimiento Juvenil Lautaro.

Pinochet retrocede sobre sus pasos en política económica y llama a Luis Escobar (economista keynesiano) a la cartera de economía y a Sergio Onofre Jarpa al Ministerio del Interior. La misión de Jarpa sería llegar a un acuerdo con las dos grandes agrupaciones de oposición: la AD y el MDP. La misión de Jarpa era difícil y pareciese a primera vista que fracasó, pero logró una mayor libertad de prensa y permitió el regreso de miles de exiliados, además de lograr apartar a la Alianza Democrática del Movimiento Democrático Popular, que tenía vínculos con el FPMR.

En 1984, durante una visita oficial a Punta Arenas, Pinochet sufre la primera protesta popular en vivo, conocida como el puntarenazo, fue una serie de manifestciones relámpago organizadas por la Coordinadora de Pobladores y el Comando Multigremial de Magallanes, a pesar del ferreo control militar que imperaba en cada una de sus giras a regiones.^[28]

En 1985 se encontraron en un sitio abandonado de Quilicura los restos de tres profesionales comunistas desaparecidos, Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino. Los dos últimos fueron secuestrados desde el Colegio Latinoamericano de Integración. Todos fueron encontrados muertos y degollados («Caso Degollados»). El hecho había sido cometido por un cuerpo de inteligencia de Carabineros, la DICOMCAR, lo que le cuesta el puesto de la Junta y de Carabineros a César Mendoza, por su responsabilidad institucional en este crimen. Sería reemplazado por el general Rodolfo Stange.

El año decisivo

Así proclamó el Partido Comunista el «año decisivo» en 1986, que debiera ser el año del fin del gobierno de Augusto Pinochet. Se inició con llamados a paros nacionales masivos a principios de año, repetidos cortes de energía eléctrica y numerosas jornadas de protestas callejeras, con cortes de calles, barricadas y cacerolazos. Sin embargo no se lograron lo objetivos esperados, debido, entre otros factores, a la falta de cohesión de la oposición democrática y al endurecimiento de la represión estatal que derivó en un incremento de la cantidad de muertos en las poblaciones.

El FPMR empezó a internar armas desde el extranjero, en Carrizal Bajo, una caleta de la Región de Atacama. Se trataba de una cantidad considerable de armamento, aunque en ningún caso adecuada para provocar una guerra civil o atacar directamente al gobierno. Una voz de alerta se dio a los organismos de seguridad del régimen, quienes inviarón un gran contigente a Carrizal Bajo incautando gran cantidad de armas y apresando a unos veinte frentistas. Parte del armamento ya había sido trasladada, ocultándose en depositos subterráneos, emplazados en sitios eriazos o casas de seguridad pertenecientes a simpatizantes del FPMR. Con tales armas se realizaría la llamada Operación Siglo XX.

El 7 de septiembre era la fecha clave, ese día Pinochet debía pasar la ruta G-25 para dirigirse desde su casa cordillerana del sector El Melocotón, en el Cajón del Maipo hacia Santiago. Cerca de la ruta se había instalado una pareja de “recién casados” en una casa arrendada, que en realidad era ocupada por una treintena de frentistas.

A las 18:45 horas pasó el convoy presidencial, con cinco vehículos escolta. A esa hora se desata el fuego por parte de un comando del FPMR, atacando con fusiles M-16 y proyectiles al convoy. Tres de los autos quedaron totalmente destruidos, muriendo cinco escoltas e hiriendo a doce. Pero los otros dos autos, Mercedes Benz blindados, dentro de uno de los cuales estaban Pinochet y uno de sus nietos, resistieron al fuego a pesar de que un cohete impactó frente a una de las ventanas e hizo estallar uno de los vidrios, hiriendo levemente a Pinochet en la mano. Esa sería su única herida, mientras los atacantes lograron salir totalmente ilesos y sin bajas.

Para los atacantes correría la “ley del talión”, por cinco escoltas muertos, cinco opositores (no involucrados en la acción) debían morir esa misma noche, sin embargo uno de ellos fue salvado por los vecinos, por lo que las víctimas fueron solo cuatro. Pero la escalada de violencia en que la CNI se involucró continuaría al año siguiente con la llamada operación Albania. En esta operación, tras un simulacro de enfrentamiento, se ejecutaría a doce frentistas.

Relaciones internacionales

El Régimen Militar esperó los aplausos del mundo occidental por derrocar a un gobierno marxista, pero fue recibido con estupor y rechazado por la sociedad internacional, con la excepción del secretario de Estado Norteamericano Henry Kissinger, principalmente por la imagen exterior del gobierno de Allende y su elevación al status de mártir.^[29]

La violencia mostrada durante el golpe de estado y su mandato fue otro de los elementos que construyeron la imagen del gobierno militar en el exterior.^[30] Los partidarios del gobierno derrocado fueron brutalmente perseguidos como «enemigos del Estado». Los exiliados en masa, en diferentes países, colaboraron en denunciar estos hechos y en llamar a la "solidaridad internacional con el pueblo de Chile".

Esto implicó un aislamiento político internacional del gobierno muy severo, que impediría a Pinochet viajar oficialmente al extranjero (con la excepción de un secreto viaje a Bolivia en 1988, en donde se reunió con Víctor Paz Estenssoro.^[31]

La Junta rompió de forma inmediata las relaciones diplomáticas con Cuba, las que se había establecido durante el gobierno de Allende. Poco después del ascenso de la junta al poder, varios países comunistas, incluidos la Unión Soviética, Corea del Norte, Vietnam del Norte, Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria y Yugoslavia, rompieron relaciones diplomáticas con Chile (sin embargo, Rumania y la República Popular China siguieron manteniendo relaciones con Chile).^[32] El gobierno militar rompió relaciones con Camboya en enero de 1974^[33] y reanudó vínculos con Corea del Sur en octubre de 1973 y con Vietnam del Sur en marzo de 1974.^[34]

Con EE. UU. las relaciones empeoraron gravemente tras el atentado a Orlando Letelier del Solar, aumentando su aislamiento diplomático. Como contraparte, se mantuvieron las relaciones comerciales con EE.UU., en particular tras la consolidación del modelo neoliberal. Los asesinatos de Prats y otros ex-uniformados solo empeoraron la situación.^[35]

Chile además estuvo en una situación peligrosa con sus países limítrofes, especialmente con Argentina, país con el cual en 1978 casi se llega a una guerra por las islas del canal de Beagle (Conflicto del Beagle), eventualidad evitada gracias a la intervención papal. En esto, cabe destacar el excelente manejo que la Junta Militar hizo en el tema, utilizando muchos datos de Inteligencia para mantener a raya la situación.

Durante la Guerra de las Malvinas (1982), en que Argentina disputó las islas llamadas Malvinas o Falkland con Gran Bretaña, Chile se mostró abierto partidario del Reino Unido y en especial del gobierno de Margaret Thatcher y prestó especial apoyo logístico e Inteligencia a unidades británicas.

Durante todo el gobierno militar, el aislamiento internacional se hizo sentir, salvo la visita en 1987 del Papa Juan Pablo II que fue muy bien aprovechada por Pinochet para mejorar su imagen frente a la opinión pública internacional.^[36]

El Plebiscito

La campaña

Ya a finales del régimen militar, la gran mayoría de la oposición había optado por una estrategia de transición democrática. Las protestas disminuyeron y la Alianza Democrática no quiso participar en ninguna nueva. Entre las razones de esta actitud estaba el acercamiento de la fecha del plebiscito.

Los opositores decidieron seguir las reglas impuestas por la Constitución de 1980, iniciando la normalización de los partidos políticos. El primero en formarse fue Renovación Nacional, que unía los grupos de Unión Nacional de Andrés Allamand y los gremialistas de Jaime Guzmán, más la mayoría de las personas afines al gobierno militar. Pronto este partido se separaría, tomando ruta propia los gremialistas de Guzmán con el nombre Unión Demócrata Independiente.

Entre los opositores tomaron cuerpo la Democracia Cristiana, el Partido Socialista (unificado de facto, después de la división de los grupos de Ricardo Núñez y Clodomiro Almeyda) y el Partido Por la Democracia, que originalmente sería solo instrumental, o sea para los opositores izquierdistas al régimen que no se sintieran identificadas con el PS, que después del plebiscito debía disolverse, sin embargo permaneció su existencia, debido a éxitos electorales, convirtiéndose rápidamente en uno de los partidos socialdemócratas más importantes del país.

A pesar de la inscripción, muchos consideraron que realizar el plebiscito sería ridículo, pues nunca se había visto que un régimen autoritario renunciara al poder pacíficamente por elección popular. El primero en decir sí al plebiscito fue Patricio Aylwin Azócar, ejemplo que siguieron prontamente el socialismo y el PPD. Todo esto ocurre comenzando el año 1988, mientras el régimen ablanda su postura y permite el regreso de muchos exiliados, además de terminar después de casi 15 años, el toque de queda.

El plebiscito queda fijado para el 5 de octubre de ese año, proclamando la junta el 30 de agosto a su candidato, Augusto Pinochet. La oposición se agrupa en la Concertación de Partidos por el No, que agrupa a todos los partidos opositores, excepto los extremistas.

A diferencia del plebiscito anterior, ahora sí se constataban los registros electorales, pues el tribunal Constitucional ordenó que se crearan los registros, las mesas y los apoderados, a pesar de la negativa del gobierno. Se ordenó también que ambas propuestas tuvieran franjas televisivas gratuitas, a las 23 horas.

El peso de la televisión en la campaña sería muy fuerte. La franja del No superaba en todos los aspectos a la del Sí, en producción, contenido y mensaje. Sergio Fernández, ministro del Interior, admitiría: «Los resultados (de su campaña) fueron lamentables. Al cabo de muy pocos días nadie pudo ignorar la evidente superioridad técnica de la franja del No, mejor construcción argumental, mejores filmaciones, mejor música. Su melodía característica, en torno a la frase "la alegría ya viene", era tan pegajosa, que hasta los creativos responsables de la campaña del Sí la tarareaban inconscientemente».

Pero entre las causas que motivaron a la mayoría a votar No, destaca el hecho de decir que ente las causas de su voto prima la mala situación económica (72%, según encuesta del CEP), más que los derechos humanos (57%), esto herencia del 20% de cesantía que mantuvo el régimen, y la mala distribución del ingreso, lo que explica porqué en medio del auge económico se dieran estos argumentos.^[37]

El 5 de octubre

El día 5 de octubre votó el 92,1% de la población mayor de 18 años, el máximo récord histórico en la historia del país. También llegaron a Chile cientos de políticos extranjeros veedores, que esperaban comprobar el correcto desarrollo del acto. Después de las primeras votaciones el ambiente empezó a caldearse, los datos entregados por el Ministerio del Interior daban una gran ventaja para el Sí, mientras que en el comando del No, se entregaban cifras muy diferentes. El tercer cómputo, que debía ser definitorio y estaba programado para las 22 horas se retrasaba. Muchos tenían el temor de que se fuera a dar un golpe de estado antes de la entrega de los resultados.

Canal 13 había programado un debate entre Aylwin y Jarpa para las 22 horas, inmediatamente después del resultado para analizar los resultados. Por la demora se retrasó hasta las doce de la noche. Aylwin iba a entregar los resultados del comando del No que le daban la victoria, por lo que Jarpa, sin ningún dato, se contactó con el subsecretario Alberto Cardemil, para solicitar datos. La respuesta del subsecretario fue que de momento iba ganando el No, pero aún faltaba contar los votos de las mujeres de Santiago. Jarpa vio que aun con un apoyo favorable de este último grupo el resultado no cambiaría y admitió en el programa de televisión el triunfo del No.

La prensa se agolpó frente al Palacio de La Moneda para conocer la versión del gobierno a estos datos, cuando llegaba el miembro de la junta Fernando Matthei, quien luego de ser preguntado, declaró que para él «la cosa estaba clara» (era definitivo), era un triunfo del No (su hija Evelyn Matthei le había entregado los resultados). Las palabras de Matthei dieron inmediatamente la vuelta al mundo.

Fernández reconoció la derrota, y dijo que el alto porcentaje obtenido era de cualquier forma motivo de orgullo, a lo que el general de la Fuerza Aérea respondió con un irónico «¿Y por qué no traemos champaña para celebrarlo?». Matthei, en el libro-entrevista «Matthei, Mi testimonio», expresaba que Pinochet no quería abandonar el poder, pasándole a los miembros de la junta un documento en que “le entregábamos todas nuestras atribuciones al general Pinochet, quien podría actuar sin consultar a las respectivas instituciones”. Dice además que él rompió con sus propias manos el acta, “Después de eso, y sin insistir en el acta, el Presidente nos informó que se iría a descansar por unos días fuera de Santiago y se dio por terminada la reunión”.

Sergio Fernández, en “Mi Lucha por la Democracia”, no habla de ninguno de estos hechos, y los negó categóricamente cuando fue interrogado. Pero las versiones no son excluyentes, pues Fernández no estaba cuando se suponía se pasó el acta.

El día siguiente

Al amanecer del 6 de octubre no quedaban dudas, y se cumpliría la ruta marcada por la Constitución de 1980, y Pinochet llamaría a elecciones democráticas el año siguiente.

Mientras, se discuten reformas a la constitución. El motivo para el gobierno, es muy difícil de modificar por el alto quórum que tiene para los capítulos más vitales, pero no para el capítulo de reforma a la constitución, lo que podría servir como “válvula de escape”, para que el nuevo gobierno modifique a su gusto la carta. La oposición victoriosa aceptó de buena gana las reformas, pues en ella además se derogaba el artículo 8, que impedía la legalización del comunismo, se empatan civiles y militares en el concejo de seguridad, se disminuyen de ocho a seis años el período presidencial, entre otras cosas. Entre los que no querían la reforma estaba Fernández, el cual es despedido del Ministerio del Interior, siendo reemplazado por Carlos Cáceres, que lograse entendimiento con la oposición, resultando las reforma aprobadas en el plebiscito de 30 de julio de 1989 con un 91,25% de los votos.

Ese mismo año corría la elección presidencial, en la cual la Concertación de Partidos por la Democracia (antes Concertación de Partidos por el No) postula a Patricio Aylwin. La derecha y gran parte del gobierno se unen con Hernán Büchi, en una campaña que parecía desarticulada, debido a la sorpresiva bajada del candidato y luego subida. Según se sabe Pinochet no apoyó a Büchi, ya que, algunas fuentes señalan que se sintió con su ministro por haber tomado una carrera política, ya que lo consideraba su hombre de confianza, como a Fernández, sin ambiciones políticas (lo que explica por qué nunca le tuvo gran confianza a Jaime Guzmán, quien se había propuesto metas muy altas).

Aylwin resulta electo presidente con el 55,2% de los votos.

Predecesor: República Presidencial

Periodos de la Historia de Chile 11 de septiembre de 1973–11 de marzo de 1990

Sucesor: Transición a la democracia

Véase también

• Anexo:Detenidos desaparecidos de Chile
• Violaciones de los Derechos Humanos de la Dictadura Militar en Chile (1973-1990)
• Víctimas militares del Régimen Militar de Chile

Notas

Bibliografía

• Barros, Robert. La Junta Militar Pinochet y la Constitución 1980. Santiago de Chile: Editorial Sudamericana. ISBN 956-262-248-7. 
• Cavallo, Ascanio; Salazar, Manuel y Sepúlveda, Óscar (1998). La Historia Oculta del Régimen Militar. Santiago de Chile: Editorial Sudamericana. ISBN 956-262-061-1. 
• Fermandois, Joaquín (2005). Mundo y Fin de Mundo, Chile en la política mundial 1900-2004. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica. ISBN 956-14-0812-0. 
• Sofía Correa; Consuelo Figueroa; Alfredo Jocelyn-Holt; Claudio Rolle; Manuel Vicuña. (2001). La Historia del siglo XX chileno. Santiago de Chile: Editorial Sudamericana. ISBN 956-262-144-8. 
• Fernández Fernández, D.: Historia de la Iglesia Católica en Santiago de Chile desde el Concilio Vaticano II hasta la actualidad: el testimonio oral como fuente. Universidad de Cádiz, 1995.
• Fernández Fernández, D.: La "Iglesia" que resistió a Pinochet. Historia, desde la fuente oral, del Chile que no puede olvidarse. Madrid: IEPALA, 1996.
• Huneeus, Carlos (2000). El Régimen de Pinochet. Santiago de Chile: Editorial Sudamericana. ISBN 956-262-126-X. 
• Katz, Claudel. Chile Bajo Pinochet. Anagrama. ISBN 84-339-2537-7. 
• Kornbluh, Peter. Pinochet Los Archivos Secretos. Crítica. ISBN 84-8432-520-2. 
• Vial, Gonzalo (2002). Pinochet La Biografía. Santiago de Chile: El Mercurio - Aguilar. ISBN 956-239-234-1. 

Enlaces externos

• Informes Oficiales de Derechos Humanos en Chile
• Especial del Plebiscito de 1988 - TVN
• Especial dictadura Militar - Canal 13
• Régimen Militar - Icarito
• Memoria Viva. Archivo digital de las Violaciones de los Derechos Humanos de la Dictadura Militar en Chile (1973-1990)