La corrupción urbanística es el abuso del poder de los cargos públicos vinculado a la especulación inmobiliaria y el incumplimiento de las normativas urbanísticas y medioambientales con objeto enriquecimiento ilícito.

Sus causas son muchas y muy diversas, y un punto clave es la financiación de los ayuntamientos. El proceso de descentralización en España que trajo consigo el Estado de las Autonomías, ha llevado a que los ayuntamientos se hayan visto obligados a prestar a los ciudadanos servicios que antes ofrecía el gobierno central.^[1]

Esta descentralización buscaba una mayor eficacia en la prestación de dichos servicios, a través de la cercanía entre la administración y los ciudadanos. Sin embargo ha planteado desafíos en cuanto a la financiación que, según el criterio de diversos colectivos, no han sido bien respondidos.^[2] Como los ayuntamientos tienen una gran cantidad de gastos, en lugar de recaudar impuestos directos han ideado una forma imaginativa^[3] de recaudar impuestos indirectos, y es con la potestad de decidir qué suelo es urbanizable y cuál no. La financiación a partir de la recalificación de suelo implica aumentar la presión fiscal de manera heterogénea, haciendo cargar con el mayor peso de la financiación municipal a familias con hipotecas a 30 y 40 años.

La diferencia de precio entre un tipo de suelo y otro puede ser de hasta 20 veces, así que los ayuntamientos encontraron su particular filón en la recalificación del suelo.^[4] Los promotores y constructores pagaban a los ayuntamientos cuantiosas sumas por obtener la calificación de "suelo urbanizable". Por supuesto que esas cuantiosas sumas las acaban pagando los compradores de viviendas, por lo que al final pocos son conscientes de que se trata de un enorme impuesto encubierto, que va incluido en el elevado precio de la vivienda.

La consecuencia indeseada es que al igual que un ayuntamiento recibe enormes sumas de dinero de los promotores y constructores para poder pagar los servicios municipales que presta (transporte público, polideportivos, limpieza de calles, etc), también los políticos que gobiernan esos ayuntamientos son susceptibles de cobrar a título personal, fenómeno que constituye el núcleo de lo que se conoce como corrupción urbanística.^[5]

La ONG Transparencia Internacional en su informe del año 2.006 señaló: “el ámbito donde la corrupción es más elevada es el del nivel local de Gobierno”, sobre todo “en la costa (...) o en las inmediaciones de las grandes ciudades”. La causa de este fenómeno, según Transparencia Internacional, hay que buscarla en “la calificación del suelo urbano”, lo que ha provocado que España sea el país de la OCDE “donde el precio de la vivienda ha subido más en los últimos años”.

Contenido 1 Casos denunciados 1.1 Andalucía 1.2 Aragón 1.3 Asturias 1.4 Baleares 1.5 Canarias 1.6 Cantabria 1.7 Castilla-La Mancha 1.8 Castilla y León 1.9 Cataluña 1.10 Comunidad Valenciana 1.11 Galicia 1.12 La Rioja 1.13 Comunidad de Madrid 1.14 Región de Murcia 1.15 Navarra 2 Referencias 3 Véase también

Casos denunciados

Actualmente se investigan judicialmente los siguientes casos de corrupción urbanística. [1]

Andalucía

Almería

• Níjar: El alcalde socialista, Joaquín García Fernández, firmó un convenio urbanístico con uno de sus ex concejales, José Cayuela Carrique, que le permitió casi cuadruplicar la edificabilidad de una urbanización en la zona de Agua Amarga, a cambio de la cesión de un terreno para zona verde, según una querella interpuesta por Ecologistas en Acción. Además, aunque el máximo de viviendas autorizadas era de 56, llegó a 90. El proyecto Marina de Agua Amarga, que ocupa 48 hectáreas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en zonas con especial protección comunitaria, también está siendo investigado por la UE.

• Zurgena: Concejales del Ayuntamiento de Zurgena (Almería) serán llamados a declarar por el Juzgado de Huércal Overa, a petición de la Fiscalía, como presuntos autores de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, por conceder licencia de obras a 1.300 chalés en zonas no urbanizable. El presidente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública, Ceacop, Tomás Zurano, también presidente del grupo inmobiliario 'Dizu' y que integró el Comité de Expertos para la redacción del programa electoral del PSOE de Almería en las pasadas elecciones autonómicas, es una de las seis personas detenidas por su presunta implicación en la la trama urbanística de Zurgena (Almería). [2] El alcalde de Zurgena Cándido Trabalón, fué detenido por la Guardia Civil en una operación coordinada con el Fiscal de Medio Ambiente de Almería que investiga desde hace más de un año diferentes delitos de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio. También fué detenido el concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, también del Partido Andalucista, el arquitecto municipal Carlos Berbel, además del arquitecto técnico y un constructor de la comarca de la Almanzora.[3]

• Garrucha: El alcalde socialista, Andrés Segura, firmó un convenio con la empresa Promociones e Inversiones Hermanos Muñoz Fernández mediante el cual ésta se compromete a pagar al Consistorio 2,6 millones de euros para legalizar 28 viviendas construidas ilegalmente en el municipio. El PP denuncia, además, que los 2,6 millones pactado no es la totalidad de los beneficios percibidos.

• Roquetas: El alcalde de Roquetas de Mar y presidente del PP en Almería, Gabriel Amat, recalificó en 1997 como urbanizable un terreno propiedad de una empresa participada por su esposa, un cuñado y dos socios suyos. La venta posterior de los terrenos reportó unos beneficios a esa sociedad de más de dos millones de euros.

• Cuevas de Almazora: En la pedanía de Villaricos, Ecologistas en Acción y la Plataforma Salvemos Villaricos denunció la construcción de viviendas a 10 metros de la playa. En dicho solar se encontraron también restos arqueologícos de la época visigótica. [4]

• Carboneras: El 10 de mayo de 2007 el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, comunicó que la Junta de Andalucía va a comprar los terrenos sobre los que se asienta el hotel ilegal El Algarrobico, y los terrenos adyacentes con el fin de restaurar la playa de El Algarrobico para devolverla, en la medida de lo posible, a su estado original. El hotel era el primero de lo que estaba proyectado como un complejo de ocho hoteles, 1.500 apartamentos y un campo de golf. Su construcción se inició gracias a una licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de Carboneras, en base a una modificación municipal que convirtió en urbanizable una playa virgen situada a cuatro kilómetros del casco urbano.[5]

Cádiz

• Rota: Antonio Peña, concejal de urbanismo, del PP, está imputado por prevaricación.

Córdoba

• Córdoba: Ecologistas en Acción denunció la construcción de dos urbanizaciones en la llamada Carrera del Caballo a cargo de la empresa constructora Arenal 2000. Las edificaciones se llevaron por delante 100 encinas, pero una sentencia judicial obliga al empresario Rafael Gómeza reponerlas.

• En los Baños de Popea, una decisión judicial obliga a un promotor a reponer un encinar talado para construir 223 chalés de lujo.

Granada

• Alhendín: El concejal de urbanismo, del Partido Popular, ha dimitido tras quedar en libertad condicional por cinco delitos. El PP de esa localidad mantiene abierta una investigación sobre la tramitación del polígono industrial de Marchalhendín, supuestamente fraudulenta, según el PSOE.

• Armilla: El vicepresidente de la Diputación de Granada y concejal de Urbanismo de Armilla (Granada), Gabriel Cañavate (PSOE), dimitió tras una polémica sobre su patrimonio y la investigación de la Fiscalía por presuntas ilegalidades en un centro comercial de la localidad.

• Ogíjares: José Luis del Ojo, el diputado nacional y ya ex concejal de Urbanismo en el municipio granadino de Ogíjares, entregó el pasado martes (17 octubre) su acta de edil. Renunció a su cargo en ese ayuntamiento ante las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en el municipio de las que se le acusa. IU pide su cabeza en el Congreso de los Diputados y el PSOE llevó estas supuestas irregularidades a la fiscalía.

• Almuñécar: Juan Luis González Montoro (ex alcalde de Almuñécar, actual concejal en ese ayuntamiento y diputado nacional) está imputado en un proceso judicial por supuestos pagos irregulares en su etapa de alcalde para intentar beneficiar a su partido (PP) en la campaña electoral.

• Granada: El Ayuntamiento ha abierto dos expedientes disciplinarios contra construcciones en La Vega por sendas obras sobre suelo no urbanizable.

Huelva

• El Granado: Este pueblo de 600 habitantes planeaba construir unos 2.674 chalés en 454 hectáreas de terreno protegido, según denunciaban los ecologistas. El alcalde Juan Manuel Burga (PSOE), afirmaba que el proyecto es bueno para el pueblo. Incluía un hotel de 1.800 plazas y y un campo de golf. Pero la Junta Andaluza vetará el proyecto.

• Matalascañas: Vecinos y propietarios del municipio denuncian que el PGOU perjudica gravemente el Parque de Doñana. El alcalde, Francisco Bella (PSOE), invitó a los vecinos a co-elaborar el Plan de Ordenación, pero después fue incluyendo modificaciones con las que los vecinos no estaban de acuerdo. Los terrenos que amplía el PGOU, que se pensaban destinar a usos hoteleros o industriales, tienen graves deficiencias en cuanto a la infraestructura hídrica.

Málaga

• Alhaurín el Grande: En la llamada Operación Troya, el alcalde y el concejal de urbanismo, ambos del PP, fueron detenidos bajo los cargos de cohecho y prevaricación. La juez decretó prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros. Otras 18 personas, en su mayoría empresarios de la construcción, han sido detenidas bajo la imputación inicial el delito de cohecho.^[6]

• Benalmádena: El alcalde de independiente de esta localidad, Enrique Bolín, está acusado por dar licencias ilegales.

• Cuevas del Becerro: los ciudadanos se hicieron escuchar yendo a la huelga para protestar contra un macroproyecto urbanístico ubicado en el encinar "mejor conservado de la provincia" y perteneciente a la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves.

• Estepona: El alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), ha tenido que dar marcha atrás a un convenio urbanístico para aumentar la edificabilidad del campo Atalaya Golf para construir 135 viviendas, en una operación vinculada a Emilio Rodríguez Bugallo, imputado en la Caso Malaya. Barrientos ya ha tenido que rectificar en varias ocasiones por operaciones sospechosas. [6]

• Marbella: Hasta 40 cargos municipales están imputados en diferentes causas de corrupción urbanística, entre ellos Juan Antonio Roca, cerebro de la red desarticulada por la Caso Malaya.

• Manilva: La Policía detuvo el año pasado al entonces alcalde, Pedro Tirado (independiente), y a su cuñado, Francisco Calle, por presunta corrupción urbanística ligada a operaciones de blanqueo de dinero relacionadas con el narcotráfico. El precio de un terreno de 1,3 millones de metros cuadrados pasó de 12 millones de euros a 160 tras una recalificación.

• Alcaucín: La Guardia Civil detuvo el 28 de Febrero de 2009 a 13 personas en una operación contra la corrupción urbanística que se está desarrollando en las provincias andaluzas de Málaga y Huelva[7]. El alcalde de la localidad malagueña de Alcaucín, el socialista José Manuel Martín Alba, se encuentra entre los arrestados. Además entre los detenidos estaban, dos hijas del alcalde y José Mora, jefe del servicio de arquitectura municipal de la Diputación de Málaga, dos arquitectos, empresarios dedicados a la promoción y construcción de viviendas y un intermediario. A los detenidos se les imputó por parte de la Fiscalía, entre otros, varios delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, contra la ordenación del territorio y estafa, según la información facilitada por la Guardia Civil. La 'operación Arcos' continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones. La investigación, en la que colaboró activamente el SEPRONA de la Guardia Civil de Málaga, ha permitido desarticular una importante trama organizada dedicada a la promoción, construcción y posterior comercialización de urbanizaciones y de viviendas aisladas, principalmente a extranjeros, sobre suelo no urbanizable en la sierra malagueña de la Axarquía.

Almachar: El juez imputó al Presidente de la Diputación, y anterior Alcalde de Almachar, el delito de prevaricación omisiva, al permitir la construcción de viviendas en suelo no urbanizable. Están imputados en la causa, además de Fernández España, un ex técnico municipal del Ayuntamiento de Almáchar y otras tres personas, todas ellas por acción u omisión en la edificación de varias viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable entre 2003 y 2007.[8]

• Mijas: Se dieron casos de corrupción.

• Tolox: La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga interpueso en mayo una denuncia contra el alcalde de Tolox, Juan Vera (Partido Andalucista), que ahora ha ampliado. Varias promociones urbanísticas aprobadas por el alcalde podrían estar en suelo no urbanizable. La primera denuncia hacía referencia a 15 promociones (unas 2.000 viviendas), y la segunda amplía la denuncia a otras 9 presuntamente irregulares, por tener licencia de obra "concedida por el alcalde" en suelo no urbanizable.

Sevilla

• Castilblanco de los Arroyos: La Fiscalía ha admitido a trámite la querella contra el Ayuntamiento presentada por la asociación de propietarios de la 'urbanización Sierra Norte'. La asociación denuncia parcelación irregular, una construcción carente de toda regulación y licencia, que se autorizó cuando todavía no se contaba con un proyecto de urbanización.

• Camas:El alcalde de la localidad sevillana de Camas, Agustín Pavón (IU) está imputado por tratar de sobornar a una edil para que votara a favor de unas recalificaciones. El concejal del PP Antonio Enrique Fraile ha sido expulsado del partido tras ser imputado en ese soborno. En este mismo caso también han sido imputados los concejales del Partido Andalucista, José del Castillo, y el empresario Eusebio Gaviño.

• Burguillos: El PP denunció al Ayuntamiento de la localidad (su alcalde es José Juan López, del PSOE) de aprobar una serie de recalificaciones que pudieron beneficiar a ediles y cargos del PSOE. Un juez archivó el 2 de noviembre el caso por considerar que no existían indicios que lo probaran.

• La Algaba: José Luis Vega (IU), está imputado en un supuesto delito contra la ordenación del territorio y otro supuesto delito de falsedad en documento en la reparcelación de la zona conocida como Marina de la Algaba, junto al río Guadalquivir.

• Guillena: Justo Padilla (PSOE) está imputado en un presunto delito contra la ordenación del territorio por permitir construir una serie de naves industriales en un suelo reservado para zona verde y suelo no urbano, junto al polígono industrial El Cerro.

• Espartinas: el PA denunció al Gobierno local (PP) por un presunto delito de prevaricación, delito urbanístico y delito societario. Según la denuncia, el alcalde, Domingo Salado, y el concejal de Urbanismo, Javier Jiménez, habrían actuado de intermediarios al servicio de una promotora en la recalificación de una finca de la familia Guardiola (muy conocida en Sevilla).

Aragón

Zaragoza

• La Muela: El Gobierno de Aragón ha decidido recurrir ante los tribunales un plan para edificar 2.340 viviendas, que forman parte de un proyecto aún mayor que ha quedado paralizado. El 18 de marzo de 2.009, la alcaldesa de La Muela (Zaragoza), María Victoria Pinilla, del PAR, y otras 17 personas, entre las que se encuentra su marido, fueron detenidas por su presunta implicación en un delito de corrupción urbanística, llevada a cabo por orden del juzgado de instrucción de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), que abrió este caso a raíz de una denuncia particular. [9]

Asturias

• El Musel: La Unión Europea investiga el sobrecoste de 251 millones de euros procedentes de fondos europeos en el presupuesto de la principal obra pública del Gobierno que preside Vicente Álvarez Areces (PSOE): el 'superpuerto' de El Musel, en Gijón.

• El Vasco: Los organismos europeos investigan la presunta adjudicación a dedo del Palacio de Justicia de Oviedo, presupuestado en más de 180 millones de euros. El Gobierno de Asturias evitó llevar a concurso la obra, proyectada sobre los terrenos que antes acupaba la estación de El Vasco, ideando una fórmula novedosa: un contrato de alquiler de un edificio en construcción. Alega que en esa finca existen los cimientos de una construcción, que en realidad corresponden al proyecto inacabado de tres rascacielos diseñados por Santiago Calatrava.

Baleares

• Andratx: El alcalde del municipio, el popular Eugenio Hidalgo, el director de Ordenación del Territorio del Gobierno de las Islas Baleares, Jaume Massot, y a un funcionario celador de obras, Jaume Gibert, así como otras tres personas, fueron detenidas entre los días 27 y 28 noviembre por corrupción urbanística. Un juez de la localidad les imputa a los tres primeros delitos contra la ordenación del territorio, falsedad y prevaricación urbanística, cohecho, asociación ilícita y blanqueo de capitales, entre otros.

• Santa Margarita: El alcalde de Santa Margarita (Mallorca), Antoni del Olmo, del PP, se vio obligado a renunciar a su cargo al tener abierta la Fiscalía de Baleares una investigación sobre una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento.

• Palma Arena: El pabellón polideportivo de Palma Arena, sufrió un desfase presupuestario de más de 12 millones de euros, por lo que la Fiscalía Anticorrupción sostiene su principal acusación en el caso Palma Arena, la de la malversación de caudales públicos, basándose en el peritaje técnico elaborado a petición del juez José Castro por los actuales responsables del Consorcio para la Construcción del velódromo palmesano.[10]

Canarias

• Telde: El 'caso Faycán' se conoció a raíz de que una empresaria de Telde denunciara, en julio de 2005, que la Concejalía de Obras Públicas y Contratación del Ayuntamiento, que dirigía María Antonia Torres, le exigió el pago de una comisión del 20% del presupuesto de la obra a cuya adjudicación aspiraba. Desde entonces han sido detenidas más de 25 personas, entre ellas el alcalde y media corporación municipal, el responsable del PP en Telde, y más tarde su sucesor en el cargo. Según algunas informaciones, citadas por el diario 20 Minutos, el dinero de las comisiones podría haber ido a parar al PP.

• Caso Parques Eólicos: Celso Perdomo, ex director de Industria de Canarias (PP), está imputado en el caso Parques Eólicos.

• La Oliva: El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha presentado una denuncia contra el ex alcalde de La Oliva y el presidente del PP de Fuerteventura, Domingo González, por delitos de ordenación del territorio y desobediencia continuada.

• Caso Las Teresitas: Garzón implica al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (Coalición Canaria) y pide que se investigue al presidente de la autoridad portuaria, Luis Suárez Trenor en una presunta trama de comisiones ilegales. Imputado igualmente por la Fiscal Anticorrupción junto a otros concejales y empresarios por el caso de "Las Teresitas" por el que se compró a precio de oro terrenos para construir en dicha playa y los terrenos localizados en el Valle de Las Huertas.

• Firgas: El alcalde, Francisco Ponce, fué condenado en 2002 a 9 años de inhabilitación por un caso de prevariación, estando pendiente en otro caso por irregularidades en la concesión de tres licencias urbanísticas.[11]

• "Operación Góndola": Detención del alcalde de Mogán del PP, y otras cuatro personas vinculadas al Ayuntamiento por financiación ilegal del PP con dinero público, compra de votos y Regalar permisos de Construcción en zona protegida por la Unión Europea, corrupción urbanística.

• "Operación Brisan": Detenidos Tres Ex-Alcaldes del PP de Santa Brigida y otras siete personas por presunto enriquecimiento personal, financiación ilegal y corrupción.

• "Caso González Arroyo": Investigados el presidente del PP de Fuerteventura, ex alcalde de La Oliva y la candidata del PP a la Alcaldía de Antigua por Presunto delito de cohecho y soborno.

Cantabria

• Arnuero: Una sentencia del Tribunal Superior exige la demolición de la urbanización El Encinar, construida sobre suelo no urbano, según denunció el grupo ecologista Arca (Asoc. para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria). Quien era alcalde cuando se empezó a construir la urbanización, José Luis Rey Villa (Unión para el Progreso de Cantabria), fue condenado a 14 años de inhabilitación por otro caso urbanístico. Se rumorea que podría presentarse a las próximas elecciones porque cumple su condena de inhabilitación.

• Ribamontán al Monte: El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander investiga la construcción de tres casas en un terreno rústico.

Castilla-La Mancha

Albacete

• Hellín: Ecologistas en Acción denunció ante la Fiscalía Anticorrupción, a la Junta de Castilla-La Mancha y al Ayuntamiento de Hellín por autorizar, según ellos ilegalmente, el proyecto urbanístico de Las Higuericas, en un caso que se viene arrastrando desde 2003. El lugar elegido para construir una urbanización ha sido un lugar propuesto por la Junta como Lugar de Interés Comunitario (LIC). El PP lo calificó de "pelotazo urbanístico". Ahora también hay acusaciones de que en el lugar se encuentra en una Zona Especial de Protección de las Aves (ZEPA). La organización ecologista dice que al empresa Cleyton Ges compró el apoyo municipal con 150.000 euros, y denunció el proyecto ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y ante el Defensor del Pueblo. Se presentaron dos denuncias, una por delito urbanístico, la cual fue sobreseida, y otra por delito ecológico, por la cual fue condenado el Ayuntamiento de Hellín.

• Chinchilla de Montearagón. Izquierda Unida y Ecologistas en Acción, denunciaron la urbanización a realizar en el término municipal de Chinchilla, y conocida como La Losilla, de más de 2.000 viviendas con campo de golf, por considerarla una modificación encubierta del Plan de Ordenación Municipal de Albacete.[12]. Así mismo, Ecologistas en Acción presentó denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha, por haber concedido licencias de edificación sin carecer de los correspondientes permisos para el abastecimiento de agua potable.[13]

• Albacete: Los tribunales anularon, a raíz del Contencioso Administrativo interpuesto por Izquierda Unida, los presupuestos del año 2.006, al no destinarse el dinero generado por los convenios urbanísticos a su fín de comprar suelo para ejecutar vivienda protegida.[14]

• Elche de la Sierra: La la alcaldesa socialista Carmen Ruiz Escudero, y de su teniente de alcalde, Juan Carlos Belmonte Merenciano, con registro de entrada en el Ayuntamiento el pasado 14 de Noviembre de 2008, presentaron su dimisión, tras ser imputados por las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Hellín por prevaricación urbanística continuada en el municipio.[15]

Ciudad Real

• Argamasilla de Alba: IU denunció ayer un Proyecto de Actuación Urbanística que prevé la construcción de 900 chalets de lujo y dos campos de golf que necesitarían de un abastecimiento de agua equivalente al consumo de 220 campos de fútbol. Esta costrucción aportaría al Ayuntamiento 7 millones de euros por la recalificación del suelo.

Cuenca

• Cuenca: El presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez Pérez, reveló que tanto el servicio jurídico del Estado como la Fiscalía de la institución "tienen conocimiento" de irregularidades en el Ayuntamiento de Cuenca entre los años 2004 y 2005, donde se había detectado falta de control urbanístico e insolvencia de las cuentas públicas. El caso se encuentra ya en la "sección de enjuiciamiento" del Tribunal a la espera de que puedan atribuirse responsabilidades penales y contables. [16]

• Sisante: Los informativos de la cadena Cuatro han revelado un presunto caso de corrupción en la vecina localidad de Sisante, Cuenca, con un vídeo de cerca de tres horas de duración en el que se ve y escucha a dos empresarios negociar con el hermano de la alcaldesa popular de la localidad, Casilda Algarra, la adjudicación del futuro polígono de La Losilla.[.http://www.cronicalaroda.es/spip.php?article84]. La alcaldesa ha interpuesto querella criminal ante dichas acusaciones. [17]

Toledo

• Seseña: El ex alcalde socialista José Luis Martín amasó un patrimonio millonario coincidiendo con la reclasificación de casi dos millones de metros cuadrados y la adjudicación al constructor Francisco Hernando, 'Paco el Pocero', de la mayor urbanización de España: 13.000 viviendas que no tienen garantizados el suministro de agua ni los servicios básicos indispensables. El ex edil, imputado por prevaricación y cohecho, intentó justificar su fortuna alegando que le había tocado el cupón y que es analfabeto, pero el diario EL MUNDO publicó que había cobrado 700.000 euros de un miembro de la mafia calabresa en fechas coincidentes con la tramitación del plan. El Tribunal de Cuentas contabilizó 27 irregularidades gravísimas, que la Fiscalía Anticorrupción y un juzgado de Illescas continúan investigando. La Junta de Castilla-La Mancha, que presidía José Bono, impulsó el proyecto y facilitó los documentos necesarios con una celeridad insólita.

Castilla y León

Ávila

• La Cañada: La Asociación de Vecinos de la Cañada han presentado una demanda contra la construcción de 59 chalés en un monte de utilidad pública por el que discurren las canalizaciones de aguas fecales. La urbanización no cuenta con servicios municipales. La asociación responsabiliza al ex alcalde, Andrés Sáez, del PSOE.

• Hoyos del Espino: La asociación de vecinos de Hoyo del Espino y el PSOE han acusado al alcalde de la localidad, Antonio Veneros, de construir en zonas no urbanizables, junto al Parque de Gredos y sin licencia.

• Caso de la Ciudad del Golf: El ayuntamiento de Las Navas del Marqués dio permiso para talar un pinar para construir un complejo de golf y chalés. Se trata de una zona crítica para la cigüeña negra. El alcalde, el secretario del Ayuntamiento, el director de Medio Natural de la Junta y el ex delegado de la Junta de Castilla y León en Ávila están imputados por existir indicios racionales de la comisión de varios delitos.[18]

• Navahondilla: pueblo con problemas de agua, quieren construir otro campo de golf y 1.150 chalés.

Burgos

• Arlanzón: Construirán una gran urbanización de 640 chalés, un hotel, campo de golf y campo de tiro en 220 hectáreas de suelo público, de las cuales 76 están protegidas como monte público y como Lugar de Interés de la UE. Unos seis informes técnicos se opusieron a la construcción, pero ni la Diputación de Burgos, del PP, ni la Consejería de Medio Ambiente lo han detenido. La primera, de hecho, ya lo asignó a cinco constructoras. Las zonas del campo de golf son un robledal protegido "clasificado como suelo rústico de protección natural" según un informe.

Salamanca

• Salamanca: el PSOE acusa al Ayuntamiento de haber recalificado unos terrenos protegidos en favor de la familia del consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP).

Valladolid

• Arroyo de la Encomienda: el PSOE denuncia un pelotazo urbanístico, que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid. La trama relaciona al alcalde de la localidad, José Manuel Méndez, y al una promotora gallega. El alcalde firmó con la representante de la promotora Mahia, María Iluminada Miguel, el cambio de uso de suelo industrial a suelo residencial para edificar 3.410 viviendas en 335.000 metros cuadrados en el sector nueve del Plan de Ordenación Urbana aprobado en 2003.

• Villalba de los Alcores: es un pequeño pueblo de no más de 500 habitantes, a 30 km. de Valladolid. En un referéndum popular, los ciudadanos mostraron su rechazo a los planes de la empresa Desarrollos Naturales Siglo XXI de construir un hotel de cinco estrellas, campo de golf y equitación y coto de caza mayor en sus terrenos. El proyecto tenía el visto bueno de la corporación municipal (PSOE), aunque la presión popular obligó al alcalde, Emiliano Rico, a someterlo a consulta para que no se asociara con los actuales casos de corrupción.

Cataluña

• Cataluña: el ex presidente de la Generalidad Pasqual Maragall, sacó a la luz pública las presuntas comisiones que miembros de CIU cobraban en los ayuntamientos donde gobernaban. A cambio de licencias para construir, los cargos de dicho partido hubieran recibido el 3 por ciento del precio final de las viviendas.^[7] De tal acusación, se retractó inmediatamente.

Barcelona

• Estafa en la remodelación (PERI) de las Viviendas Gobernador en Barcelona [19].

• Santa Coloma de Gramanet: (PSC) El alcalde de la ciudad, Bartomeu Muñoz junto con el concejal de Urbanismo, han sido detenidos por un posible caso de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y cohecho. También se esta investigando el Consistorio de Badalona (PSC) y el de San Andrés de Llavaneras (CIU). La operación judicial, esta a cargo del juez Baltasar Garzón, y gestionado por la Audiencia Nacional.^[8] .

Tarragona

• El caso Terres Cavades se inicia en 2005 tras ser admitida a trámite la querella presentada por 22 ex propietarios al considerar que fueron presionados para vender sus parcelas, que posteriormente multiplicaron su valor al ser recalificadas como urbanizables por el equipo de gobierno municipal encabezado por el ex alcalde Joan Miquel Nadal CiU, el ex concejal de urbanismo Ángel Fernández Gutiérrez y el hermano de este Juan Fernandez Gutiérrez, ultimo alcalde franquista de Cubelles. Se encuentra imputado Eduarzo Aznar Berruezo, actualmente director general de PROCAM la inmobiliaria de Caixa Catalunya, tambien se encuentra imputado por el caso de corrupcion relacionado con el consistorio de Santa Coloma de Gramanet.

• La policía judicial se persona en el Ayuntamiento de Cunit (PSC, PP) en busca de documentos relacionados con la revisión catastral iniciada en el 2007, para interrogar a la secretaria y a la interventora municipal desde que la Federación de Asociaciones de Vecinos del municipio enviara a la Fiscalía de Tarragona toda la documentación relacionada con esta revisión por la que el Consistorio pagó un millón de euros a la empresa Auxiliar de Recaudación S.L., mediante un contrato suscrito por Jose Barquier (PP) nombrado alcalde accidental tras la inhabilitacion judicial de Dolores Carreras (PSC), que el juzgado de primera instancia declaró nulo y que ha supuesto un incremento medio del 350% en el valor de los inmuebles del municipio.^[9]

Comunidad Valenciana

Alicante

• Albatera: el juez está investigando a la constructora San José, Inversiones y Proyectos Urbanísticos, S.A, a la que acusa de un presunto delito contra la ordenación del territorio. Un informe elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil considera que el alcalde, que es a su vez el responsable comarcal del PSOE en la Vega Baja, pudo obrar en connivencia con el promotor, Francisco García Gelardo.

• Alicante: el juez ha imputado al alcalde, Luis Díaz Alperi (PP), y dos concejales por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y adjudicaciones irregulares. Además, los socialistas acusan al alcalde de aprobar en 2003 la revisión de un plan parcial en una zona en expansión para "calzar un centro privado en forma de concesión administrativa encubierta, en el único solar municipal reservado para hacer un colegio público".

• Orihuela: el fiscal anticorrupción está investigando al ex-alcalde de Orihuela, el popular José Manuel Medina, los concejales Mónica Lorente, José Antonio Rodríguez Barberá, Antonio Franco, y Eva Ortiz, más la ex edil Encarna Galiano, ahora asesora. El alcalde de Orihuela no ha dimitido, pero ha renunciado a ir en las listas de 2007 tras reconocer ante un juez favores (préstamo de un coche de lujo y de un chalé) que le hizo un promotor beneficiado con adjudicaciones municipales.

• Parcent: el Tribunal Superior de la Comunidad ha paralizado las obras de 1.500 viviendas, sentencia que la alcaldesa (PP) va a recurrir. Parcent tiene 900 habitantes y los propietarios anuncian más protestas por el urbanismo municipal.

• Torrevieja. El alcalde Pedro Hernández, del PP, estuvo imputado por la venta millonaria de un solar de su propiedad. Pero se archivaron provisionalmente las actuaciones judiciales contra el alcalde, y otros dos concejales del consistorio municipal, Pascual Ortiz y José Antonio Sánchez, acusados de prevaricación. A todos ellos se les imputaba el delito continuado de corrupción por solicitar créditos con los que pagar obras y servicios que no tenían presupuestados.

• Torrevieja: El Tribunal Supremo, confirmó la ilegalidad del Paseo Marítimo Juán Aparicio , ya que el mismo se había construido en zona de Dominio Público, incumpliendo la Ley de Costas, e imponiendo una sanción económica al Ayuntamiento de 833.000 euros. Se da la circunstancia, que a raiz de la mala ejecución de dichas obras, una niña de dieciseis años, quedó tetrapléjica el 30 de Junio de 1999, por lo que también se condenó al Ayuntamiento a una sanción de más de 600.000 euros como responsable de dichas obras.[20]

• Benitachell. El alcalde del municipio de Poble Nou de Benitachell, Juan Cardona, y a su primera teniente de alcalde, Hannelore Rheindorf, ambos independientes bajo las siglas del Partido Independiente Democrático de Benitachell (PIDEB) fueron detenidos por la Guardia Civil el 9 de Julio de 2008 acusados de un delito de corrupción urbanística. [21]

• Villajoyosa: La promotora del Hotel Atrium Beach, ha sido sancionada por por la Consejería de Territorio y Vivienda de la Comunidad Valenciana por un exceso de edificabilidad, sanciones en base a las cuales la promotora tiene que derribar 14.470 metros cuadrados del hotel, además de hacer frente a una multa de 12 millones de euros. http://www.hosteltur.com/noticias/30123_promotora-atrium-beach-villajoyosa-estudia-recurrir-judicialmente-sancion-impuesta-gobierno-valenciano-derribo-parte-hotel.html

Valencia

• Cullera: el Ayuntamiento ha aprobado la última modificación necesaria para que el Consell autorice el polémico megaproyecto de 610.000 metros cuadrados para más de 20.000 personas, que duplicará la cantidad de población de la localidad. El conocido como 'Manhattan de Cullera' cuenta con dos informes desfavorables de la Demarcación de Carreteras del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Incluirá la construcción de 33 torres de 25 alturas, dos de 40, varios edificios menores, y un puerto deportivo. Ha sido impulsado por Instituto Valenciano de la Vivienda. Un informe señala que no hay abastecimiento suficiente de agua en la zona. La delegación del Gobierno en Valencia ha llevado el proyecto a los Tribunales.

• Denia: el ex-Gerente de Urbanismo de este municipio fué imputado por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos, tras la denuncia presentada por la Alcaldesa, la popular Ana Kringe. Se da la circunstancia de que el propio Ex-Gerente de Urbanismo denunció a la actual alcaldesa por prevaricación en su despido, así como al Concejal de Hacienda, por injurias.[22]

• Paiporta: el PP ha interpuesto una querella criminal contra el alcalde de la localidad, Bartolomé Bas Tarazona, del PSPV, por presuntas irregularidades relacionados con la obra del Auditorio Nacional, cuyo presupuesto se ha visto triplicado respecto al aprobado inicialmente. Se le acusa de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación.

• Riba-roja: operación ligada a la de Mestalla. Juan Soler, presidente y accionista mayoritario del Valencia CF, compró por 36 millones de euros unas parcelas que en 2005 vendió en 168 millones. Un directivo del club ligado a la empresa compradora fue el mediador en la operación. Allí, el club hará su ciudad deportiva y se elaboró un Programa de Actuación Integrada (PAI) que contempla la construcción de 2.700 viviendas en 1,6 millones de metros cuadrados de suelo agrícola. Este PAI se forjó con un acuerdo entre Soler, el anterior consejero de Territorio, Rafael Blasco (PP), y el alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona (PP). Familiares del alcalde han comprado muchos metros cuadrados de las polémicas parcelas, y el PSOE se ha querellado contra ellos por delitos varios.

• Sueca: el alcalde del municipio, Salvador Gil, del PSOE, está imputado por tres presuntos delitos de prevaricación, contra el medio ambiente y contra la ordenación territorial. También están imputados el arquitecto municipal y otro arquitecdto, socio del despacho particular del alcalde. El PP denunció a Gil por autorizar la construcción de 25 viviendas en terrenos pertenecientes al Parque Natural de la Albuefera. El permiso fue concedido a un promotor que había contratado, con ese fin, los servicios del despacho particular del alcalde.

• Valencia: la oposición en el Ayuntamiento (gobernado por el PP) y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia denunciaron como ilegal ante la Justicia el plan del Valencia CF y su presidente, Juan Soler -apoyado por la alcaldesa, Ritá Barberá y los ediles populares -, para demoler el estadio de Mestalla, recalificar su solar, y construir allí 750 viviendasy un gran área comercial, así como la privatización de una parcela pública para construir el nuevo campo del club. La operación le haría ganar al club unos 100 millones de euros.

• Valencia: la Asociación de vecinos del barrio de El Cabanyal, lleva años oponiéndose al plan de la Corporación municipal de demoler parte del barrio y ampliar la Avenida Blasco Ibañez hasta llegar a la playa.[23]

• Villajoyosa: la promotora Atrium Beach, edificó el Hotel Luna, con un exceso de edificabilidad del 50%, el cual le fue obligado a demoler.[24]. El Ayuntamiento fue multado por conceder dicha licencia. El Ayuntamiento de Villajoyosa ha debido anular el PGOU en el que se quintuplicaba el crecimiento de población previsto.

Galicia

La Coruña

• Oleiros: la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia ha denunciado a Ángel García Seoane, alcalde por un partido independiente, por la presunta compra de fincas que posteriormente eran recalificadas desde su propio ayuntamiento aumentando así de valor.

• Puerto del Son: la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia investiga la presunta compra de fincas por parte del edil socialista Manuel Vázquez que después eran recalificadas.

Pontevedra

• Tuy. La Junta de Galicia suspendió el Plan general de Urbanismo del municipio en diciembre de 2005. Este mes se inició el juicio por prevaricación en el Juzgado de lo Penal número 2 de Pontevedra contra el alcalde, Feliciano Fernández Rocha.

• Gondomar. La Fiscalía ha presentado una querella por prevaricación contra el alcalde, Carlos Silva Mariño (PP), que concedió al menos 300 licencias y permisos de obra irregulares. Dos ediles del gobierno, un arquitecto y la compañera sentimental de unos de los ediles fueron detenidos en una operación policial que permitió coger a los ediles in fraganti. Hoy en día se encuentran en libertad con cargos por un delito de cohecho por soborno a un promotor inmobiliario para realizar un convenio urbanístico.

• Nigrán. El Plan General de Urbanismo incorporaba numerosas recalificaciones de suelo rústico, sobre todo en áreas cercanas a la costa y en concreto en la península de Monteferro, zona de protección ambiental que se encuentra sobre el mar. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha presentado una denuncia penal contra el alcalde, Alfredo Rodríguez (PP), y cinco ediles más por un supuesto delito de tráfico de influencias.

La Rioja

• Lardero: el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha obligado a demoler parcialmente un bloque de 43 viviendas de cuya constructora el alcalde del municipio (del PP) es accionista. El PSOE asegura que el actual Plan General Municipal recalifica el doble del actual suelo considerado urbano.

• Santurde de Rioja: el también popular alcalde de Santurde, Jesús Montoya, está siendo juzgado por una recalificación a su favor de 7 millones de euros.

Comunidad de Madrid

• Brunete: el director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto (PP), dimitió después de que el PSOE le acusara de tener intereses personales en el desarrollo del Plan General de Urbanismo de Brunete (Madrid).[25]

• Bustarviejo: Julio De Mateo, el alcalde indepiende de esta localidad, está acusado de permitir la construcción de 400 chalés en suelo protegido.

• Colmenarejo: el Tribunal Supremo ha condenado a Julio García Elvira, ex alcalde por el PP, por adjudicarse una finca municipal en subasta pública mientras ejercía el cargo.

• Quijorna: la recalificación de todo un corredor de cinco kilómetros de largo entre el pueblo y la M-501 con suelo para edificar al menos 10.000 viviendas, ha puesto a la alcaldesa, Mercedes García, del PP, y a su equipo en solfa.

• Ciempozuelos: el alcalde socialista de Ciempozuelos (Madrid), Pedro Torrejón, fue obligado a dimitir al saberse que ingresó 800.000 euros en Andorra y que planeó una gran recalificación de terrenos. Un juzgado de Valdemoro abrió diligencias contra él y contra el ex edil, Joaquín Tejeiro (PSOE). Un juez ordenó el día 3 de noviembre prisión para ambos, eludible bajo fianza.

• Torrelodones: el Alcalde Carlos Galbeño, del PP, está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción tras una recalificación de terreno y una expropiación para construir un aparcamiento, así como por cobros ilegales a empresarios.

• Tres Cantos: unas grabaciones de el ex concejal del PP, Antonio Reino Cortés - aparecidas en el diario El País - desvelaban la supuesta existencia de comisiones millonarias ante la aprobación por el municipio del Plan Urbanístico de la localidad en 2004.

• Villanueva de la Cañada: el alcalde, Luis Partida (PP), ordenó en 1997 la compra de una finca de los constructires Francisco Bravo y Francisco Bravos Vázquez, que apoyaron al 'tránsfuga' Eduardo Tamayo Barrena cuando en 2003 impidió la formación de un gobierno del PSOE en Madrid junto a María Teresa Sáez. Los constructores compraron la parcela en 268.674 euros, y meses después, el ayuntamiento en 963.349 euros. Los Bravo recibieron a cambio suelo municipal tasado en 965.899 euros, que vendieron en tres meses por 2,5 millones, según El País.

• Villanueva de la Cañada: en un auto de fecha 16 de enero de 2.006, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Móstoles ha decidido inhibirse en favor del número 4 de la misma localidad en relación a las diligencias previas 6598/2006 iniciadas a partir de la presentación de una querella criminal de la Fiscalía Anticorrupción en relación al llamado caso Porto Rey en Villanueva de la Cañada. El motivo de la inhibición es que se ha comprobado que existe una denuncia anterior, de febrero de 2005, de Ecologistas en Acción que estaba en trámite en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Móstoles. Dicha denuncia había pasado inadvertida inicialmente para el Decanato de los Juzgados. Ecologistas en Acción denunció el 20 de febrero de 2005 una larga lista de irregularidades en el proceso de aprobación de los Planes Parciales del sector 1 “Los Pocillos” y también del sector 3 “El Castillo” de Villanueva de la Cañada. Entre ellas estaba, la recalificación de facto de montes preservados y de áreas del Parque Regional del Guadarrama, el aumento de la edificabilidad que ello comportaba y la falta de informes ambientales básicos en el procedimiento de aprobación.[26]

• Navalcarnero: el edil de Urbanismo de la localidad, Miguel Ángel Fernández Colomo tiene terrenos e intereses en 10 de los 22 sectores en los que está dividido el municipio, gobernado por el PP, y acumula posesiones de 31.987 metros. Su familia tiene un total de 286.994 metros cuadrados, y a través de sociedades, el padre acumula hasta 175 propiedades en la localidad, según El Mundo.

• Madrid: La Guardia Civil desmanteló en la Operación Guateque una trama de funcionarios del Ayuntamiento que exigía dinero a cambio de acelerar las licencias de actividad a diversos locales de ocio y restauración en dicha ciudad. De resultas de dicha operación, se detuvieron a 16 funcionarios y técnicos de dicho Ayuntamiento.[27]

Región de Murcia

• Águilas: el fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, investiga al Gobierno murciano (PP) por la recalificación de una finca en Águilas situada en una zona protegida y en la que está previsto construir unas 4.100 viviendas y un campo de golf.

• Cartagena: el fiscal ha abierto diligencias informativas por la edificación de 5.300 plazas viviendas y 3.000 plazas hoteleras. Los ecologistas han reclamado por vía administrativa y denuncian a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y al el ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, por permitir que se dañe el Espacio Natural Protegido del Saladar de lo Poyo.

• Mazarrón: la Justicia investiga el pago de 33.000 euros por parte del alcalde, Francisco Blaya (PP), al concejal Domingo Valera (Partido Independiente por Mazarrón -PIXM), cuyos tres concejales permitieron la recalificación de más de 41 millones de metros cuadros de suelo rústico, que será urbanizable, y donde se planean construir 43.000 viviendas. Las tres principales empresas beneficiadas: Polaris World, Euromarina, e Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón.

• San Javier: el gobierno autonómico es responsable de la construcción de un puerto deportivo de 1.000 amarres que supone un importe de 6.000 millones de pesetas. Están en marcha dos contenciosos administrativo presentados por el Ministerio de Medio Ambiente, ANSE y Greenpeace contra el Gobierno Regional, por actuar en Dominio Público Terrestre. El juez ha paralizado de forma cautelar el proyecto mientras dura el proceso. También en San Javier el PSRM-PSOE ha presentado una querella contra el alcalde de la localidad, José Hernández, del PP, por las presuntas relaciones mercantiles del primer edil con las principales promotores que construyen en el municipio.

Librilla: cinco personas fueron detenidas en el marco de una operación contra una supuesta trama de corrupción urbanística, en la que están implicados el ex funcionario de la Comunidad Autónoma José Luis Cano y el ingeniero de caminos Domingo Peñalver, ambos encargados de redactar el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Librilla.[28]

• Los Alcázares: la Guardia Civil registró el Excmo. Ayuntamiento de Los Alcázares y detuvo a seis personas en un primer momento, que luego fueron puestas en libertad con cargos y fianza, entre ellas al ex-alcalde Juan Escudero, al arquitecto municipal, Mariano Ayuso, y al ex-secretario del Ayuntamiento. La operación en la que se engloban estas actuaciones se denominó 'Operación Ninette' por la obra 'Ninette y un señor de Murcia' de Miguel Mihura. Estas actuaciones parece ser que se engloban en la Operación Malaya, de Marbella. Los acusados se encuentran a la espera de juicio.

• Totana. La Guardia Civil, detuvo a seis personas por una supuesta trama de recalificación de terrenos en dicho municipio. Entre los imputados se encuentra el ex-alcalde. Actualmente, dicho caso está en fase de instrucción sumarial.[29]

• Torre Pacheco. El alcalde de Torre Pacheco (Murcia), Daniel García Madrid, del PP, detenido, está acusado de presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, informaron fuentes de la investigación. Además, han sido llamados a declarar, en calidad de imputados, José Luis Hernández de Arce, presidente del grupo empresarial Polaris World, y Juan Marcos Fernández Ferrugia, que hasta hace un año fue el director financiero del citado grupo.[30]

• Murcia: la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia ha decidido admitir a trámite la querella presentada por el fiscal jefe del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal, contra el ex jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver, en la actualidad en excedencia. Bernal denunciaba que Peñalver habría favorecido a varias constructoras en la valoración del suelo. Además, el Colegio de Arquitectos abrió un expediente al arquitecto municipal hace más de un año, por presunta incompatibilidad entre su puesto en la Gerencia de Urbanismo y la actividad profesional del estudio de su familia. Esta presunta incompatibilidad fue denunciada por seis estudios de arquitectos. Según un informe hecho público por el PSOE en marzo y elaborado por los colegios de arquitectos, tras hacer una valoración de la edificabilidad de uno de los convenios de la zona norte suscrito por el equipo de gobierno con las empresas Urbamur, Visionaria y Obralia, que el Ayuntamiento de Murcia dejará de ingresar en las arcas municipales más de 126 millones de euros.[31]

• Cieza: el alcalde, Antonio Tamayo (PP), ha sido denunciado por falsedad en documento público y prevaricación en relación con el 'caso Golf Benís', unos convenios urbanísticos para recalificar 270 hectáreas y construir 5.000 viviendas y un campo de golf que podrían haber beneficiado al primer edil, su nuera (propietaria de la mayoría de los terrenos) y la concejala de Urbanismo (hermana de la nuera del alcalde), entre otros. En este municipio, Greenpeace denuncia la recalificación de 20 millones de metros cuadrados para su urbanización. El alcalde, Antonio Tamayo declaró además en el Juzgado número 3 de Cieza por el denominado caso Cláufer, por la presunta concesión irregular de una licencia de ampliación a una granja porcina ilegal propiedad del jefe de Sanidad Animal de la Comunidad Autónoma, tras observar indicios de una supuesta prevaricación y tráfico de influencias. También están citados a declarar la responsable de Urbanismo y dos técnicos municipales. [32]

Navarra

• Egüés: el ex alcalde Ignacio Galipienzo, de Unión del Pueblo Navarro (UPN), dimitió a finales de 2003 por el escándalo de un cobro de comisiones por vender a Construcciones Flores una parcela en Gorraiz que era de uso escolar y en la que la constructora quería erigir un hotel. En noviembre, el juez encargado del caso dio por cerrada la instrucción y atribuyó a Galipienzo un delito de cohecho y seis de prevaricación, e imputó a otras nueve personas.

Referencias

• Listado de Corrupción urbanística por municipios en 20minutos.es [33].
• Estafa en la remodelación (PERI) de las Viviendas Gobernador en Barcelona [34].

• La empresa publica ADIGSA, la que ha participado en el (PERI) de las Viviendas Gobernador en Barcelona [35]

• Altos cargos de Adigsa imputados por el cobro de comisiones ilegales [36]

• España fue el país que más denuncias presentó ante la comisión de Peticiones en 2007

[37]

• La UE estudia retirar las ayudas a España por la corrupción inmobiliaria

[38]

Véase también

• Corrupción en España